Empresario denuncia retención en parqueadero de Hacienda Santa Bárbara y el centro comercial lo niega

El empresario Víctor Molina Afanador hizo pública una denuncia sobre un incidente ocurrido el 14 de febrero en el parqueadero del centro comercial Hacienda Santa Bárbara, al norte de Bogotá.

Según su versión, permaneció varias horas en el lugar luego de que el personal de seguridad negara su salida debido a la imposibilidad de verificar el tiquete de ingreso.

El establecimiento rechazó su afirmación y sostuvo que nunca hubo restricción a su movilidad, sino un proceso operativo para confirmar la propiedad del vehículo.

De acuerdo con el relato entregado por el empresario en un video divulgado en redes sociales, ingresó en horas de la mañana al parqueadero mientras cumplía una cita médica.

Indicó que, al lavarse las manos, el tiquete se mojó y el código QR dejó de ser legible, situación que generó trabas al momento de salir.

Señaló que pagó de inmediato una multa de 50.000 pesos por el daño en el comprobante e informó que entregó su cédula y la documentación del vehículo.

Sin embargo, afirma que el personal insistió en que el sistema no registraba el pago y que, por tal motivo, no autorizaron su salida.

Según su testimonio, permaneció cerca de cinco horas en el parqueadero mientras intentaba resolver la situación.

Expresó que fue atendido por un equipo de vigilancia y por una coordinadora de aseo identificada como “Dina”, quien —según dijo— se negó a permitir la salida al argumentar fallas en el sistema de registro.

El afectado afirmó que, pese a presentar los soportes del pago y su identidad, fue tratado como si intentara evadir los controles del establecimiento.

El incidente escaló cuando uniformados de la Policía Nacional acudieron al centro comercial tras ser requeridos por el propio usuario.

Según Molina, los agentes señalaron que su intervención era limitada porque la situación ocurría en una zona privada. El empresario afirmó que una funcionaria identificada únicamente como “Doctora” habría ordenado por altavoz no suministrar información a los policías y que algunos empleados se retiraron sin identificarse.

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Indicó que esa actitud obstaculizó la verificación del procedimiento y que las autoridades no recibieron claridad sobre lo ocurrido.

La situación se destrabó posteriormente cuando intervino la abogada del empresario, quien sostuvo que había un posible exceso de autoridad por parte del personal del centro comercial.

De acuerdo con el relato de Molina, el argumento jurídico permitió que se autorizara la salida del vehículo.

Mencionó también que dos mujeres que se encontraban en un procedimiento similar fueron autorizadas a retirarse. El empresario agregó que, debido al retraso, perdió una cita médica prevista con su hijo.

El centro comercial Hacienda Santa Bárbara difundió un comunicado en el que ofrece una versión distinta de los hechos.

La administración aseguró que sus protocolos tienen el propósito de prevenir el hurto de vehículos y que, ante la presentación de un tiquete en mal estado, se activan procedimientos internos de verificación que incluyen revisión de cámaras, trazabilidad digital y confirmación de registro en el sistema.

Señaló que estos pasos se aplican de manera uniforme a todos los usuarios y que no dependen de criterios discrecionales.

El establecimiento afirmó que no hubo retención de ninguna persona y que la verificación se dirigía exclusivamente al vehículo.

Indicó que es falso que el empresario permaneciera cinco horas en el lugar o que hubiera sido impedido de salir por razones ajenas al procedimiento.

En su versión, todo el proceso quedó respaldado en imágenes y en los sistemas tecnológicos enlazados con la Policía Nacional, lo que —según dijo— permite demostrar que no existió restricción a la libertad del usuario.

Hacienda Santa Bárbara sostuvo que la seguridad de los usuarios y de los vehículos es un eje operacional y que sus medidas buscan reducir riesgos asociados al hurto automotor.

La administración reiteró que el caso correspondió a un procedimiento técnico habitual y que la información entregada por el empresario no coincide con los registros internos. Por ahora, ninguna autoridad ha informado sobre investigaciones abiertas por los hechos.

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