Elecciones en 2026: 457 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales y políticos

La Defensoría del Pueblo presentó el primer Informe de Seguimiento (IS) a la Alerta Temprana Electoral (ATE 013 de 2025, emitida en octubre pasado), en el cual concluye que la respuesta institucional para mitigar los riesgos en los comicios de este 2026 alcanza un cumplimiento parcial.

El monitoreo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la entidad revela que el escenario de riesgo persiste con el afianzamiento de las gobernanzas armadas ilegales, donde grupos criminales suplantan funciones del Estado, regulan campañas políticas y vetan candidaturas en diversas regiones del país.

“Nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones. Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país. El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el
silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del Informe de
Seguimiento a la ATE 013-25.

El índice de respuesta estatal arrojó un cumplimiento bajo, toda vez que, de las once  recomendaciones agrupadas en categorías temáticas, las acciones se limitaron a la respuesta ordinaria.

En prevención y protección, ha habido un cumplimiento del 52 %, en investigación y acceso a la justicia 55 %, en acciones de la fuerza pública para disuadir el contexto de amenaza 65 %, en la articulación interinstitucional (29 %), en las gestiones preventivas del Ministerio Público (65 %).

“Esas once recomendaciones tuvieron un cumplimiento, según la información estatal recibida, del 42 por ciento. Y una desatención a las recomendaciones del 58 por ciento.

La recomendación más rezagada, con cero cumplimiento, fue la del fortalecimiento y respaldo a las organizaciones políticas”, enfatizó la Defensora.

La coacción electoral se manifiesta con fuerza en las macrorregiones Caribe (Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y el Archipiélago de San Andrés y Providencia), Noroccidente (Antioquia, Córdoba y Chocó) y Suroccidente (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), a través de amenazas, restricciones a la movilidad y la
imposición de ‘normas de conducta’ que distorsionan la libertad del elector.

“Los grupos armados definen en algunas zonas ‘reglas’ donde se condiciona el comportamiento electoral de la población civil. Por ejemplo, en el noroccidente, como en Córdoba y en Antioquia, el Clan del Golfo consolida un control hegemónico de baja visibilidad, pero de alta capacidad de regulación social y electoral”, aseguró la Defensora del Pueblo.

Sobre el llamado a la acción estatal

En la ATE de 2025, la Defensoría hizo un llamado a la acción inmediata para 62 municipios a nivel nacional, pero el Informe de Seguimiento evidencia un aumento de 7 municipios: 69.

En la ATE de 2025 se hizo un llamado a la acción urgente para 162 municipios, el IS refleja un aumento de 6 municipios: 168.

En la ATE fue hecho un llamado a la acción prioritaria para 425 municipios, en el IS aumentó este llamado 8 municipios: 433.

En la ATE, un llamado a la observación permanente para 216 municipios; no obstante, en el IS se observa una disminución de 21 municipios: 195.

En la ATE fue hecho un llamado a la acción ordinaria para 257 municipios; sin embargo, el IS da cuenta de que se mantuvo en el mismo número de municipios.

Poblaciones en riesgo

Es el caso de candidatas y candidatos, ya que enfrentan un riesgo estructural caracterizado por homicidios selectivos, amenazas sistemáticas, estigmatización, restricciones a la movilidad, prohibiciones para adelantar sus campañas en territorios donde grupos armados no estatales ejercen gobernanzas criminales.

“Hemos visto vallas en algunos territorios del país; en Cauca, por ejemplo, donde está la imagen de algunos candidatos a la Presidencia de la República, de candidatos de derecha o de oposición al gobierno actual, en la que grupos armados dicen que les es vedado entrar a ese territorio”, subrayó la Defensora.

Quienes compiten por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) han tenido que someterse a “permisos” para poder movilizarse, les han regulado sus acciones proselitistas en zonas rurales y les han impuesto vetos.

Las presiones de los grupos armados y la falta de entrega oportuna de anticipos financieros por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) amenazan con anular la representación real de las víctimas.

Las mujeres, mediante hechos de violencia de género de los actores armados, han visto reducido su liderazgo y autonomía política; particularmente, en la subregión Catatumbo.

“Las mujeres enfrentan un mayor riesgo para adelantar sus actividades proselitistas, lo cual hace que su participación tienda a ser formal y enfrenten mayores dificultades para llegar a ocupar una curul en el Congreso”, remarcó la Defensora del Pueblo. Personas firmantes de paz enfrentan amenazas de estructuras armadas al margen de la ley. En Caño Indio (zona rural de Tibú, Norte de Santander), por ejemplo, el desplazamiento forzado podría afectar su derecho al voto.

Una situación similar viven quienes habitan en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) del departamento del Meta.

La población lideresa social y defensora de derechos humanos afronta un riesgo marcado por homicidios, atentados e intimidación de grupos armados, en particular contra integrantes de juntas de acción comunal (JAC).

Otra situación preocupante está relacionada con los periodistas, pues la exacerbación de la opinión pública genera un riesgo para el ejercicio de su labor en el cubrimiento de la contienda electoral.

Las y los servidores públicos padecen un riesgo creciente a causa de amenazas, restricciones a la movilidad y ataques directos ejercidos por grupos armados ilegales para incidir en la gestión pública y el desarrollo de los comicios.

Estas acciones debilitan la gobernabilidad local y generan desplazamiento institucional. Sobre esto último, viene ocurriendo en Cauca, Chocó, Tolima, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca.

“La gobernanza se extiende a la presión sobre administraciones municipales, como se observa, por ejemplo, en la subregión de Sabanas en Sucre, donde los grupos armados buscan impulsar candidaturas afines a sus intereses estratégicos”, manifestó la Defensora Iris Marín Ortiz.

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El Informe de Seguimiento da cuenta de 457 casos de amenazas de muerte contra lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos (mujeres y hombres) en el contexto preelectoral, concentrándose la mayor gravedad en los departamentos de Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.

Grupos fuente de amenaza

El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos disidentes de las extintas Farc [el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), el autodenominado Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC), la autodenominada Segunda Marquetalia].

También se constituyen como fuente de amenaza el grupo Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el autodenominado Frente 57 (también disidente), grupos de criminalidad organizada, entre otros.

Nuevas recomendaciones

Ante este panorama crítico, la Defensoría del Pueblo formula nueve nuevas recomendaciones y refuerza las anteriores (las de la ATE), exigiéndole al Ministerio del Interior que asuma un liderazgo efectivo en la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que
sean armonizados los planes de acción, asegurados presupuestos medibles y evitada la duplicidad de acciones que genera vacíos operacionales.

Lo insta, además, a garantizar el funcionamiento real de las comisiones de seguimiento electoral y a capacitar a los entes territoriales sobre sus responsabilidades de protección.

En materia de seguridad, hace un llamado urgente al Ministerio de Defensa para que diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad, asegure el traslado de material electoral y garantice la custodia de los puestos de votación en zonas rurales y de difícil acceso.

A la Fiscalía General de la Nación le pide fortalecer la investigación y judicialización de los responsables de lo que podría constituirse en constreñimiento electoral, evaluando la implementación de centros de mando 24/7 y fiscales itinerantes en municipios con riesgo inmediato.

Finalmente, la Defensora del Pueblo exhortó a la Procuraduría General de la Nación a verificar, por medio de su Comisión Especial Temporal de Seguimiento, el cumplimiento de estas recomendaciones: “Y activar las acciones disciplinarias correspondientes contra funcionarias y funcionarios que omitan sus deberes de prevención y protección ante las amenazas advertidas”

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