Aplazan acusación contra Nicolás Petro en presunta corrupción por cinco delitos

La audiencia de formulación de acusación contra Nicolás Petro Burgos por presuntas irregularidades relacionadas con contratos de la Gobernación del Atlántico fue aplazada hasta el 29 de enero de 2027, luego de que durante la diligencia fueran advertidas dificultades procesales y se solicitara una revisión integral del expediente.

La audiencia fue instalada ante el Juzgado 16 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, como parte del proceso en el que la Fiscalía General de la Nación imputó al exdiputado del Atlántico cinco delitos por hechos relacionados con la Fundación Conciencia Social, Fucoso.

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Sin embargo, el proceso no pudo avanzar hacia la acusación. Durante la diligencia, el representante del Ministerio Público señaló que desde las audiencias de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento se han presentado dificultades en el trámite que deben ser revisadas y subsanadas antes de continuar.

El fiscal encargado del caso solicitó un plazo para estudiar de manera integral el expediente y el escrito de acusación. La petición contó con el respaldo de la Procuraduría, la defensa de Nicolás Petro y el juez, quien fue designado recientemente para conocer el proceso.

Ante esta situación, el juzgado determinó aplazar la diligencia y fijó el 29 de enero de 2027 como nueva fecha para continuar con la audiencia de formulación de acusación, etapa que antecede al juicio.

Este es uno de los dos procesos que se adelantan contra Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro. En este expediente, la Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento privado y falsedad en documento público.

La investigación está relacionada con dos contratos por $400 millones y $572 millones que, según la Fiscalía, habrían sido direccionados a favor de Fucoso mediante la influencia que Nicolás Petro tenía mientras se desempeñaba como diputado del Atlántico.

De acuerdo con la imputación, aunque Petro no tenía entre sus funciones la facultad de suscribir contratos, habría utilizado su posición política para intervenir en las decisiones relacionadas con los convenios.

La Fiscalía sostiene que su reconocimiento, luego de haber participado en las elecciones para la Gobernación del Atlántico, le habría permitido incidir en funcionarios encargados de la contratación.

El ente acusador señala que Petro habría utilizado su investidura y sus contactos para conseguir que Fucoso fuera seleccionada directamente para ejecutar los contratos. La investigación sostiene que su intervención no habría terminado con la adjudicación, sino que también se habría extendido a la ejecución de los convenios.

Según la Fiscalía, los recursos estaban destinados a programas dirigidos a adultos mayores, pero parte del dinero habría terminado en manos de Nicolás Petro, de su entonces esposa, Day Vásquez, y de otras personas cercanas.

La Fiscalía calificó los hechos investigados como parte de un “acuerdo corrupto” mediante el cual presuntamente se desviaron recursos públicos.

De acuerdo con la imputación, para entregar a Petro parte de los anticipos y de los recursos provenientes de los contratos “se habrían canalizado recursos mediante la entrega de cheques y dinero en efectivo de manera fraccionada”.

Dentro de la investigación por peculado por apropiación, la Fiscalía sostiene que Nicolás Petro habría participado en la apropiación de dineros procedentes de los anticipos entregados en los dos contratos celebrados por la Gobernación del Atlántico con Fucoso.

Según las cuentas presentadas por el ente acusador, los recursos que presuntamente recibió Petro sumaron aproximadamente $111 millones. De ese monto, $72 millones corresponderían al primer contrato, celebrado en 2021, y otros $39 millones al segundo, correspondiente a 2022.

La Fiscalía indicó que estos pagos habrían representado una continuidad de los beneficios recibidos durante esos dos años. Sobre esos recursos, el ente investigador sostuvo que se trató de una “continuidad del beneficio entre el año 2021 y 2022, cuya materialización de los rendimientos de su actuar criminal corresponden a la suma de $111 millones”.

Otro de los cargos formulados contra Nicolás Petro corresponde a tráfico de influencias. La Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición política y reconocimiento público para intervenir en decisiones de la Gobernación del Atlántico relacionadas con la contratación y con la ejecución de los convenios.

Según la imputación, esa presunta influencia habría sido ejercida en dos niveles. El primero habría estado relacionado con la gobernadora, con el propósito de conseguir la asignación de los contratos y el incremento del valor del segundo convenio, que pasó de $400 millones a $572 millones.

El segundo nivel señalado por la Fiscalía estaría relacionado con el secretario general, Lacouture Daza. En este caso, Petro presuntamente habría intervenido para acelerar pagos y conseguir condiciones favorables durante la ejecución contractual.

El expediente también incluye señalamientos por falsedad en documento privado. La Fiscalía afirmó que Nicolás Petro habría consignado información que no correspondía con la realidad en su hoja de vida, al registrar una relación laboral con la empresa Energía Delta Limitada desde el 1 de enero de 2020.

A esto se suman dos certificaciones relacionadas con supuestos pagos efectuados para la compra de una vivienda. Una de ellas reportaba un abono por $49,3 millones durante 2021 y otra señalaba un pago por $100 millones en 2022.

La Fiscalía sostiene que los aportes realizados realmente eran inferiores a los valores consignados en esos documentos. De acuerdo con la fiscal del caso, las certificaciones habrían sido elaboradas “por solicitud suya”.

El ente acusador también indicó que esos documentos privados terminaron siendo utilizados para incorporar información al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP, y a las declaraciones de renta correspondientes a 2020 y 2021.

Para la Fiscalía, la incorporación de esos datos en registros oficiales sustenta la imputación por falsedad en documento público, debido a que información presuntamente falsa habría sido trasladada a documentos que Nicolás Petro debía presentar por su condición de servidor público.

El ente investigador sostiene que las diferentes conductas atribuidas al exdiputado no habrían ocurrido de manera accidental. Según lo expuesto durante la imputación, Petro “actuó plenamente consciente” y decidió “planear, organizar y ejecutar dichas conductas ilícitas”.

Por ahora, el proceso continuará en la etapa previa al juicio. Tras el aplazamiento ordenado en Barranquilla, el fiscal deberá revisar el expediente y el escrito de acusación antes de que la audiencia se reanude el 29 de enero de 2027.

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