Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: un año después, ¿qué pasó con los responsables del crimen?

Un año después de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida el 11 de agosto de 2025 como consecuencia del atentado que sufrió 64 días antes en Bogotá, la investigación judicial ha permitido identificar y procesar a buena parte de la estructura encargada de planear y ejecutar el crimen, aunque continúa abierta una de las preguntas centrales del magnicidio: quiénes dieron la orden de asesinarlo y cuáles fueron las motivaciones detrás del ataque.

Uribe Turbay tenía 39 años y adelantaba su campaña como precandidato presidencial por el Centro Democrático cuando fue atacado durante un acto político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, el 7 de junio de 2025.

Lea también (Terremoto en Colombia: organismos multilaterales ofrecen US$1.300 millones en cooperación)

El dirigente recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza y otro en una pierna, y permaneció hospitalizado durante más de dos meses hasta su muerte.

El asesinato produjo un impacto que trascendió el escenario electoral. Uribe Turbay era senador desde 2022 y había desarrollado buena parte de su carrera pública en Bogotá, donde fue concejal y posteriormente secretario de Gobierno. Para el momento del atentado recorría el país como aspirante a la Presidencia y buscaba consolidar su candidatura para las elecciones de 2026.

La tarde del 7 de junio participaba en un encuentro con ciudadanos en Modelia. Mientras intervenía ante los asistentes, un adolescente se aproximó al lugar desde el que hablaba y disparó contra él con una pistola Glock calibre nueve milímetros.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 5:40 p. m. El adolescente, de 15 años, fue detenido poco después por integrantes del esquema de seguridad del senador, mientras otras personas que, según la investigación, participaron en la logística del atentado abandonaron el sector.

Uribe Turbay fue trasladado inicialmente a Medicentro Fontibón, donde recibió atención de urgencia para estabilizarlo. Debido a la gravedad de las heridas fue remitido posteriormente a la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Allí permaneció internado durante 64 días y fue sometido a diferentes procedimientos quirúrgicos y tratamientos especializados. Durante varias semanas su estado se mantuvo bajo estricta vigilancia médica y presentó algunos periodos de estabilidad dentro de la gravedad de las lesiones neurológicas que había sufrido.

Su condición volvió a deteriorarse en agosto. Una hemorragia intracraneal agravó el cuadro y, pese a las intervenciones realizadas por el equipo médico, Miguel Uribe Turbay murió a la 1:56 a. m. del 11 de agosto de 2025.

Su muerte convirtió el atentado en un magnicidio y reabrió en Colombia la discusión sobre la violencia política, la capacidad de las organizaciones criminales para ejecutar asesinatos por encargo y las condiciones de seguridad de quienes participan en campañas electorales.

También puso bajo escrutinio la protección que tenía el senador. Después del ataque surgieron cuestionamientos sobre las solicitudes de fortalecimiento de su esquema de seguridad y las actuaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), mientras las autoridades iniciaban, en paralelo, la reconstrucción de la estructura criminal que hizo posible el atentado.

Trabajo de la justicia

La investigación comenzó por el último eslabón visible de la operación: el adolescente que disparó contra Uribe Turbay. A partir de su captura, los investigadores reconstruyeron movimientos, vehículos, reuniones, comunicaciones y contactos que permitieron avanzar hacia quienes habrían participado en las diferentes fases del plan.

El menor fue sancionado con siete años de privación de la libertad en un centro de atención especializada, la máxima medida contemplada para su caso dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Por tratarse de una persona menor de 18 años, jurídicamente no se habla de una condena penal ordinaria, sino de una sanción impuesta dentro del régimen especial para adolescentes.

Las pesquisas permitieron establecer que detrás del joven existía una organización encargada de suministrarle el arma, trasladar a los participantes, vigilar los movimientos de Uribe Turbay, preparar rutas de escape y garantizar la ejecución del atentado.

