Auditoría forense de Ecopetrol revela 34 casos que salpican a Ricardo Roa y al entorno de Verónica Alcocer

Una auditoría forense de Ecopetrol reunió 34 casos de presuntas irregularidades en contratación, nombramientos, inversiones y negocios de la petrolera y varias de sus filiales.

El expediente, que fue solicitado por la Contraloría General de la República, contiene denuncias que mencionan a Ricardo Roa, expresidente de la compañía; a su pareja sentimental, Julián Caicedo; a antiguos vicepresidentes de la empresa y a empresarios relacionados con el entorno de Verónica Alcocer.

La documentación fue revelada este sábado por la revista Semana, que tuvo acceso a denuncias, presentaciones internas y soportes recopilados durante la revisión. Los casos comprenden contratos de infraestructura, servicios de vigilancia, transporte aéreo, comercialización de petróleo y gas, adquisición de energía, proyectos de fuentes renovables y negocios tecnológicos.

La investigación fue promovida por Luis Felipe Henao desde la junta directiva de Ecopetrol y se desarrolló entre agosto y septiembre de 2026. Inicialmente se examinaron cinco asuntos, pero la revisión terminó con 34 casos de posibles irregularidades, cuyos resultados fueron presentados a la junta el 14 de septiembre.

La Contraloría solicitó la documentación a la Dirección de Cumplimiento de Ecopetrol. Según la información conocida, el expediente fue remitido a la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía.

Las denuncias comprenden actuaciones relacionadas con Ecopetrol, Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL), Oleoducto de Colombia (ODC) e Internexa, empresa vinculada al Grupo ISA.

Entre los antiguos directivos mencionados aparecen Bayron Triana, quien ocupó la Vicepresidencia de Energías para la Transición; Sergio Andrés Moreno, de Ciencia, Tecnología e Innovación; Victoria Sepúlveda, de Talento Organizacional; Alexander Cadena, expresidente de Cenit, y Juan Sebastián Ruiz, quien estuvo vinculado a la Vicepresidencia de Abastecimiento y Servicios de esa filial.

También figuran antiguos responsables del área comercial, entre ellos Felipe Trujillo y Julio César Herrera, así como Saúl Kattan, quien ejerció como gerente general encargado de Internexa.

Los documentos contienen denuncias y señalamientos cuya inclusión en el expediente no constituye una determinación de responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria contra las personas mencionadas.

Uno de los capítulos del expediente relaciona a Julián Caicedo con presuntas gestiones en procesos de contratación y selección de personal. Los documentos lo mencionan junto a Victoria Sepúlveda en la revisión de perfiles profesionales contratados mediante la firma Michael Page y junto a Bayron Triana en un proceso para seleccionar cinco gerentes del área de energía.

Otra denuncia se refiere a un contrato de seguridad electrónica para Ecopetrol y Cenit, adjudicado al consorcio Synergytech Oilguard, integrado por Indra y Prosegur. Entre los soportes aparece una oferta económica por 237.960 millones de pesos.

De acuerdo con el denunciante, Ricardo Roa y Julián Caicedo habrían intervenido en la evaluación de las propuestas y sostenido contactos con representantes de las empresas participantes.

El expediente incorpora una captura de una conversación en la que se mencionan supuestas comisiones relacionadas con la adjudicación. La autenticidad y el contexto de ese intercambio no aparecen acreditados en la información divulgada.

Los cuestionamientos también incluyen contratos de mantenimiento de infraestructura de transporte de hidrocarburos suscritos por Cenit con Ismocol, Termotécnica y Metalpar. Las contrataciones examinadas alcanzan aproximadamente 2,3 billones de pesos y contemplan períodos de ejecución de cinco años, con posibilidades de prórroga.

En esos negocios, las denuncias mencionan presuntos beneficios para Ricardo Roa, Julián Caicedo y el empresario Danilo Romero. Los documentos también identifican a Alexander Cadena y Juan Sebastián Ruiz entre los responsables de áreas relacionadas con los procedimientos contractuales.

Otro asunto corresponde a una reclamación económica presentada por Ismocol a Cenit. Un borrador incluido en el expediente registra solicitudes de pagos adicionales por 178.775 millones de pesos, relacionados con ajustes, impuestos y otros costos de un contrato superior a 1,4 billones de pesos.

En ese caso aparecen mencionados Caicedo, Romero y Edwin Palma, exministro de Minas y Energía. Una denuncia señala la existencia de una presunta comisión equivalente al 30 % del dinero que llegara a reconocerse mediante la reclamación. No se ha establecido públicamente que ese pago se hubiera efectuado.

Las denuncias también relacionan a empresarios del entorno de Verónica Alcocer con operaciones de comercialización internacional de petróleo. Entre los nombres que aparecen figuran Manel Grau, Fabio Mascialino, Enrico Romagnoli y Danilo Romero.

Uno de los documentos atribuye a Grau, Mascialino, Caicedo y al exvicepresidente comercial Julio César Herrera presuntas gestiones para favorecer ventas de crudo colombiano hacia el mercado africano.

La información conocida menciona a la comercializadora turca BGN y señala posibles acuerdos para concentrar operaciones comerciales. Los denunciantes sostienen que algunas personas habrían recibido beneficios económicos por intervenir en esos negocios.

En otro apartado se menciona a Felipe Trujillo, antiguo vicepresidente comercial de Ecopetrol, por sus relaciones con empresarios vinculados a esas operaciones. Trujillo negó haber favorecido negocios y reconoció que sostuvo dos encuentros con Manel Grau convocados por Ricardo Roa.

