Aldesarrollo denuncia ante la Fiscalía al supervisor del contrato del Sitac en la Cancillería

La controversia por el contrato para la modernización del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) en la Cancillería sumó un nuevo episodio luego de que la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el supervisor del convenio, William Fernando Albarracín Barreto.

La entidad sostiene que las actuaciones del funcionario podrían tener implicaciones disciplinarias y penales, por lo que solicitó además la intervención de la Procuraduría General con el fin de establecer eventuales responsabilidades dentro del manejo del contrato, según reportó Caracol Radio.

El pronunciamiento se produce en medio de cuestionamientos sobre la ejecución del convenio interadministrativo firmado en octubre de 2024, por más de 10.300 millones de pesos, cuyo propósito era modernizar la plataforma tecnológica que soporta trámites como pasaportes, visas y certificaciones consulares.

En un comunicado, Aldesarrollo aseguró que el contrato se ejecutó conforme a los lineamientos técnicos definidos junto con las áreas de supervisión del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La entidad indicó que las decisiones clave del proyecto fueron discutidas en mesas técnicas y que los pagos estaban condicionados a la entrega y aprobación de productos.

Según la organización, la factura correspondiente al primer desembolso fue revisada y aprobada por el equipo de supervisión, incluido Albarracín Barreto, quien actuaba como apoyo a esa función.

En ese contexto, la entidad afirmó que existe una “postura contradictoria” del supervisor, al desconocer avances previamente avalados.

Aldesarrollo sostiene que cuenta con soportes técnicos y documentales que acreditan un avance del 73 % en la ejecución contractual.

Con base en ello, solicitó la designación de un perito independiente que evalúe de manera objetiva el estado del proyecto.

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Asimismo, la entidad indicó que el proceso sancionatorio iniciado por el Fondo Rotatorio fue archivado, decisión que —según su interpretación— respalda su posición jurídica y descarta incumplimientos.

Un contrato bajo escrutinio

La denuncia se da en un contexto marcado por informes oficiales que han advertido irregularidades en la ejecución del contrato. Un reporte final de supervisión e interventoría señaló que la Cancillería autorizó el pago de 3.109 millones de pesos —equivalentes al 30 % del valor total— pese a que el contratista no habría cumplido con los requisitos técnicos exigidos.

El documento también indicó que desde las primeras fases se registraron retrasos, inconsistencias técnicas y prórrogas que extendieron el plazo inicial hasta agosto de 2025 sin que se alcanzaran las metas previstas.

De acuerdo con esa misma línea de hallazgos, pruebas piloto realizadas durante la ejecución evidenciaron fallas en módulos clave del sistema, especialmente en el agendamiento de citas, lo que impactó la operación de servicios consulares.

Ante las dificultades en el desarrollo del proyecto, la Cancillería dio por terminado el contrato y puso en conocimiento de los organismos de control posibles irregularidades detectadas durante su ejecución.

De forma paralela, distintos sectores han cuestionado el modelo de contratación utilizado, que permitió la adjudicación directa del convenio sin un proceso de selección competitivo.

Las autoridades avanzan en indagaciones sobre el manejo de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, mientras el caso se perfila como uno de los más relevantes en materia de contratación tecnológica reciente.

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