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Cuáles son las 31 empresas de vigilancia sancionadas por la Supervigilancia en Colombia
Lista: estas son las compañías con licencias suspendidas en Colombia y oscuros procedimientos.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas del sector, tras establecer indicios de infiltración criminal y uso indebido de permisos legales para facilitar actividades ilícitas en distintas regiones del país.
La decisión, anunciada por el superintendente Larry Álvarez Morales, se sustenta en investigaciones que evidenciaron un patrón reiterado: compañías legalmente constituidas que, una vez habilitadas, habrían puesto recursos, armamento y personal al servicio de estructuras ilegales.
Las 31 empresas de vigilancia sancionadas
El listado oficial de la Superintendencia incluye:
OL Security Group Ltda.
360 Grados Seguridad Ltda.
Marshall Security MS Ltda.
WS Security International Ltda.
ISVI Ltda.
Seguridad Securbel Ltda.
Seguridad Sara Ltda.
Clock Security Ltda.
Colombian Security Patrol Ltda.
Vigilancia Nacional y Seguridad Vinalseg Ltda.
Pretorian Security Ltda.
Atenas Seguridad Privada Ltda.
Blink Seguridad Privada Ltda.
Seguridad Privada Lost Prevention
Seguridad Balam Ltda.
Maximus Seguridad Privada Ltda.
Viviendo con Seguridad
Premium Security Guard
Seguridad Gran Metrópolis
DIA D Ltda.
Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Águila de Oro de Colombia Ltda.
Laucris Security Ltda.
Helam Seguridad Ltda.
Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Backup Colombia Ltda.
JM Security Ltda.
Serviportel Conserjes Ltda.
SEAP Security Ltda.
Vigil Security Ltda.
ACME Security Ltda.
Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Protection Par Security Ltda.
Comandos Security Ltda.
Estas compañías tenían presencia en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Villavicencio, Neiva, Cartagena y Bucaramanga, lo que evidencia la dimensión nacional del fenómeno.
Investigaciones periodísticas anticiparon irregularidades
Dos de las empresas incluidas en el listado —Atenas Seguridad Privada Ltda. y Seguridad Privada Lost Prevention— ya habían sido objeto de investigaciones de la Agencia de Periodismo Investigativo (API), que documentaron irregularidades graves en su operación.
En el caso de Atenas Seguridad Privada Ltda., una investigación reveló que de sus 379 empleados, al menos 75 tenían procesos penales por delitos que incluían homicidio, extorsión, concierto para delinquir y contrabando. Incluso, uno de sus supervisores contaba con condena ejecutoriada por homicidio.
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El reportaje también evidenció la magnitud de su capacidad operativa, con un amplio arsenal de armas y contratos activos, así como vínculos de directivos con personas investigadas en procesos de alto impacto, incluidos casos relacionados con estructuras criminales del Caribe.
En paralelo, la serie investigativa titulada “Con licencia para delinquir” expuso un fenómeno estructural: empresas de seguridad privada con permisos legales que, en la práctica, terminaban vinculadas a reconocidos cabecillas del crimen organizado.
Según esa investigación, nombres asociados a estructuras como el clan Vega Daza, alias “Castor” o “Pichi” aparecían conectados, directa o indirectamente, con empresas del sector, lo que evidenciaba un “hilo conductor” entre la legalidad formal y operaciones ilegales.
Los resultados oficiales coinciden con lo documentado por el periodismo investigativo. La Superintendencia detectó:
Presunta vinculación de trabajadores con antecedentes penales. Uso de armas autorizadas en hechos delictivos y fallas en los controles de custodia y trazabilidad del armamento.
Posibles nexos de socios o directivos con estructuras criminales
En algunos casos, las irregularidades llevaron a decisiones más severas. Las empresas Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda. enfrentan cancelación de licencia en primera instancia, debido a la gravedad de los hallazgos.
Las investigaciones se adelantaron en articulación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía y entidades del sector Defensa, lo que permitió identificar posibles conexiones entre empresas legales y economías ilícitas, incluyendo lavado de activos.
Además, la Superintendencia confirmó que al menos ocho empresas más están bajo investigación y podrían ser sancionadas próximamente.
El caso pone en evidencia fallas estructurales en los controles sobre el sector de la vigilancia privada, particularmente en la verificación de antecedentes del personal y en el manejo de armamento.
Las autoridades insistieron en que el objetivo es evitar que las licencias otorgadas por el Estado sean utilizadas como plataforma para actividades ilegales.
La ofensiva busca cerrar brechas institucionales y reforzar la supervisión sobre un sector clave para la seguridad en Colombia.
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