Denuncian que Findeter adjudicó contrato de $18.000 millones tras presentar certificaciones falsas

La Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) adjudicó de manera directa un contrato por 18.000 millones de pesos para la adquisición de maquinaria destinada a obras viales en varios municipios del país, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en la documentación presentada por algunos de los participantes y por la forma en que se desarrolló el proceso de selección.

De acuerdo con la información divulgada por La FM, la contratación se concretó el 30 de enero de 2026, pocas horas antes de la entrada en vigor de la ley de garantías electorales, luego de que dos convocatorias previas fueran declaradas desiertas.

Documentos en poder de este medio evidencian inconsistencias en certificaciones financieras y de experiencia aportadas por empresas vinculadas al proceso.

Convocatoria inicial y objeto del contrato

En noviembre de 2025, Findeter abrió una convocatoria pública con el propósito de adquirir maquinaria pesada destinada a la construcción y mejoramiento de vías en municipios de Norte de Santander, Nariño y Putumayo.

Entre las localidades incluidas se encontraban Tibú y Sardinata, así como Roberto Payán, Tumaco y Villa Garzón.

El presupuesto inicial del contrato ascendía a $15.215 millones, financiados con recursos del Fondo Paz, administrado por la Presidencia de la República.

Findeter, en su calidad de entidad financiera de desarrollo, asumió la responsabilidad de estructurar el proceso, evaluar las propuestas, seleccionar al contratista y supervisar la ejecución mediante interventoría.

La convocatoria fue publicada el 13 de noviembre de 2025, con un cronograma que contemplaba la recepción de propuestas entre el 14 y el 19 del mismo mes. Posteriormente, se llevaría a cabo la evaluación técnica, financiera y jurídica de los oferentes.

Participación de oferentes y modificaciones al proceso

El 25 de noviembre se registraron tres propuestas: la Unión Temporal M&B, integrada por Moto Mart SAS e Industrias Búfalo; la empresa General de Equipos de Colombia S.A. (GECOLSA); y el Consorcio MAQ 157, conformado por Grupo Inversionista El Transportador SAS, Gyafra SAS y Construcciones Universal RLM SAS.

Sin embargo, durante la revisión inicial se evidenciaron incumplimientos en requisitos esenciales, entre ellos la ausencia del documento de constitución de algunos proponentes, lo que, conforme a las reglas del proceso, debía implicar su descalificación.

Pese a ello, Findeter optó por modificar el cronograma mediante una serie de adendas que ampliaron los plazos para la presentación y subsanación de documentos.

Las fechas de cierre se extendieron en varias ocasiones: del 2 al 4 de diciembre, luego al 9, posteriormente al 11, al 12 y finalmente al 15 de diciembre.

A pesar de estas prórrogas, la entidad decidió cancelar la convocatoria sin adjudicar el contrato.

Nuevo proceso con incremento presupuestal

Tras la cancelación, Findeter abrió un nuevo proceso para el mismo objeto contractual, esta vez con un presupuesto incrementado a $18.000 millones.

La contratación se estructuró por grupos de maquinaria, incluyendo retroexcavadoras, volquetas, motoniveladoras, bulldóceres, excavadoras y vibrocompactadores.

El nuevo proceso inició el 26 de diciembre de 2025 y contemplaba la publicación del informe final el 23 de enero de 2026.

El 7 de enero se recibieron seis propuestas, de las cuales cuatro fueron rechazadas, quedando habilitados dos oferentes: la Unión Temporal M&B y la empresa Partequipos Maquinaria SAS.

Certificación financiera cuestionada

Durante la evaluación financiera, el comité correspondiente detectó irregularidades en la documentación presentada por la Unión Temporal M&B.

En particular, se cuestionó una certificación bancaria emitida supuestamente por el Banco de Bogotá, que acreditaba un cupo de crédito cercano a los 22.000 millones de pesos.

Findeter remitió el documento a la entidad financiera para su verificación. En respuesta, el Banco de Bogotá indicó que la certificación no correspondía a un documento emitido por esa institución y señaló inconsistencias en su contenido, incluyendo la ausencia de referencia a la convocatoria específica.

Como consecuencia de este hallazgo, el proceso fue declarado desierto el 29 de enero de 2026 por el comité fiduciario de Findeter.

Decisión de contratación directa

Ese mismo 29 de enero, en horas de la noche, la entidad evaluó la posibilidad de acudir a un mecanismo de contratación directa para ejecutar el proyecto.

La decisión se concretó al día siguiente, 30 de enero, cuando se suscribió el contrato por $18.000 millones con el Consorcio MAQ 2026.

El consorcio está integrado por varias empresas y es representado por Kelly Patricia Almanza Correa, junto con Serafín Antonio Urrea y Annie Yohai Macea Cano, esta última con participación mayoritaria en el contrato.

Certificaciones de experiencia bajo cuestionamiento

Para acreditar experiencia en la comercialización de maquinaria pesada, el consorcio presentó certificaciones de diferentes compañías.

Entre ellas, una emitida por la empresa Sinotruk, en la que se señalaba que Moto Mart era concesionario autorizado en Colombia.

Moto Mart había participado previamente en el proceso a través de la Unión Temporal M&B, que fue cuestionada por la certificación bancaria irregular.

Adicionalmente, el consorcio aportó una certificación atribuida a la empresa Distribuidora Nissan (Dinissan), en la que se afirmaba la existencia de relaciones comerciales con uno de los integrantes del consorcio durante más de cinco años.

No obstante, en un documento fechado el 11 de marzo de 2026, la representante judicial de Dinissan indicó que la certificación presentada no corresponde a una comunicación emitida por esa compañía.

En la comunicación, la empresa señaló que tuvo conocimiento de documentos en los que se hacía referencia a su nombre sin que estos hubieran sido generados por su organización.

Asimismo, manifestó la necesidad de verificar el origen y contenido de dichos documentos, al considerar que su autenticidad no estaba clara.

Respuesta de Findeter y acciones legales

Ante los cuestionamientos sobre la certificación bancaria, Findeter informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación el 2 de febrero de 2026 contra Moto Mart, adjuntando la documentación y los resultados de la verificación realizada con el Banco de Bogotá.

En relación con la certificación atribuida a Dinissan, la entidad indicó que, durante el desarrollo del proceso y la contratación directa, no había recibido comunicación oficial de esa empresa en la que se advirtiera sobre la presunta falsedad del documento.

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