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Defensoría detectó 40 casos donde grupos criminales estarían presionando a votantes
Los casos no son solo en Caquetá, sino también en Antioquia, Valle del Cauca y Nariño.
Este viernes, durante el evento de instalación de la Misión de Observación Internacional para las elecciones de segunda vuelta, la defensora del pueblo, Iris Marín, informó que se han detectado 40 eventos de presión a los electores por parte de grupos armados en las últimas semanas.
Según ella, observando el comportamiento de los grupos armados y su posible incidencia en el proceso electoral, estos eventos han ocurrido en Valle del Cauca, Nariño y Antioquia, y se suman a dinámicas preexistentes en otros departamentos del país, como Caquetá.
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La funcionaria manifestó que “los grupos armados ilegales, infortunadamente, han impuesto orientaciones de voto, prohíben el apoyo a determinadas candidaturas u orientan el apoyo hacia otras, convocan reuniones comunitarias obligatorias para instruir sobre el sentido del sufragio y amenazan a la población con represalias individuales o colectivas ante resultados adversos”.
De igual manera, detalló que “para asegurar la obediencia electoral, los actores armados aplican mecanismos de control social y territorial…”, como la carnetización de la población, la exigencia de certificado electoral para movilizarse en el territorio y la verificación cruzada entre censos comunitarios y resultados de la votación.
Además, advirtió que estas acciones vulneran la libertad de elección y atentan contra los derechos políticos de las comunidades.
Por último, Marín habló de la violencia verbal y mediática que están ejerciendo las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en algunos casos impulsada por los mismos candidatos y sus seguidores.
Frente a esto destacó que, después de los resultados de la primera vuelta, la entidad registró 431 nuevos casos de violencia contra candidaturas presidenciales y vicepresidenciales: “Los hechos registrados muestran una mayor concentración en la estigmatización (55%), la difamación (17,6%), el lenguaje ofensivo (12,3%) y violencias por discriminación y racismo (9%)”.
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