Denuncian que Gobierno Petro ejecuta contratos por $618.000 millones en plena campaña electoral

Una nueva investigación periodística encendió las alarmas sobre la contratación pública del Gobierno nacional en vísperas de las elecciones de 2026.

El portal La Silla Vacía reveló que seis entidades estatales firmaron, entre finales de 2025 e inicios de 2026, al menos 16 contratos por cerca de $618.000 millones con organizaciones que habían sido denunciadas meses atrás por presuntas prácticas de colusión y direccionamiento contractual.

La denuncia involucra a las organizaciones Aldesarrollo, Red Summa, Redu y Cisp, esta última una organización italiana que ya había estado bajo cuestionamientos por la ejecución de contratos anteriores con entidades estatales.

Según la investigación, los contratos fueron entregados por Prosperidad Social, la Unidad para las Víctimas, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el ministerio del Interior, el ministerio de Minas y la Superintendencia de Transporte. La mayor parte de los recursos terminó concentrada en tres organizaciones: Aldesarrollo, Cisp y Red Summa.

Contratos en plena temporada electoral

Uno de los principales cuestionamientos del reportaje apunta al momento en que comenzó la ejecución de los contratos. Aunque varios fueron firmados durante 2025, su desarrollo operativo arrancó en los primeros meses de 2026, coincidiendo con el inicio de la campaña política para las elecciones legislativas y presidenciales.

La investigación señala que buena parte de los recursos están siendo destinados a entregas de alta visibilidad territorial: electrodomésticos, ollas industriales, mobiliario, insumos para emprendimientos, bazares comunitarios y adecuaciones de parques.

El informe sostiene que estas actividades se están desarrollando especialmente en zonas con población vulnerable, víctimas del conflicto armado y comunidades indígenas, sectores que hoy hacen parte central del discurso político del petrismo y de figuras cercanas al oficialismo.

Uno de los casos citados es un contrato entre Prosperidad Social y Aldesarrollo por $97.000 millones para proyectos de “Economía Popular”. Aunque el convenio fue firmado en octubre de 2025, comenzó a ejecutarse en febrero de este año.

Desde marzo, según el reporte, la entidad ha realizado bazares y jornadas de entrega en al menos 28 departamentos del país, acompañadas de anuncios de nuevas inversiones.

Otro de los contratos mencionados fue firmado entre Aldesarrollo y la Unidad para las Víctimas por $43 mil millones para la puesta en marcha de 482 proyectos productivos y comunitarios, incluidos micronegocios y parques.

Organizaciones ya habían sido denunciadas

La polémica adquiere mayor dimensión porque varias de las organizaciones beneficiadas habían sido denunciadas previamente por Transparencia por Colombia ante la Fiscalía General de la Nación.

La ONG señaló en febrero pasado que existían indicios de posibles acuerdos entre oferentes para “generar precios artificialmente altos y quedarse con contrataciones direccionadas”.

La Silla Vacía aseguró haber encontrado patrones similares en al menos siete de once procesos contractuales revisados.

De acuerdo con la investigación, en varios concursos aparecieron cotizando simultáneamente integrantes de una misma red de organizaciones.

Por ejemplo: Aldesarrollo obtuvo cuatro contratos con la Unidad para las Víctimas por cerca de $147.000 millones. En dos procesos habría cotizado Red Summa, mientras que en otros participaron Cisp y Redu. Redu recibió un contrato por $41.000 millones y tuvo como cotizante a Red Summa.

Red Summa obtuvo un contrato con la Unidad para las Víctimas por $24.800 millones y habría recibido cotizaciones de Aldesarrollo.

La investigación advierte que estas coincidencias podrían indicar falta de competencia real en los procesos.

Cisp y el antecedente de Computadores para Educar

El reportaje también revive cuestionamientos sobre la organización italiana Cisp, que actualmente maneja contratos por más de $251.000 millones.

La organización había sido señalada anteriormente por supuestamente inflar el valor de donaciones realizadas dentro de un megacontrato con Computadores para Educar en 2022. Ahora, Cisp aparece nuevamente como ejecutor de millonarios convenios estatales.

Entre ellos figuran contratos con la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior relacionados con atención a comunidades indígenas y proyectos dirigidos a víctimas del conflicto.

El más grande, según el informe, administra alrededor de $78 mil millones y funciona como intermediario para ejecutar proyectos previamente concertados por el Gobierno con organizaciones étnicas.

Falta de transparencia en la ejecución

Otro de los hallazgos expuestos por La Silla Vacía tiene que ver con la ausencia de información pública sobre el avance contractual.

El medio aseguró que en 13 de los 16 contratos revisados no fue posible verificar detalles claros de ejecución porque no existían documentos publicados en las plataformas oficiales o porque los informes carecían de soportes y evidencias suficientes.

Según la investigación, esta situación podría constituir una vulneración a las obligaciones legales de transparencia en la contratación estatal.

Respuesta de las entidades

Las entidades involucradas respondieron al medio que las organizaciones contratadas no tienen sanciones ni inhabilidades vigentes que les impidan contratar con el Estado.

También argumentaron que excluirlas de los procesos implicaría desconocer el principio de presunción de inocencia.
Además, negaron que los contratos tengan fines electorales.

Sin embargo, el reportaje plantea interrogantes sobre el uso político de programas sociales y sobre la concentración de recursos públicos en organizaciones previamente cuestionadas por posibles prácticas anticompetitivas.

La investigación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los mecanismos de contratación con entidades de economía mixta, corporaciones y organizaciones con participación pública, las cuales pueden ejecutar recursos estatales bajo esquemas menos estrictos que los procesos tradicionales de licitación pública.

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