Empresarios alertan riesgo de quiebra masiva por alza en la retención en la fuente

El reciente Decreto 0572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, desató un fuerte debate en el país al modificar de forma sustancial las tarifas de retención en la fuente para múltiples actividades económicas. La medida busca anticipar el recaudo del impuesto sobre la renta correspondiente al año 2026, en un intento por resolver los apuros de caja que enfrenta el Gobierno este año.

De acuerdo con el decreto, la retención se calculará sobre cada pago o abono en cuenta, dependiendo de la actividad económica del contribuyente. Esta decisión implica un incremento en las tarifas de autorretención para sectores estratégicos como agricultura, energía, construcción y transporte.

Por ejemplo, el cultivo de arroz y la cría de ganado bovino y bufalino pasarán de una autorretención del 0,55% al 1,20%. La generación y comercialización de energía eléctrica sufrirá un aumento del 2,20% al 4,50%, mientras que la edificación de viviendas residenciales y otras obras de construcción subirá del 1,10% al 3,50%.

Aunque algunas actividades mantienen sus tarifas —como la recolección de desechos peligrosos (2,20%) o la fabricación de artículos de piel (0,55%)—, en la mayoría de los sectores el incremento es significativo.

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La medida fue rápidamente calificada como una “reforma tributaria encubierta” por el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien advirtió sobre sus efectos nocivos: “2025 en el derroche de ingresos futuros y 2026 nacerá con un hueco gigante en las finanzas públicas. ¡Irresponsabilidad fiscal!”, aseguró.

Restrepo considera que este ajuste deja una “bomba fiscal” para el próximo gobierno, al adelantar ingresos sin resolver los problemas estructurales del gasto público, y obligando a las empresas a endeudarse para cumplir con obligaciones tributarias anticipadas.

En la misma línea, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), denunció que la medida pone en aprietos a miles de empresas, especialmente micro y pequeñas, que deberán tributar sobre ingresos futuros que aún no han generado.

“Es como si le cobraran a una panadería los impuestos por los panes que espera vender el próximo mes… aunque hoy no haya vendido ni uno”, explicó. Añadió que sectores como energía, gas y minería enfrentan tarifas de hasta 4,5%, mientras que construcción y servicios pueden llegar al 3,5% y 1,2%, respectivamente.

Esta estrategia de corto plazo podría desencadenar una parálisis en la economía nacional. Según Lacouture, “sin caja no hay empresa. Sin empresa no hay empleo. Sin empleo no hay ingresos. Y sin ingresos, no hay país”.

El decreto entrará en vigencia el 1 de junio y su impacto será inmediato. Mientras el Gobierno defiende la decisión como una herramienta para asegurar el recaudo fiscal en tiempos de dificultad, sus críticos advierten que está sembrando una crisis que explotará con fuerza en el próximo periodo presidencial.

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