SIC sanciona a tres empresas de publicidad con multas de $2.600 millones por colusión en contratos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a tres empresas del sector de publicidad, mercadeo y eventos por coordinar presuntamente su participación en al menos cuatro procesos de contratación pública adelantados entre 2019 y 2023 por entidades del orden nacional y territorial. Las multas impuestas superan los 2.600 millones de pesos.

Según informó la autoridad de competencia, las empresas sancionadas son Constructora de Marcas S.A.S., Sintonizar Medios S.A.S. y Haute Protocole S.A.S., compañías que operan en áreas relacionadas con publicidad, mercadeo y comunicación institucional.

La SIC señaló que, aunque cada una tenía fortalezas específicas, “en conjunto cubrían un amplio espectro de servicios que correspondía con la demanda de las entidades estatales en materia de comunicaciones”.

La investigación estableció que las irregularidades se presentaron en procesos contractuales adelantados por la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Educación de Bogotá, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic) y la Gobernación del Quindío. De acuerdo con la SIC, los contratos involucrados tenían presupuestos que oscilaban entre los 3.500 y los 6.000 millones de pesos.

Entre las principales pruebas recopiladas por la entidad figura el “préstamo de personal de trabajo entre competidores”.

La Superintendencia indicó que, en un proceso adelantado por Supersalud, una de las empresas entregó a otra las hojas de vida de seis de sus colaboradores, incluido su representante legal suplente, con el fin de que pudiera cumplir requisitos técnicos exigidos por la entidad contratante.

La SIC también detectó subcontrataciones entre las compañías involucradas. En uno de los contratos adjudicados por la Superintendencia Nacional de Salud, la empresa ganadora habría subcontratado a otra de las firmas investigadas. La autoridad evidenció pagos bajo el concepto “Comisiones Supersalud 2019”, equivalentes aproximadamente al 6 % del valor del contrato.

Otro de los hallazgos señalados por la entidad fue el uso simultáneo de los mismos asesores jurídicos externos para estructurar las propuestas presentadas por las tres empresas en los procesos de contratación.

Según la investigación, “la abogada elaboraba simultáneamente los documentos de la propuesta de las tres sociedades con conocimiento y aquiescencia de los representantes legales”.

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La Superintendencia añadió que una de las representantes legales incluso habría instruido a una asesora jurídica para colaborar con las otras dos empresas que competían en uno de los procesos investigados.

El expediente también incluyó análisis económicos y probabilísticos sobre la conducta de las compañías. La SIC concluyó que las empresas implementaron estrategias para “simular rivalidad” durante las licitaciones.

En uno de los procesos se identificó la práctica conocida como “cover bidding” o presentación de ofertas de cobertura, mecanismo reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en casos de colusión en compras públicas.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución 36450 del 15 de mayo de 2026, en la que la SIC declaró administrativamente responsables tanto a las empresas como a las personas naturales que “autorizaron, colaboraron, facilitaron, ejecutaron o toleraron dicha infracción”.

No obstante, la entidad aclaró que la resolución aún no está en firme, debido a que contra ella procede recurso de reposición conforme a la Ley 1437 de 2011.

En el comunicado, la SIC aseguró que esta actuación “evidencia el papel trascendental” de la entidad “en la lucha contra la corrupción económica, la protección de los recursos públicos, y la garantía y respeto de los principios de la contratación pública y de la libre competencia”.

La Superintendencia agregó que, durante la administración de la superintendente Cielo Rusinque, se han iniciado 16 investigaciones administrativas y emitido sanciones en igual número de casos relacionados con prácticas que habrían afectado la libre competencia en la contratación pública, con multas superiores a los 68 mil millones de pesos.

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