Aumentan los feminicidios en Colombia en 2026: Nariño lidera con 17 mujeres asesinadas en siete meses

La violencia contra las mujeres vuelve a poner a Nariño frente a una realidad que las cifras ya no permiten observar como una sucesión de episodios aislados. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, 17 feminicidios fueron registrados en el departamento y, durante agosto, otros cuatro casos se sumaron al panorama reportado por las autoridades.

A ello se agregan recientes tentativas de feminicidio contra una mujer en Taminango y una adolescente en Chachagüí. El balance llevó a la Defensoría del Pueblo a reclamar este 2 de septiembre una respuesta inmediata de las instituciones nacionales, departamentales y municipales.

La dimensión del problema aparece con mayor claridad cuando los registros de Nariño se comparan con el comportamiento nacional.

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Según el pronunciamiento de la Defensoría, durante 2026 se han reportado en Colombia 278 noticias criminales por feminicidio, con una tasa nacional promedio de 1,02 casos por cada 100.000 mujeres.

El dato comprende las actuaciones conocidas por las autoridades judiciales y no debe confundirse exclusivamente con el número de feminicidios consumados.

Hasta el 31 de julio, cuatro departamentos aparecían con las tasas más altas del país: Putumayo, Guaviare, Quindío y Nariño. Putumayo alcanzaba 3,02 casos por cada 100.000 mujeres; Guaviare, 2,50; Quindío, 2,43, y Nariño, 1,94. Es decir, la tasa nariñense se acercaba al doble del promedio nacional.

La estadística adquiere otra dimensión cuando se mira más allá del número. Detrás de cada registro existe una mujer asesinada y una familia que enfrenta las consecuencias de una violencia que, en numerosos casos, puede estar precedida por amenazas, agresiones, violencia intrafamiliar, violencia sexual u otras señales de riesgo.

Precisamente por ello, la Defensoría advirtió que la intervención estatal no puede comenzar únicamente después de que se produzca una muerte.

El problema tampoco se limita a Nariño. Un balance divulgado recientemente por la Defensoría, construido a partir de denuncias registradas por la Fiscalía General de la Nación, indicó que entre enero y julio de 2026 Colombia contabilizó 89 feminicidios consumados, 74 tentativas, 20 transfeminicidios y 57.860 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres.

También fueron registrados 16.451 delitos sexuales durante los primeros siete meses del año, de los cuales 12.457 afectaron a niñas y adolescentes.

Esas cifras muestran que el feminicidio representa el extremo de un fenómeno de violencia mucho más amplio. De los 57.860 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres registrados hasta julio, 48.032 correspondieron a mayores de 18 años y 7.439 a niñas y adolescentes.

La magnitud de esos registros constituye uno de los elementos que explican el llamado de la Defensoría para que las instituciones concentren parte de sus esfuerzos en identificar tempranamente los factores de riesgo.

Esas cifras muestran que el feminicidio representa el extremo de un fenómeno de violencia mucho más amplio. De los 57.860 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres registrados hasta julio, 48.032 correspondieron a mayores de 18 años y 7.439 a niñas y adolescentes.

La magnitud de esos registros constituye uno de los elementos que explican el llamado de la Defensoría para que las instituciones concentren parte de sus esfuerzos en identificar tempranamente los factores de riesgo.

Nariño se encuentra precisamente dentro del grupo de territorios donde esa prevención se convirtió en una prioridad.

La Defensoría señaló que la ocurrencia reiterada de feminicidios y tentativas obliga a revisar las capacidades institucionales existentes y las barreras que todavía dificultan la prevención, la protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la reparación integral.

El llamado tiene especial relevancia porque las agresiones contra las mujeres no necesariamente comienzan con un ataque que pone inmediatamente en peligro su vida.

Los antecedentes pueden encontrarse en amenazas, episodios de violencia física o psicológica, agresiones sexuales, violencia intrafamiliar, conductas de control y otras circunstancias que pueden advertir una escalada.

La Defensoría ha insistido durante los últimos meses en que esos antecedentes deben ser evaluados con seriedad por las autoridades.

En julio, después de varios asesinatos de mujeres ocurridos en diferentes regiones del país, el organismo reclamó revisar la oportunidad y suficiencia de las respuestas institucionales y fortalecer los mecanismos de valoración del riesgo, protección y búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas.

El planteamiento parte de una premisa: cuando existen señales previas, la reacción estatal no puede quedar reducida a la investigación penal posterior. Identificar una amenaza a tiempo, valorar adecuadamente el riesgo y coordinar a las entidades encargadas de la protección pueden resultar determinantes para impedir que una cadena de agresiones termine en un feminicidio.

