Asobancaria advierte que inversiones forzosas afectarían el ahorro de 36,5 millones de colombianos

El presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, Jonathan Malagón, cuestionó el anuncio del Gobierno nacional de establecer inversiones forzosas en el marco de la emergencia económica.

El dirigente sostuvo que los recursos que serían objeto de esa medida no pertenecen a las entidades financieras, sino a los depositantes del sistema.

En Blu Radio, Malagón respondió a la intención expresada por el presidente Gustavo Petro de ordenar que una fracción de los depósitos administrados por el sector financiero sea dirigida obligatoriamente a determinados sectores productivos.

Según el jefe de Estado, la decisión obedece a un supuesto incumplimiento del denominado Pacto por el Crédito.

El representante gremial señaló que el sistema financiero administra alrededor de 790 billones de pesos en depósitos, recursos que, afirmó, pertenecen a cerca de 36,5 millones de ahorradores.

En ese contexto, indicó que la medida implicaría que un porcentaje de esos fondos quedaría bajo lineamientos definidos por el Gobierno. “No es inversión forzosa para los bancos, es para los colombianos”, expresó.

Malagón explicó que el mecanismo supone detraer una proporción de los depósitos para destinarlos a programas específicos.

A su juicio, esa decisión reduciría la disponibilidad de recursos para otras actividades económicas y podría generar efectos en las tasas de interés.

Según sus estimaciones, si se retirara el 5 % de los depósitos del circuito ordinario de crédito, las tasas de colocación podrían aumentar entre medio y un punto porcentual.

Indicó que, en el caso de los créditos hipotecarios de largo plazo, un ajuste de esa magnitud tendría impacto en el valor final pagado por los usuarios.

Mencionó que, dependiendo del monto y el plazo, el incremento podría representar hasta 37 millones de pesos adicionales en el costo total del financiamiento.

El presidente de Asobancaria también señaló que en América Latina las inversiones forzosas han tenido un uso limitado durante el siglo XXI.

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Recordó que en Colombia existe un antecedente con los Títulos de Desarrollo Agropecuario, que son canalizados a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, como instrumento para apoyar actividades rurales.

En relación con el Pacto por el Crédito, que fijó una meta de 250 billones de pesos en desembolsos durante 2024 hacia sectores priorizados, Malagón afirmó que, con base en cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, el nivel de ejecución se ubica entre el 96 % y el 97 %.

Sostuvo que los sectores incluidos en el acuerdo registraron un crecimiento cercano al 20 % en la cartera, mientras que el resto de los segmentos avanzó alrededor del 10 %.

De otra parte, el dirigente se refirió al anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre la posibilidad de establecer un nuevo impuesto al patrimonio dirigido a grandes empresas.

Indicó que, en su concepto, gravámenes adicionales al sector financiero podrían trasladarse a mayores costos en el crédito. “Cuando uno pone un impuesto está penalizando la actividad”, manifestó, al advertir que las decisiones tributarias tienen efectos en la estructura de costos del sistema y, en consecuencia, en las condiciones ofrecidas a los usuarios.

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