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Escándalo en Fontur: denuncian 148 contratos por más de $125.000 millones en solo cuatro días
Ministro Mauricio Gómez Amín denuncia presuntas falsedades en contratos de la entidad.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades en 148 contratos suscritos por el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), por un valor superior a $125.000 millones, durante los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de las restricciones de la Ley de Garantías, en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
El funcionario aseguró que, de ese monto, más de $100.000 millones fueron comprometidos en apenas dos días. Además, señaló posibles incumplimientos de requisitos legales y presuntas falsedades en documentos, fechas y firmas relacionadas con los procesos contractuales.
La denuncia fue divulgada mediante un video publicado en las últimas horas en las redes sociales de la Presidencia de la República, en el que Gómez Amín expuso los hallazgos de una revisión adelantada sobre la contratación del sector turístico durante la administración anterior.
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Según el ministro, las situaciones identificadas fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y también serán trasladadas a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación.
“En Fontur, durante los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, se firmaron ciento cuarenta y ocho contratos por más de ciento veinticinco mil millones de pesos”, manifestó Gómez Amín al presentar las cifras correspondientes a los procesos cuestionados.
El jefe de la cartera de Comercio precisó que la revisión no se limitó al número de contratos ni al volumen de recursos comprometidos. También aseguró que fueron detectadas situaciones relacionadas con el cumplimiento de las condiciones exigidas para adelantar los procedimientos contractuales.
“No se trata solamente de las cifras. Hemos identificado presuntas irregularidades en la contratación, incumplimiento de requisitos legales y posibles falsedades en documentos, fechas y firmas”, señaló el funcionario.
El ministro afirmó que los hallazgos corresponden a actuaciones realizadas durante el gobierno de Gustavo Petro y cuestionó la concentración de compromisos económicos en los días anteriores a la aplicación de las restricciones electorales.
La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, establece limitaciones a determinadas modalidades de contratación pública durante los periodos electorales. Su aplicación depende de las condiciones previstas en la legislación y de la naturaleza de los procesos contractuales.
El pronunciamiento de Gómez Amín se produjo después de que el funcionario planteara cuestionamientos sobre la contratación de Fontur durante varias intervenciones públicas realizadas a finales de octubre.
El 28 de octubre, durante un encuentro regional celebrado en Barranquilla, el ministro ya había mencionado la suscripción de 148 contratos por $125.000 millones y aseguró que algunos procedimientos se habrían adelantado sin cumplir los requisitos legales.
Posteriormente, el 30 de octubre, durante la inauguración del primer tramo del Gran Malecón del Mar, en Cartagena, volvió a referirse a los compromisos económicos adquiridos por Fontur antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
En esa intervención, Gómez Amín afirmó que más de $100.000 millones se habían concentrado en dos días y comparó esos recursos con las inversiones que podrían destinarse a proyectos de infraestructura turística en diferentes municipios del país.
El ministro mencionó, entre esas posibles inversiones, la construcción de plazas de mercado y muelles turísticos, obras que forman parte de las iniciativas de infraestructura relacionadas con el desarrollo económico de las regiones.
Fontur es un patrimonio autónomo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, administrado por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex). Su función comprende la ejecución de recursos destinados a proyectos de promoción, competitividad e infraestructura turística.
De acuerdo con la información institucional de Fontur, sus recursos provienen de asignaciones del Gobierno nacional y del recaudo de la contribución parafiscal del sector turístico, entre otras fuentes autorizadas.
La entidad cuenta con manuales de contratación que establecen los procedimientos aplicables a la adquisición de bienes y servicios necesarios para ejecutar los proyectos aprobados por sus instancias competentes o por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Los cuestionamientos sobre la contratación también estuvieron acompañados de observaciones del ministro acerca de los resultados del turismo durante el gobierno anterior.
Durante su intervención en Cartagena, Gómez Amín aseguró que las cifras de visitantes internacionales divulgadas por la administración Petro presentaban diferencias frente a los registros examinados por el actual Ministerio.
Según el funcionario, durante 2024 habrían ingresado al país 300.000 visitantes menos de los reportados oficialmente. También sostuvo que el turismo receptivo registró una caída del 16% en 2025.
El ministro añadió que, hasta agosto de 2026, se habían presentado cinco meses consecutivos de disminuciones mensuales en los indicadores examinados por su cartera, con una reducción acumulada cercana al 4,6%.
Estas cifras corresponden a los señalamientos formulados por Gómez Amín y fueron presentadas por el funcionario como parte de la revisión de los resultados del sector turístico.
En relación con la contratación de Fontur, el ministro sostuvo que la documentación recopilada contiene elementos que motivaron la presentación de la denuncia ante la Fiscalía.
“Estos hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación”, afirmó Gómez Amín, quien anunció que la información también será enviada a los organismos de control.
La Fiscalía tiene a su cargo las investigaciones penales, mientras que la Contraloría y la Procuraduría ejercen funciones de control fiscal y disciplinario, respectivamente, dentro de sus competencias legales.
El ministro reiteró que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella continuará examinando los procesos contractuales relacionados con la administración de recursos públicos.
“Lo que encontremos lo vamos a denunciar sin titubear un solo minuto”, expresó Gómez Amín al finalizar su pronunciamiento.
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