Más de 1.500 migrantes cruzan a España nadando desde Marruecos

Ceuta, una ciudad autónoma española, situada en la península tingitana, en la orilla africana del estrecho de Gibraltar, atraviesa desde hace varios días una situación de emergencia migratoria tras la llegada masiva de personas que cruzan a nado o por el espigón desde Marruecos. 

Solo en la última semana han llegado a la ciudad por vía marítima más de 1.500 migrantes, a un ritmo de unos 200 diarios, lo que ha dejado los centros de acogida colapsados y saturados. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha advertido de que, de mantenerse el ritmo actual de entradas, Ceuta podría enfrentarse a cifras similares a las de la crisis de 2021, cuando en apenas dos días llegaron a nado a la ciudad más de 8.000 personas en medio de una crisis diplomática entre España y Marruecos.

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Las autoridades locales vinculan el repunte actual a una decisión judicial reciente. Según explican, el origen de la crisis estaría en una sentencia del Tribunal Supremo, hecha pública el 8 de julio, que impide aplicar el rechazo en frontera -las llamadas devoluciones en caliente- a los migrantes interceptados en alta mar que intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla. El tribunal estableció que en estos casos debe seguirse el procedimiento ordinario de devolución previsto en la Ley de Extranjería, un cambio que, ha desincentivado los retornos inmediatos y disparado los intentos de cruce.

El impacto sobre los recursos de acogida es severo. La Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma reconocieron en un comunicado conjunto que la presión migratoria ha desbordado los recursos disponibles, provocando el colapso del sistema de protección de menores y la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde, según cifras oficiales, de los cerca de 1000 migrantes que accedieron a Ceuta en una semana, 170 eran menores de edad. 

Ante la magnitud de la crisis, Vivas pidió al Gobierno central que declarara la "emergencia nacional" y cerrara la frontera, pero el Ejecutivo ha rechazado esa petición. 

La Moncloa respondió que la situación operativa solo puede declararse en los casos expresamente previstos por la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, y evitó culpar a Rabat, con quien mantiene una relación estratégica desde la normalización de relaciones en 2022.

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