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Alianza de Guardia Civil Española, Dijin y Fiscalía detecta megared de lavado de activos para el Clan de Golfo
Mimetizaron dineros del narcotráfico por envíos a Europa por $182.000 millones en el caso Black Jack.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulación con el grupo Graos II Dipol- Dijin, la Guardia Civil Española y Europol, afectó de manera estructural una red trasnacional señalada de lavar los recursos procedentes del envió de cocaína a Europa vía marítima.
Operaba desde Turbo (Antioquia), Santa Marta (Magdalena), Barranquilla (Atlántico), Cartagena (Bolívar) y Guayaquil (Ecuador) con destino a Bélgica, Francia, Holanda y España.
Quienes bajo la constitución de sociedades de papel dieron apariencia de legalidad, mediante presuntas actividades como inversiones en el sector inmobiliario, tecnológico y de construcción a los recursos producto de dicha actividad.
Así mismo movilizaron activos a través del sistema financiero y billeteras virtuales custodiadas por los miembros de la organización y otras seudo anónimas, de difícil identificación.
Se logró establecer que a través de este entramado financiero liderado por los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocidos como ‘Black Jack’ y ‘Marcos’ respectivamente; junto con el señor Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas, lograron blanquear la suma de por lo menos 182.000 millones de pesos, quienes dinamizaron su
esquema de lavado a través Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias La Contadora; y Jimmy García Solarte, estos últimos a quienes les fueron materializadas las órdenes de captura en Medellín (Antioquia) y Pereira (Risaralda).
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos los presentó ante un juez de control de garantías, habiéndoles imputado los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
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En atención a notificaciones rojas de Interpol solicitadas por las autoridades colombianas, fueron aprehendidos en España, los hermanos Prada Moriones y alias Cejas quienes están pendientes del trámite de extradición para su judicialización en Colombia.
Por un valor de 2.200 millones de pesos fueron afectados con fines de comiso bienes de titularidad de la organización a solicitud del fiscal del caso.
De igual manera la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 17 inmuebles rurales, 8 urbanos, 15 vehículos, 5 sociedades y 4 establecimientos de comercio, ubicadas en Pereira (Risaralda), Cartagena (Bolívar) y Bogotá, valorados en 53.000 millones de pesos.
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