Colfecar advierte colapso del transporte por bloqueos, tractomulas incendiadas e impuestos desbordados

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar; alertó sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en las principales rutas del país, tras nuevos ataques contra vehículos de carga pesada en el suroccidente del territorio nacional.

El más reciente incidente ocurrió este martes 16 de julio en la vía que conecta al puerto de Buenaventura con el interior del país, donde seis tractomulas fueron incendiadas, presuntamente por actores armados no identificados.

Este hecho se suma al ataque ocurrido el pasado 4 de julio en la misma zona, en el que también fueron quemadas tres unidades similares.

Nidia Hernández, presidenta ejecutiva del gremio, afirmó que la situación mantiene en estado de alerta a los conductores y empresarios del sector logístico.

Según la dirigente, persiste una marcada debilidad en las capacidades operativas del Estado para responder de manera efectiva a estas amenazas, debido a la falta de recursos destinados a la protección física en las carreteras.

En respuesta a los recientes ataques, se llevó a cabo una reunión de emergencia entre representantes del gremio y el Ministerio de Defensa, en la que se evaluó la distribución de los recursos recaudados en los peajes nacionales.

De acuerdo con Hernández, aunque existen fondos destinados a seguridad vial, estos resultan insuficientes ante la magnitud del problema.

Explicó que los recursos actualmente se reparten entre inversión en tecnología, como cámaras de vigilancia, y medidas de seguridad física, pero destacó que en el contexto actual es urgente priorizar el refuerzo de la presencia militar y policial sobre el terreno.

“La capacidad de respuesta del Ejército y la Policía está limitada por la falta de equipamiento adecuado. No basta con desplegar personal si no se cuenta con vehículos blindados, sistemas de comunicación y dotaciones necesarias para operar en zonas de alto riesgo”, explicó Hernández, al tiempo que denunció que uno de los conductores resultó herido en los hechos del martes.

El gremio también hizo referencia a las afectaciones derivadas de los bloqueos viales en el marco del paro arrocero que se desarrolla desde hace varios días en distintas regiones del país.

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Según los reportes consolidados por Colfecar, durante el mes de junio se registraron 413 bloqueos, mientras que solo durante los cuatro días más recientes se han identificado al menos 19 puntos de cierre en nueve departamentos.

Esta situación ha repercutido de forma directa en la cadena de suministro, especialmente en los corredores logísticos que conectan los Llanos Orientales con el centro del país, así como las rutas que conducen hacia el Pacífico y la región Caribe.

Hernández indicó que estas vías son estratégicas para el abastecimiento de alimentos, combustibles y mercancías de importación, por lo que su obstrucción representa una amenaza para la estabilidad económica y social en varios territorios.

La directiva enfatizó en que los riesgos no solo comprometen la infraestructura de transporte, sino que también afectan directamente a los trabajadores del sector, quienes han denunciado amenazas, extorsiones y atentados contra su integridad.

Por esta razón, insistió en la necesidad de una respuesta articulada entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales, que permita atender de forma estructural las causas de la violencia en las carreteras y garantizar condiciones mínimas de operación para el sector transportador.

Colfecar advierte que el transporte de carga en Colombia está al borde de la inviabilidad por bloqueos, inseguridad y alza tributaria impuesta por el Gobierno

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) emitió el pasado 9 de julio un comunicado en el que expresó su preocupación por el deterioro generalizado que atraviesa el sector logístico del país, a causa de la persistente inseguridad en las vías, el aumento de bloqueos por protestas y una reciente medida fiscal adoptada por el Gobierno Nacional, la cual —según el gremio— compromete seriamente la viabilidad financiera de miles de empresas transportadoras.

El pronunciamiento se conoció días antes de que se presentaran nuevos ataques a tractomulas en la vía que comunica al interior del país con el puerto de Buenaventura, y expuso un panorama que, a juicio del gremio, constituye una amenaza directa para el funcionamiento del sistema logístico nacional y el abastecimiento regular de bienes en el territorio.

La principal preocupación expuesta en el documento radica en el Decreto 572 de 2025 expedido por el Ministerio de Hacienda, el cual incrementó en un 218 % la tarifa de autorretención a título del impuesto de renta para las actividades de transporte de carga por carretera y mensajería.