Por esa razón, frente a lo ocurrido en Nariño, la Defensoría pidió que los feminicidios y las tentativas sean analizados de manera inmediata bajo el liderazgo del máximo nivel decisorio de cada entidad.

El propósito es establecer factores de riesgo, detectar las barreras que impidieron una respuesta adecuada y construir un plan de acción interinstitucional con responsabilidades, metas, cronogramas, indicadores y mecanismos de seguimiento.

La solicitud implica que los casos no sean examinados únicamente como expedientes individuales. El organismo pretende que la información permita detectar fallas repetidas en las rutas de atención: denuncias que no reciben una respuesta suficientemente rápida, dificultades para valorar el nivel de peligro, problemas de coordinación entre instituciones o medidas de protección que resulten insuficientes frente a las circunstancias de cada mujer.

Otro componente señalado por la Defensoría es el fortalecimiento de los mecanismos de identificación temprana y valoración del riesgo feminicida.

Cuando existen antecedentes de violencia o señales de amenaza contra la vida y la integridad de una mujer, las entidades deben intercambiar información, mantener continuidad en el seguimiento y adoptar medidas oportunas que eviten la revictimización.

Los recientes episodios ocurridos en Nariño muestran por qué la advertencia tiene carácter urgente. Además de los feminicidios registrados durante los primeros siete meses del año y de los cuatro casos conocidos en agosto, las autoridades han tenido conocimiento de tentativas contra una mujer en Taminango y una adolescente en Chachagüí.

Es decir, la preocupación no se concentra únicamente en hechos ya consumados, sino en mujeres que estuvieron expuestas a ataques potencialmente mortales.
Algunos casos registrados durante el año ya habían provocado rechazo en diferentes municipios del departamento.

En julio, por ejemplo, el asesinato de Darly Juliet Viveros, de 26 años, en Arboleda-Berruecos, generó un pronunciamiento de la administración municipal y llamados para acelerar la investigación. La joven habría sido atacada con arma blanca, según los reportes conocidos entonces.

El escenario de Nariño también se inscribe en una tendencia que la Defensoría viene documentando durante 2026. En marzo, Guaviare ya registraba una tasa elevada de feminicidios y otros departamentos comenzaban a presentar indicadores superiores al promedio. Para ese momento, la entidad advertía sobre la persistencia de las violencias basadas en género y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención.

Cinco meses después, la concentración territorial se modificó, pero el problema permaneció. Putumayo, Guaviare, Quindío y Nariño terminaron ubicándose entre los departamentos con mayor afectación en proporción con su población, una medición particularmente relevante porque permite observar el impacto del fenómeno más allá del número absoluto de casos.

La Defensoría también reclamó investigaciones diligentes y oportunas sobre los feminicidios y las demás manifestaciones de violencia basada en género, con enfoque de derechos humanos, de manera que las víctimas directas e indirectas tengan acceso a la justicia y que los responsables puedan ser identificados y sancionados.

La exigencia institucional incluye, además, garantizar la participación efectiva de las organizaciones de mujeres y de las comunidades en el análisis de las políticas de prevención.

Son precisamente estos sectores los que, por su presencia en los territorios, pueden advertir obstáculos que no siempre quedan reflejados en los informes administrativos: dificultades para denunciar, temor frente al agresor, dependencia económica, ausencia de redes de apoyo o problemas para acceder oportunamente a las instituciones.

El pronunciamiento de este 2 de septiembre deja así una advertencia que trasciende el balance estadístico. Nariño alcanzó una tasa de 1,94 feminicidios por cada 100.000 mujeres al corte de julio, frente al promedio nacional de 1,02. Fueron 17 feminicidios registrados durante esos siete meses, otros cuatro reportados durante agosto y, en los últimos días, dos tentativas que volvieron a activar las alertas.

La Defensoría sostiene que cada uno de esos hechos obliga a preguntarse qué ocurrió antes de la agresión, qué señales existieron, cuáles instituciones conocieron los antecedentes, qué medidas fueron adoptadas y cuáles barreras impidieron evitar el desenlace.

El objetivo de esa revisión no es solamente establecer responsabilidades después de una muerte, sino impedir la siguiente.

En esa diferencia —entre reaccionar después de un feminicidio y actuar cuando aparecen las primeras señales de peligro— se concentra buena parte del llamado formulado a las autoridades.

La estadística nacional muestra la dimensión del problema; la tasa de Nariño revela su impacto territorial y los casos recientes recuerdan que detrás de cada cifra existe una vida que una respuesta institucional oportuna debe intentar proteger.

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