Uno de los nombres centrales de esa estructura es Élder José Arteaga Hernández, conocido como alias El Costeño, señalado como uno de los coordinadores de la operación criminal. Arteaga llegó a un acuerdo con la Fiscalía y recibió una pena de 26 años de prisión por su responsabilidad en el magnicidio.

Katerine Andrea Martínez, conocida como Gabriela, también quedó vinculada como una de las participantes fundamentales de la operación. De acuerdo con la investigación, intervino en la entrega del arma utilizada en el atentado y en diferentes actividades relacionadas con la preparación del ataque. Fue condenada a 21 años de prisión.

Otro de los procesados es Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalado como intermediario dentro de la estructura que coordinó el asesinato. Tras aceptar su responsabilidad y llegar a un acuerdo con la Fiscalía, recibió una pena de 22 años de prisión.

Carlos Eduardo Mora González, conocido como alias El Veneco, fue identificado dentro de la investigación por su participación en la logística utilizada por la organización. Fue condenado a 20 años de prisión.

William Fernando González Cruz y Harold Daniel Barragán también fueron judicializados por las actividades que habrían desarrollado antes, durante y después del atentado. Ambos recibieron penas de 21 años de prisión.

Otros implicados, entre ellos Cristian Camilo González Ardila y Brian Ferney Cruz Castillo, han quedado vinculados a actuaciones judiciales derivadas de la investigación.

La persecución de los integrantes de la organización incluso trascendió las fronteras colombianas, con procedimientos de cooperación internacional para localizar a algunos de los señalados de participar en el crimen.

Las confesiones, los preacuerdos y el material recopilado durante la investigación permitieron a las autoridades reconstruir progresivamente una operación que no habría surgido de manera improvisada.

El atentado requirió seguimiento, coordinación logística, suministro de armas, transporte, vigilancia y planificación de la fuga.

La Fiscalía ha sostenido que el asesinato se habría ejecutado mediante un esquema de contratación criminal en el que diferentes personas cumplieron funciones específicas sin que necesariamente todos los participantes conocieran a quienes estaban en los niveles superiores de la organización.

Dificultades

Esa modalidad ha dificultado uno de los objetivos principales de la investigación: recorrer la cadena criminal desde quienes participaron materialmente en el atentado hasta quienes financiaron, promovieron u ordenaron el asesinato.

Las pesquisas terminaron dirigiéndose hacia integrantes de la Segunda Marquetalia, organización disidente surgida después del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Dentro de esa línea investigativa aparecieron los nombres de José Manuel Sierra, conocido como Zarco Aldinever; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Géner García Molina, alias Jhon 40, entre otros integrantes de esa estructura armada.

La Fiscalía ha avanzado sobre la hipótesis de que miembros de esa organización habrían tenido participación en los niveles superiores del plan criminal.

La investigación busca determinar con precisión quién tomó la decisión de asesinar a Uribe Turbay, cómo se transmitió la orden hasta la estructura que ejecutó el atentado, de dónde salieron los recursos y cuál fue la motivación definitiva del magnicidio.

Las órdenes judiciales contra los señalados como posibles determinadores representan una fase distinta del proceso. Mientras buena parte de quienes participaron directamente en la preparación y ejecución del ataque ya fueron identificados, capturados o condenados, el esclarecimiento completo depende de establecer judicialmente la responsabilidad de quienes estuvieron detrás de ellos.

Ese es, un año después, uno de los principales asuntos pendientes del caso.
La muerte de Uribe Turbay también dejó una dimensión familiar marcada por una coincidencia particularmente dolorosa.

El senador tenía tres años cuando perdió a su madre, la periodista Diana Turbay, quien murió el 25 de enero de 1991 después de resultar herida durante una operación de rescate mientras permanecía secuestrada por el grupo de Los Extraditables.

Tres décadas después, Alejandro, hijo de Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona, tenía también tres años cuando su padre fue asesinado.

La familia

Durante el año transcurrido desde el magnicidio, la familia ha debido afrontar simultáneamente el duelo y el avance de un proceso judicial que continúa abierto.
Miguel Uribe Londoño, padre del senador, ha descrito la muerte de su hijo como una ruptura definitiva en su vida y ha insistido en mantener su legado político y familiar.

