Detalles del arresto de Julio César Chávez Jr, detenido por ICE en EE. UU. por vínculos con el Cártel de Sinaloa

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue capturado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 2 de julio en Studio City, California, luego de que las autoridades estadounidenses confirmaran una orden de arresto vigente emitida en México por presunta participación en actividades relacionadas con el crimen organizado, incluyendo tráfico de armas, municiones y explosivos.

La detención fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mediante una declaración pública difundida a través de sus canales oficiales.

En esta se señala que Chávez Jr. fue identificado como posible integrante del Cártel de Sinaloa, grupo que el gobierno de Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera desde inicios de la administración presidencial de Donald Trump.

Según el informe oficial, Chávez Jr. ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 mediante una visa de tipo B2, emitida para fines turísticos, cuya vigencia finalizaba en febrero de 2024.

No obstante, dos meses antes del vencimiento del documento, el 2 de abril de 2024, el deportista presentó una solicitud de residencia permanente argumentando un matrimonio con una ciudadana estadounidense.

Dicha persona, de acuerdo con los registros migratorios, mantuvo previamente una relación con un hijo de Joaquín Guzmán Loera, también conocido como “El Chapo”, cabecilla del mencionado grupo delictivo.

Posteriormente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) remitió al ICE un informe fechado el 17 de diciembre de 2024, en el que se advertía sobre el posible riesgo que Chávez representaba para la seguridad pública.

A pesar de esta advertencia, bajo la administración anterior se le permitió el reingreso al país en enero de 2025, en calidad de extranjero admitido bajo libertad condicional, al no ser considerado como prioridad dentro de las directrices migratorias de ese periodo.

Las autoridades determinaron en junio de 2025 que Chávez Jr. permanecía de manera irregular en territorio estadounidense, tras comprobarse que su solicitud migratoria contenía declaraciones falsas.

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Por tanto, desde el 27 de ese mismo mes se autorizó el inicio del proceso de remoción expedita en su contra, en cumplimiento de las normas aplicables a extranjeros con nexos presuntos con estructuras delictivas transnacionales.

En paralelo a los hechos migratorios, se documentan antecedentes judiciales relacionados con el boxeador. En 2012, fue condenado a 13 días de prisión y 36 meses de libertad condicional por conducir bajo la influencia de sustancias psicoactivas y sin licencia vigente.

En enero de 2023, las autoridades mexicanas emitieron una orden de aprehensión por supuestos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Posteriormente, en enero de 2024, fue nuevamente arrestado en la ciudad de Los Ángeles por posesión ilegal de armas de asalto y fabricación o importación de un rifle de cañón corto, hechos por los cuales fue hallado culpable.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, se pronunció tras la captura. En su declaración indicó que la administración actual implementa un enfoque más estricto en materia migratoria, con especial énfasis en los casos que involucran a individuos con antecedentes judiciales o presuntas conexiones con estructuras criminales internacionales.

“Este afiliado del Cártel de Sinaloa, con una orden de arresto vigente por tráfico de armas, municiones y explosivos, fue arrestado por ICE. Es impactante que la administración anterior señalara a este delincuente indocumentado como una amenaza para la seguridad pública, pero optara por no priorizar su deportación y le permitiera regresar a nuestro país”, afirmó McLaughlin. Agregó que “con el presidente Trump, nadie está por encima de la ley, incluidos los atletas de fama mundial”.

El mismo comunicado del ICE subraya que el Cártel de Sinaloa ha sido vinculado a diversas actividades ilícitas en territorio estadounidense, incluyendo tráfico de estupefacientes sintéticos como el fentanilo, así como acciones armadas que han afectado a ciudadanos estadounidenses. Las autoridades reiteraron que el actual gobierno mantiene una política de “cero tolerancia” frente a personas vinculadas a organizaciones terroristas extranjeras, en línea con los compromisos adquiridos en materia de seguridad fronteriza.

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