Deuda pública de Colombia podría superar límite fiscal en solo tres años, advierte Anif

Según un nuevo informe de Anif, la deuda pública neta del país ronda el 58% del PIB, un nivel comparable al de finales del siglo XIX, cuando Colombia atravesó una crisis de pagos externos e hiperinflación en plena Guerra de los Mil Días. La proyección es aún más preocupante: en tan solo tres años, esa cifra podría superar el umbral del 71% del PIB, límite que la regla fiscal colombiana considera incompatible con una trayectoria sostenible para una economía como la del país.

"Proyectamos que la deuda neta del Gobierno Nacional Central podría superar el 71% del PIB en tan solo tres años, un umbral que, de acuerdo con la regla fiscal, se considera incompatible con una senda sostenible para una economía como la colombiana", señala el informe.

Un problema de gasto, no de ingresos

Para Anif, el origen del desequilibrio es claro: Colombia tiene un problema estructural de gasto. En las últimas tres décadas, el tamaño del Estado se ha expandido de forma significativa, impulsado en gran medida por la Constitución de 1991. El gasto de funcionamiento del Gobierno ha crecido por encima del gasto de los hogares en años recientes, sin que eso se haya traducido en un desempeño económico sobresaliente ni en mejoras sustanciales en los indicadores de desigualdad.

Un dato que ilustra la rigidez del presupuesto: entre 2019 y 2026, el gasto en salud, pensiones y transferencias regionales —rubros definidos por mandato constitucional— explicó más del 64% del aumento del gasto de funcionamiento. Esa inflexibilidad estructural limita severamente el margen de maniobra del Estado para ajustar sus finanzas.

Sin embargo, Anif cuestiona la narrativa oficial. Aunque el Gobierno ha sostenido que apenas el 8% del Presupuesto General de la Nación de 2026 es flexible, el centro de análisis estima que, al incluir el gasto sobre el cual el Ejecutivo puede tomar decisiones autónomas, esa proporción sube al 14%. Y si se incorporan los rubros de personal y contratación —sujetos a ajustes de carácter jurídico—, el margen de flexibilidad podría alcanzar hasta el 28%.

Para Anif, eso significa que el problema no es exclusivamente técnico: también es, en buena medida, una cuestión de voluntad política.

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