Advierten baja ejecución de UNGRD tras 59 requerimientos en ola invernal: cinco procesos fiscales por $62.389 millones

Frente al recrudecimiento de la temporada de lluvias que afecta a gran parte del territorio nacional, la Contraloría General de la República anunció la activación inmediata de un especial seguimiento a la ejecución
de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia.

De acuerdo con la información requerida y suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), con corte al 6 de febrero de 2026 se registran 293 eventos asociados a la temporada de lluvias, con afectación en 24 departamentos y 188 municipios, donde se reporta 209.839 personas afectadas (51.979 familias), dejando 26 personas fallecidas, 9 heridos y 3 desaparecidos a nivel nacional. 

Las cifras oficiales indican que, de las 4.597 viviendas destruidas en toda Colombia, 4.298 se concentran en este
departamento. A este escenario de devastación material se suman 4.023 viviendas afectadas, el lamentable registro de 5 personas fallecidas, 3 heridas y 2 desaparecidas en la región, así como la alerta roja en el Embalse de Urrá.

De igual forma, con el apoyo de la comunidad y el trabajo de los Grupos de Participación Ciudadana de las Gerencias Departamentales de los territorios afectados, la Contraloría ha podido identificar:

Que el mayor desafío en la atención de la emergencia es la coordinación de las acciones entre los municipios, los departamentos y la UNGRD, por lo que es necesario articular las actuaciones y garantizar la comunicación entre los actores.

La entrega de ayudas humanitarias, aún no llega a la totalidad de los afectados y se reportan sectores que no han recibido los kits de alimentación.

La gestión de los albergues, en los departamentos que han tenido que movilizar a las personas afectadas, ha sido eficiente. Así mismo, se asegura que las necesidades de salud, agua potable y saneamiento básico de las comunidades que no fueron reubicadas pero tienen los servicios suspendidos, estén cubiertas.

Se ha conocido que hay municipios que no han reportado el listado de damnificados y afectados para el registro correspondiente ante la UNGRD, lo que dificulta establecer la dimensión de la emergencia en el territorio y la entrega efectiva de las ayudas humanitarias.

Respecto de la necesidad de garantizar una pronta y adecuada inversión de los recursos asignados, la Contraloría hace notar que emitió advertencia a la UNGRD a finales de 2023 por la muy baja ejecución de los recursos apropiados en virtud del Decreto 2113 de 2022 emitido para atender la situaciónde desastre nacional provocada por la intensa temporada de lluvias generada por el fenómeno de La Niña.

Adicionalmente, ha venido haciendo un riguroso seguimiento a la gestión fiscal de la UNGRD durante la atención de emergencias y desastres, realizando 59 requerimientos formales durante los años 2024 y 2025.

En relación con las actuaciones adelantadas por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General, durante el período 2011– 2021, la Unidad adelantó 14 actuaciones vinculadas a eventos de ola invernal en municipios como Murindó (Antioquia); Barranquilla (Atlántico); El Guamo, Arjona, María La Baja y Remolino (Bolívar), las cuales derivaron en fallos con responsabilidad fiscal por una cuantía total de $6.223 millones.

Así mismo, entre 2022 y la fecha, se adelantan cinco (5) procesos de responsabilidad fiscal por un valor estimado de $62.389 millones, relacionados con hechos ocurridos en Puerto Boyacá, Tolima y la región de La Mojana, lo que evidencia la acción sostenida del control fiscal frente al uso de recursos públicos en contextos de atención de emergencias.

Por otra parte, la Contraloría a través del monitoreo permanentemente a la ejecución de los recursos, para este caso, los asignados a la UNGRD, identificó que para la vigencia 2026 el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, tiene recursos
disponibles por $1,69 billones de pesos y de otro lado cuenta adicionalmente con reservas presupuestales del 2025 cercanas a $1 billón dentro de lo cual pueden disponer de manera inmediata lo que no tengan comprometido u obligado y en el caso que de existir obligación previa lo que puedan disponer conforme a modificaciones contractuales de común acuerdo.

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