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Contraloría exige a Ecopetrol explicar posible venta de su participación en el Permian
El organismo de control pidió a la petrolera entregar en 24 horas informes técnicos, financieros y jurídicos sobre la eventual enajenación del activo.
La Contraloría General de la República exigió a Ecopetrol un informe detallado sobre la posible venta de su participación en la cuenca del Permian, ubicada en Estados Unidos, donde la compañía participa en proyectos de fracking. La solicitud fue formulada por la Delegada para el Sector de Minas y Energía y se da en medio de la discusión sobre el futuro de la empresa estatal en los negocios de combustibles fósiles.
El ente de control pidió a la petrolera, bajo la presidencia de Ricardo Roa, entregar informes técnicos, financieros y jurídicos que respalden la eventual decisión de enajenar el activo, así como las actas de la junta directiva en las que se haya abordado el tema. Además, solicitó incluir evaluaciones de riesgo reputacional, fiscal y financiero derivadas de una posible venta.
De acuerdo con el documento, la participación de Ecopetrol en el Permian representa alrededor del 15 % de su producción total y el 14 % del EBITDA de su segmento upstream. La Contraloría advirtió que una desinversión de esa magnitud podría disminuir hasta en un 30 % el valor de la acción y afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.
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El organismo también solicitó certificar que cualquier decisión se ajuste a los principios de gobierno corporativo y al interés social de la empresa, conforme a la Ley 222 de 1995. Ecopetrol deberá entregar la información en un plazo máximo de 24 horas, so pena de sanciones por incumplimiento, según lo dispuesto en la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.
La investigación se produce en un contexto de alta tensión política, luego de que el presidente Gustavo Petro insistiera en que Ecopetrol debe retirarse de los negocios vinculados al fracking y avanzar hacia fuentes de energía limpias. Esta posición habría incidido en la salida de la expresidenta de la junta directiva, Mónica de Greiff, y generado divisiones internas con el sindicato y otros sectores.
Mientras tanto, la compañía evalúa las ofertas de inversionistas interesados en el activo, en medio del reto de demostrar que cualquier decisión sobre su venta responde a criterios técnicos y financieros, y no a presiones políticas derivadas de la política energética del actual gobierno.
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