Gobierno y arroceros instalan mesa de diálogo para levantar paro en vía Bogotá–Villavicencio

Tras cuatro días de protestas del sector arrocero y de afectaciones a la movilidad en el corredor vial que conecta a la capital del país con los Llanos Orientales, el Gobierno Nacional y los líderes del paro instalarán hoy una mesa de negociación en busca de soluciones a la crisis que enfrenta el gremio.

La empresa concesionaria Coviandina, encargada de la administración de la vía Bogotá–Villavicencio, confirmó que, como resultado de un acuerdo con algunos representantes de los manifestantes, se estableció un horario de apertura parcial del corredor.

De acuerdo con el anuncio oficial, los vehículos podrán transitar entre la 1:00 a. m. y las 6:00 a. m., así como entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m. Fuera de esos intervalos, la carretera permanecerá cerrada. La medida rige desde la medianoche del jueves 17 de julio y fue adoptada conjuntamente con las autoridades presentes en el sector de la protesta.

La movilización del gremio arrocero, que inició a comienzos de la semana, se ha concentrado especialmente en los departamentos de Meta y Cundinamarca, donde productores reclaman medidas urgentes ante lo que consideran un deterioro progresivo de las condiciones del mercado.

Entre las peticiones principales se encuentra la intervención estatal para regular el precio del arroz en el territorio nacional y la adopción de mecanismos eficaces contra el contrabando de productos agrícolas que ingresan por pasos fronterizos.

Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria, confirmó que este jueves se llevará a cabo la primera reunión entre voceros del gremio y delegados del Ejecutivo.

De ese encuentro se espera el trazado de una hoja de ruta que permita desescalar el paro, que ha generado represamiento de vehículos, pérdidas económicas para transportadores y restricciones al abastecimiento en varias zonas del país.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, informó que el Gobierno ha iniciado la implementación de controles en la frontera con Ecuador, con el objetivo de frenar el ingreso ilegal de papa y arroz, dos de los productos cuya presencia irregular en el país ha sido denunciada por los manifestantes.

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Según lo expresado por la funcionaria, se dispondrá de un plan a mediano plazo que refuerce las capacidades técnicas de vigilancia y control sanitario en los puntos limítrofes.

Carvajalino también instó a los fondos de fomento de ambos cultivos a asumir el tratamiento de la situación actual como un asunto de seguridad y soberanía, en el marco de un contexto en el que los ingresos de los productores se han visto comprometidos por factores internos y externos.

Por su parte, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, señaló que se ha detectado la presencia de modalidades de contrabando tanto técnico como abierto, lo cual, en su concepto, ha tenido efectos directos sobre los precios del arroz, afectando la sostenibilidad económica del sector agrícola nacional.

A estas causas se suma la presión derivada de acuerdos comerciales internacionales suscritos en décadas anteriores.

Según manifestó la representante Martha Alfonso, los tratados de libre comercio firmados en los últimos treinta años han introducido una competencia desigual que impacta de manera negativa a los productores locales.

El paro arrocero se inscribe en una serie de movilizaciones sectoriales que en los últimos años han evidenciado tensiones estructurales en el modelo agropecuario nacional, caracterizado por brechas en la cadena de distribución, fluctuaciones de precios, debilidad en la protección frente a prácticas comerciales irregulares y dificultades para garantizar condiciones estables a pequeños y medianos productores.

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