Gobierno no prorrogará contrato del Fomag con Fiduprevisora tras 36 años y 43 otrosíes: ordenan auditoría forense

El Gobierno nacional anunció este martes que no prorrogará el contrato del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) con Fiduprevisora, después de 36 años de relación contractual y 43 modificaciones mediante otrosíes.

La decisión fue comunicada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien también ordenó una auditoría forense para establecer el destino de los recursos administrados, identificar posibles irregularidades y determinar eventuales responsabilidades.

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La determinación se produce en medio de cuestionamientos del Ejecutivo sobre la situación financiera del Fondo, la prestación de los servicios médicos a los docentes y las condiciones bajo las cuales se han administrado durante más de tres décadas los recursos destinados a la salud y las prestaciones sociales del magisterio colombiano.

De acuerdo con el comunicado de la Presidencia de la República, el Fomag
presenta un patrimonio negativo reportado superior a los 3,1 billones de pesos, además de deficiencias en la atención médica y retrasos en los pagos.

El Gobierno también señaló que numerosos maestros han tenido que reclamar servicios de salud que les corresponden.

El presidente cuestionó la continuidad del contrato y las modificaciones acumuladas durante su ejecución. “36 años son suficientes. No más opacidad, no más despilfarro y ni un peso más para la corrupción”, afirmó el mandatario, según el documento oficial.

Como parte de las medidas anunciadas, De la Espriella dispuso la realización de una auditoría forense sobre los recursos del Fomag. Este procedimiento tendrá como propósito examinar las operaciones financieras, revisar el manejo de los fondos e identificar posibles irregularidades que puedan dar lugar a investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias o penales.

Los resultados de la auditoría serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, entidades encargadas de establecer, dentro de sus respectivas competencias, si existen conductas que ameriten investigaciones y eventuales sanciones.

El mandatario también solicitó investigar denuncias relacionadas con un presunto reparto político de posiciones dentro del Fomag y la posible existencia de cuotas millonarias que, según los señalamientos mencionados por el Ejecutivo, habrían beneficiado a políticos, abogados y personas vinculadas con nombramientos en cargos de poder dentro de la entidad.

Estas afirmaciones corresponden a denuncias cuya veracidad y eventuales responsables deberán ser establecidos por las autoridades competentes.

El comunicado presidencial no identifica a los presuntos beneficiarios ni presenta decisiones judiciales que acrediten la comisión de los hechos señalados.

La decisión también plantea cambios en la administración de los recursos destinados a financiar las prestaciones sociales y la atención médica de los docentes del sector oficial.

El Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, cuyos recursos son administrados a través de una entidad fiduciaria.

Entre sus funciones se encuentran el reconocimiento y pago de prestaciones económicas del magisterio y la financiación de los servicios de salud de los docentes y sus beneficiarios, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Fiduprevisora, sociedad fiduciaria vinculada al sector público, ha desempeñado un papel central en la administración de estos recursos. La decisión anunciada por el Gobierno implica que deberá definirse un esquema que permita mantener las operaciones del Fondo y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

La Presidencia aseguró que la terminación de la relación contractual no afectará la continuidad de los servicios médicos ni el reconocimiento de las prestaciones del magisterio. Para ello, anunció una transición hacia un nuevo modelo de administración, aunque no precisó cuál será la entidad encargada, los plazos de implementación ni las condiciones del proceso.

“Los recursos de los maestros son sagrados. No son el botín de los políticos, los abogados, los contratistas ni los burócratas. El Estado no puede seguir siendo una caja menor de intereses particulares. Quien se robe un peso de los colombianos tendrá que responder ante la justicia”, manifestó el presidente.

El Gobierno insistió en que la transición deberá desarrollarse sin interrumpir los servicios de salud y las prestaciones económicas de los docentes y sus familias.

La decisión abre una nueva etapa en la administración del Fomag, mientras se espera que las autoridades competentes determinen si existieron irregularidades en el manejo de los recursos y si estas comprometen la responsabilidad de funcionarios, contratistas o terceros.

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