Jennifer Pedraza denuncia 779 nuevas irregularidades académicas en la Fundación San José

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, denunció 779 nuevas irregularidades académicas en la Fundación de Educación Superior San José, institución que continúa bajo escrutinio desde que la congresista reveló la presunta compra de títulos por parte de Juliana Guerrero, entonces candidata al viceministerio de las Juventudes del ministerio de Igualdad.

Tras varios meses de investigación, Pedraza analizó los reportes de 1.276 servidores públicos que registran estudios en dicha institución en sus hojas de vida del Sigep y que actualmente ocupan cargos en entidades del orden nacional, departamental y municipal. De ese universo, identificó 779 casos con inconsistencias académicas.

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Según la congresista, 221 personas no aparecen registradas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), pese a reportar títulos de la Fundación San José ante Función Pública. En estos casos, no existe constancia de inscripción, admisión, matrícula ni grado.

Adicionalmente, 558 servidores públicos presentan registros incompletos en el Snies. De ellos, 201 figuran únicamente como inscritos o admitidos, sin matrícula, avance académico ni graduación, aunque reportan títulos en sus hojas de vida. En 357 casos, el sistema los registra con estado de “matrícula – no graduado”, a pesar de que en el SIGEP y otras bases oficiales constan títulos presuntamente expedidos por la institución, lo que impide verificar la obtención regular del grado.

A estos hallazgos se suman 35 nuevos casos de títulos presuntamente ilegales por incumplir el requisito de presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT. De acuerdo con la investigación, 18 personas se graduaron sin haber presentado las pruebas, nueve se inscribieron pero no asistieron y aun así obtuvieron títulos, y 8 presentaron los exámenes después de haberse graduado.

Pedraza también cuestionó la actuación del ministerio de Educación y señaló directamente al ministro Daniel Rojas. Aseguró que, aunque las investigaciones sobre la institución educativa se iniciaron desde marzo de 2025, no se adoptaron decisiones de fondo. Por ello, solicitó la intervención inmediata de la Fundación San José y pidió a la Procuraduría abrir una indagación preliminar disciplinaria contra el ministro Rojas, la Dirección de Inspección y Vigilancia y las dependencias responsables de los procesos sancionatorios.

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