“Hace un año recibí la llamada que ningún padre debería recibir: tu corazón había dejado de latir. En ese instante, mi vida se partió en pedazos. Hoy, un año después, el dolor sigue siendo más profundo, pero el orgullo y el amor de haber sido tu papá me inspiran a seguir de pie. Nos dejaste tus ideas, tus principios, tu valentía y un legado que nadie podrá borrar. A mi nieto Alejandro le hablaré siempre de ti”, expresó Uribe Londoño al cumplirse el primer aniversario.

María Claudia Tarazona, esposa del senador, también ha relatado el impacto que tuvo el asesinato sobre ella y sus hijos, particularmente sobre Alejandro, quien por su edad ha debido comprender progresivamente lo ocurrido.

“La muerte de una persona que uno ama, de una manera violenta y tan repentina, es muy dolorosa, no solo para mí sino para mis hijos; especialmente para Alejandro, al que todavía le cuesta mucho entender este hecho”, explicó Tarazona.

La familia recurrió a especialistas en duelo infantil para acompañar al niño y explicarle la muerte de su padre de acuerdo con su edad.

“Alejandro me pregunta que si su papá puede volver, que por qué lo mataron, por qué no puede regresar, por qué Dios nos da la vida y después nos la quita”, relató Tarazona.

Para ella, el proceso también ha implicado reconstruir una vida que durante años estuvo ligada a Miguel Uribe Turbay como esposo, padre y compañero.

“Una pareja lo define a uno muchísimo, y además es casi como una vida conjunta. Volverme a redefinir qué soy como mujer, como profesional y como mamá… Es replantearme la vida sin Miguel. Es muy doloroso, pero también es una decisión: el dolor está ahí, no podemos hacer nada, pero lo que decidamos hacer con ese dolor, sí”, señaló.

Tarazona ha explicado que una de las formas de enfrentar la ausencia ha sido mantener presente el comportamiento y los principios que, según ella, guiaron la vida de su esposo.

“Lo que hago siempre es pensar cómo vivía Miguel, cómo fue ese gran hombre, ese gran líder, ese gran ser humano, ese esposo maravilloso, ese papá único, y a través de lo que él vivió, darle sentido a mi vida, siendo mejor persona, que transmita paz y coherencia”, afirmó.

El homenaje

El Congreso de la República rindió un reconocimiento póstumo a Uribe Turbay con la Orden del Congreso de Colombia en el Grado de Gran Cruz con Placa de Oro, distinción recibida por su viuda. También se instaló un monumento en el parque de Modelia donde ocurrió el atentado, convertido desde entonces en uno de los lugares asociados a la memoria del dirigente político.

Pero, más allá de los homenajes, el expediente continúa abierto.
El magnicidio dejó nuevamente sobre la mesa una discusión que Colombia conoce desde hace décadas: la vulnerabilidad de dirigentes políticos frente a organizaciones capaces de planear y financiar asesinatos, especialmente durante periodos electorales.

También revivió interrogantes sobre las medidas de protección que tenía Uribe Turbay y sobre si las instituciones encargadas de garantizar su seguridad pudieron adoptar decisiones adicionales antes del ataque.

A un año de su muerte, el caso presenta dos realidades paralelas. Por una parte, la justicia logró avanzar con rapidez frente a varios de los integrantes de la estructura que participó directamente en el atentado y obtuvo condenas mediante acuerdos con algunos de los responsables.

Por otra, todavía falta establecer plenamente quién ordenó el asesinato, quién lo financió y cuál fue la cadena completa de decisiones que terminó con el ataque del 7 de junio de 2025.

Un año después, varios de quienes participaron en la ejecución del magnicidio están privados de la libertad.

Sin embargo, mientras los determinadores no sean identificados y judicializados el expediente sobre uno de los crímenes políticos más graves de los últimos años en Colombia seguirá abierto y como siempre, impune.

Otras noticias