Los documentos también hacen referencia a bienes inmuebles en Estados Unidos relacionados con Trujillo o sociedades vinculadas a él. La información divulgada menciona 16 propiedades y operaciones de compra superiores a 2,5 millones de dólares.

En el área de abastecimiento, la auditoría incorpora una denuncia de la empresa Tecna, contratista de servicios de inspección y diagnóstico de equipos industriales.

Según un informe firmado por su representante legal, Alberto Padilla Navas, Pedro Nel Tabares, quien había trabajado en Ecopetrol, ofreció intervenir en decisiones de contratación a cambio de una comisión equivalente al 10 % del valor de un contrato.

La compañía aseguró que rechazó el ofrecimiento. También cuestionó decisiones adoptadas durante un proceso de selección en el que participó sin resultar adjudicataria y manifestó que no recibió explicaciones suficientes sobre su exclusión.

En el negocio de comercialización de energía, la revisión incluye cuestionamientos sobre Bayron Triana y sus presuntos vínculos con empresas comercializadoras y consultoras.

Una de las denuncias sostiene que determinados intermediarios habrían vendido energía a Ecopetrol a precios superiores a los de otras alternativas y posteriormente habrían canalizado parte de esos recursos mediante supuestos contratos de consultoría.

Entre las operaciones examinadas aparece un contrato con BTG Pactual Comercializadora de Energía. Un análisis incorporado al expediente señala que, durante agosto de 2026, esa compañía suministró el 16,3 % de la energía de la cartera evaluada, pero representó el 37,3 % de su valor económico, equivalente a 39.729 millones de pesos.

El mismo documento señala que el precio contractual estaba vinculado a las variaciones del mercado de bolsa y estima que, bajo un escenario alternativo de contratación a precios fijos, el costo habría sido entre 23.000 y 26.000 millones de pesos inferior. Esa estimación corresponde a una comparación técnica contenida en el expediente, no a una pérdida fiscal establecida.

La revisión también incluye operaciones con la Empresa de Energía del Putumayo y Gecelca, así como proyectos de generación renovable, entre ellos Energuana, Sol de Zawady y WindPeshi.

En materia de gas aparece la Regasificadora del Pacífico, cuyo contrato había sido objeto de una denuncia presentada por Ecopetrol ante la Fiscalía General de la Nación.

El expediente incorpora, además, cuestionamientos relacionados con el proyecto BioNube, concebido para construir dos centros de datos en el departamento del Magdalena y desarrollar servicios de almacenamiento y procesamiento de información.

La iniciativa contemplaba una inversión estimada en 160 millones de dólares y la participación de Internexa, filial de ISA.

Saúl Kattan, entonces gerente general encargado de Internexa, autorizó la participación de la compañía el 14 de noviembre de 2025. Posteriormente, el 29 de diciembre de ese año, la Vicepresidencia Jurídica de ISA emitió advertencias sobre las responsabilidades comerciales, técnicas, administrativas, jurídicas y fiscales que podría asumir la empresa.

El concepto jurídico indicó que la operación requería autorización expresa de las juntas directivas correspondientes. Los documentos también recogen diferencias entre las evaluaciones jurídicas utilizadas para respaldar la participación de Internexa.

En Ecopetrol, BioNube aparece relacionado con Sergio Andrés Moreno, entonces vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación. La documentación menciona cuestionamientos técnicos sobre la viabilidad del proyecto y el retiro de Jaime Malagón, trabajador que habría manifestado reparos sobre su desarrollo.

Otro asunto vinculado con Moreno corresponde a la expansión de los centros de innovación Econova. La revisión comprende los resultados de los primeros cinco centros y la decisión de desarrollar nuevas iniciativas en La Guajira, Valle del Cauca y España.

En ese capítulo también figura Diana Acero, quien ocupó la Gerencia de Innovación y Portafolio. Los documentos incluyen cuestionamientos sobre los recursos destinados a los centros y los resultados obtenidos por la compañía.

La auditoría aborda igualmente decisiones administrativas relacionadas con el traslado y nombramiento de funcionarios en dependencias internacionales de Ecopetrol.

Una denuncia menciona a Victoria Sepúlveda y el traslado de Rafael Guzmán a la Presidencia de Ecopetrol USA, después de haber ocupado cargos directivos en Bogotá. También hace referencia a la designación de Édgar Rey como gerente encargado de Ecopetrol América.

En otro apartado se examinan las vinculaciones de asesores de la Presidencia de Ecopetrol y los servicios prestados durante sus períodos de contratación. La documentación plantea cuestionamientos sobre las actividades desarrolladas y los productos entregados por algunos de esos funcionarios.

Los antecedentes judiciales de Ricardo Roa también incluyen un proceso distinto de las denuncias recopiladas en esta auditoría. El 11 de marzo de 2026, Ecopetrol informó oficialmente que la Fiscalía General de la Nación había realizado una audiencia de imputación de cargos contra Roa por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público.

La diligencia se adelantó ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá. En su comunicado, la petrolera precisó que la imputación no constituía una condena y que Roa conservaba su presunción de inocencia.

Por otra parte, según la información publicada sobre el expediente, Ecopetrol comunicó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), mediante un reporte del 9 de noviembre de 2026, que su junta directiva había solicitado y aprobado la contratación de una firma internacional para desarrollar una investigación forense integral.

La documentación de los 34 casos quedó bajo examen de la Contraloría General de la República, mientras continúan las actuaciones relacionadas con los contratos, nombramientos y operaciones comerciales señalados en las denuncias.

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