Reforma a la educación: Senado debate fortalecimiento de las universidades públicas y otras medidas

En el frente educativo del Gobierno de Gustavo Petro, la iniciativa más avanzada y de mayor alcance en 2025 es el proyecto de ley que reforma el esquema de financiación de la educación superior pública, una actualización de la Ley 30 de 1992. Este martes entra para discusión en plenaria del Senado de la República.

La propuesta —tramitada en Senado como Proyecto de Ley 212 de 2024 busca asegurar recursos crecientes y reglas presupuestales estables para las universidades estatales, tras décadas de desajustes entre matrícula, expansión de cobertura y transferencias del Estado.

La cartera de Educación enmarcó esta apuesta como el “proyecto que cambiará el futuro del financiamiento”: además de indexar recursos, se introducen mecanismos de actualización anual, criterios de equidad territorial y metas de calidad y pertinencia, con foco en sostenibilidad financiera a largo plazo para las instituciones oficiales.

En paralelo, el debate parlamentario perfila ajustes a indicadores de desempeño y a las fuentes de financiación, atendiendo brechas históricas señaladas por rectores y comunidades universitarias.

El empuje a esta reforma llega después de que el Congreso hundiera, en junio de 2024, el proyecto de Ley Estatutaria de Educación —que pretendía blindar la educación como derecho fundamental y ordenar el sistema de manera integral— al no surtirse el último debate en plenaria del Senado. Ese traspié redefinió la hoja de ruta del Gobierno, que pasó a priorizar proyectos ordinarios con efectos estructurales en financiamiento y gobernanza.

Puntos clave

Regla de crecimiento y actualización de recursos: el proyecto fija aumentos anuales y criterios técnicos para evitar rezagos entre costos reales del sistema y transferencias, uno de los nudos desde 1992.

Sostenibilidad y cierres de brechas: se plantea una arquitectura presupuestal que atienda desigualdades regionales y fortalezca capacidades académicas y de investigación de las universidades públicas.

Compromisos de calidad y pertinencia: la asignación incorpora metas de calidad, cobertura y permanencia estudiantil, alineadas con misiones institucionales y necesidades productivas y sociales.

Ruta legislativa en curso: el trámite ha avanzado con aprobación de artículos en plenaria de Senado, y sigue su curso en el Congreso, con ponencias y modificaciones en discusión.

Importancia del proyecto

Desde hace años, universidades estatales y expertos advierten que el esquema de la Ley 30 no acompasó el crecimiento del sistema (más estudiantes, más sedes, más investigación) con recursos base suficientes.

La consecuencia ha sido presión financiera, dependencia de ingresos propios y tensiones en calidad y expansión. La reforma propone reglas más claras, predecibles y ajustadas a costos, para estabilizar el sistema público sin renunciar a estándares académicos.

Aunque el rótulo público de “nueva ley de educación” sugiere una reforma única y total, el avance real en 2025 se da por paquetes temáticos:

Financiación de la educación superior pública (reforma a Ley 30): eje principal del Gobierno este año.

Ajustes al Plan Nacional de Desarrollo Educativo (PNDE): modificaciones para actualizar metas de calidad y cobertura a 10 años.

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Régimen de Escuelas Normales Superiores y formación docente: se han tramitado iniciativas para clarificar estatus y financiación de las ENS.

Iniciativas curriculares específicas (p. ej., educación socioemocional): nuevos proyectos sectoriales en discusión parlamentaria.

Intentos fallidos

El proyecto de Ley Estatutaria de Educación —radicado por el Gobierno en 2023— quiso definir la educación como derecho fundamental exigible y reorganizar el sistema en todos los niveles, desde inicial hasta superior.

Sin embargo, no alcanzó el último debate y se archivó en 2024, dejando pendiente un marco integral. Este antecedente explica que el Ejecutivo haya reorientado su energía hacia reformas ordinarias viables políticamente (como la financiación universitaria), con impactos inmediatos y acumulativos.

En la práctica, cuando hoy se habla de la “nueva ley de educación” del Gobierno Petro, el contenido concreto que está sobre la mesa es la reforma de financiación para la educación superior pública.

Su aprobación ordenaría las cuentas del sistema estatal y sentaría bases para nuevos ciclos de expansión con calidad, mientras el país define si retoma —y cómo— un marco estatutario integral que blinde la educación como derecho y armonice niveles y modelos. El desenlace depende del pulso legislativo en curso y de la capacidad del Gobierno de construir mayorías alrededor de reglas fiscales realistas y metas académicas verificables.

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