El ajuste eleva la tarifa del 1,1 % al 3,5 %, lo que según Colfecar representa un golpe directo a la liquidez de las empresas del sector, muchas de las cuales ya enfrentan dificultades estructurales por los altos costos operativos, la informalidad y los largos plazos de pago por parte de los generadores de carga.

“El principal costo de una empresa de transporte es el flete, y estas deben pagar el 70 % del mismo por anticipado antes de iniciar el viaje, con el restante 30 % pagado máximo a cinco días. Sin embargo, el generador de carga paga entre 60 y 90 días después, en promedio.

Esto hace que el flujo de caja sea extremadamente exigente”, señala el comunicado. En consecuencia, al anticipar el pago de impuestos sobre ingresos que aún no se han recibido, el Estado estaría forzando a las empresas a entregar recursos antes de generar utilidad efectiva, lo que Colfecar califica como “una forma de confiscación indirecta”.

Además, la federación advirtió que los procedimientos de devolución de saldos a favor ante la DIAN son complejos y dilatados, lo cual prolonga durante años el efecto negativo de una medida que ya está afectando la operatividad del sector.

El gremio también recordó que los tres principales componentes de la canasta de costos del sector —diésel, salarios y peajes— han tenido incrementos sostenidos. El precio del combustible ha subido un 16 % en el último año y medio, mientras que el salario mínimo ha tenido un alza acumulada del 22 % en los últimos dos años. A esto se suma un incremento del 30 % en los peajes, lo que agrava las condiciones para operar con márgenes sostenibles.

En paralelo, el Gobierno impuso como obligatorio el uso del sistema SICE-TAC para la fijación de tarifas de transporte, lo que ha generado un alza general en los fletes de entre 20 % y 30 %, según cifras del sector.

Sumado a ello, se anticipan nuevas presiones derivadas de la reforma laboral y la reducción progresiva de la jornada laboral para un sector que opera 24 horas al día, los siete días de la semana.

Colfecar también denunció que la capacidad de las empresas para operar se ha visto obstaculizada por los constantes bloqueos en las vías. En 2023 se registraron 742 bloqueos, en 2024 se alcanzaron 801, y en lo corrido de 2025 ya se han presentado 413.

Además, el comunicado detalla que la inseguridad ha alcanzado niveles que impiden la libre circulación nocturna en varios departamentos.

Los transportadores denuncian extorsiones, paros armados, robos de vehículos a plena luz del día, asesinatos de conductores y quema de automotores, sin una respuesta estatal efectiva para frenar estos hechos.

“La inseguridad jurídica es también parte del problema, porque no hay garantías ni protección frente a decisiones fiscales, bloqueos, ni acciones de grupos armados”, señala el documento, que agrega que el sector está siendo “empujado a la inviabilidad”, con graves consecuencias para el abastecimiento nacional.

La presidenta ejecutiva de Colfecar, Nidia Hernández, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para derogar el Decreto 572 y abrir un canal técnico de diálogo inmediato con el sector. Según el gremio, las decisiones fiscales deben sustentarse en la realidad de los sectores productivos y no en proyecciones de recaudo sin conexión con el contexto económico actual.

Asimismo, Colfecar insistió en que el sistema fiscal colombiano requiere ajustes estructurales que prioricen la reducción del gasto público, la mejora en la ejecución presupuestal y el estímulo a la inversión empresarial como mecanismos para ampliar la base gravable y garantizar la sostenibilidad de los ingresos estatales sin recurrir a incrementos tarifarios.

“El Estado debe propiciar una economía dinámica con un tejido empresarial fuerte. No se puede exigir más a un sector que ya opera con márgenes negativos, enfrenta bloqueos constantes, y no cuenta con garantías mínimas para ejercer su labor”, concluye el comunicado.

La advertencia de Colfecar precede a los hechos violentos registrados el 16 de julio en el Valle del Cauca, cuando seis tractomulas fueron incineradas en la vía Buenaventura.

La reiteración de este tipo de ataques —que ya se había presentado el 4 de julio con la quema de otros tres vehículos en la misma zona— confirma el deterioro del panorama descrito por el gremio, que ahora demanda acciones urgentes del Gobierno Nacional para evitar una crisis de mayor magnitud en la cadena de abastecimiento del país.

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