Gobierno Petro incluye activos de Ecopetrol por $50 billones en plan de enajenación 2026

El Gobierno nacional incluyó un conjunto de activos estratégicos de Ecopetrol, valorados en cerca de $50 billones, dentro del Plan Indicativo de Enajenación Global correspondiente a la vigencia 2026, documento que fue presentado al Congreso de la República en cumplimiento de una obligación legal.

La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Hacienda, forma parte de los instrumentos de planeación fiscal que el Ejecutivo debe remitir anualmente al Legislativo.

Según lo establece el parágrafo del artículo 8 de la Ley 226 de 1995, el Gobierno está obligado a informar, dentro de los primeros 60 días del año, sobre los activos estatales que eventualmente podrían ser objeto de procesos de enajenación.

El documento precisa que la inclusión de estos activos no constituye una decisión definitiva de venta ni implica el inicio de un proceso de desinversión. Por el contrario, se trata de un informe de carácter preventivo que identifica participaciones estatales susceptibles de ser evaluadas en el futuro.

El plan abarca 23 activos vinculados a diferentes segmentos de la cadena energética del Grupo Ecopetrol, la principal empresa del país y controlada en un 88% por el Estado colombiano.

Entre los activos identificados se encuentran operaciones de exploración y producción en el exterior, como Ecopetrol América, Ecopetrol del Perú, Ecopetrol Hidrocarburos México y participaciones en la cuenca Permian en Estados Unidos.

También figuran empresas clave del sistema de transporte de hidrocarburos, como Cenit, Ocensa y el Oleoducto de los Llanos.

En el segmento de refinación y petroquímica aparecen activos como la Refinería de Cartagena (Reficar), Essentia y Ecodiésel Colombia.

Asimismo, se incluyen compañías del sector energético y de infraestructura como Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), Hocol, Equión Energía e Invercolsa.

El listado se extiende a filiales comerciales y financieras con presencia internacional, entre ellas Ecopetrol Capital AG, Ecopetrol Global Energy y Ecopetrol Trading Asia.

El documento advierte que cualquier decisión de enajenación debe cumplir un proceso corporativo y legal riguroso. En el caso de Ecopetrol, la eventual venta de activos requeriría la aprobación de la Junta Directiva y de los accionistas, además de la expedición de un decreto específico por parte del Gobierno nacional.

Este procedimiento incluye etapas de análisis técnico, financiero y jurídico, así como procesos de debida diligencia, antes de que se concrete cualquier operación.

Un contexto financiero exigente

La presentación del plan coincide con un entorno complejo para Ecopetrol. La compañía ha proyectado inversiones para 2026 entre $22 y $27 billones, con el objetivo de sostener la producción, fortalecer la infraestructura y avanzar en la transición energética.

Sin embargo, la empresa enfrenta una reducción sostenida de sus utilidades en los últimos años, asociada a la caída de los precios internacionales del petróleo, mayores costos operativos y una carga tributaria elevada.

A este panorama se suma una situación de gobernanza compleja derivada de cuestionamientos al presidente de la compañía, Ricardo Roa, lo que ha incidido en la percepción de riesgo y en la confianza del mercado.

El Plan de Enajenación Global no se limita al sector energético. También incorpora participaciones en infraestructura de transporte y servicios, como terminales terrestres en distintas regiones del país, la Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios (Serviport) y activos en zonas francas y puertos.

Antecedentes de este tipo de planes

Expertos del sector señalan que este tipo de listados no es inédito y forma parte de prácticas habituales de planeación fiscal. En administraciones anteriores se han presentado planes similares que incluían activos estratégicos sin que se concretaran procesos de venta.

No obstante, en el escenario actual, marcado por presiones fiscales y desafíos operativos en el sector energético, la eventual materialización de una desinversión tendría implicaciones relevantes para las finanzas públicas y para la estructura del principal conglomerado empresarial del país.

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