Congresista Cathy Juvinao denuncia sobrecosto de $10.800 millones en contrato del Icetex

La representante a la Cámara Cathy Juvinao presentó una denuncia pública sobre presuntas irregularidades en un proceso contractual del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, cuyo objeto es el desarrollo de una aplicación digital para servicios de financiamiento estudiantil.

La congresista advirtió que el contrato en cuestión habría sido direccionado en favor de una empresa específica, presuntamente sin que se respetaran los principios de pluralidad y transparencia que rigen la contratación estatal en Colombia.

La denuncia se centra en un contrato estimado en aproximadamente $10.800 millones de pesos. Según la información divulgada por Juvinao, el proceso se habría estructurado para favorecer a la firma Infotic, una sociedad de carácter mixto con sede en el departamento de Caldas, constituida con participación de entidades públicas y actores privados.

La congresista sostiene que el Icetex recurrió a la figura de convenios interadministrativos para permitir la contratación directa con Infotic, sin realizar convocatoria pública.

La representante señaló que entre junio y septiembre del presente año, durante las sesiones del Comité de Adquisiciones de la entidad, se habrían dado los pasos necesarios para consolidar esta modalidad de contratación, pese a que su aplicación, según la interpretación legal de varios asesores del Icetex, excedería el marco jurídico permitido para la figura empleada.

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De acuerdo con las comunicaciones internas reveladas por Juvinao, varios funcionarios habrían alertado que la pretensión de adjudicar el proyecto a Infotic no cumplía con los requisitos técnicos, financieros ni jurídicos para proceder bajo dicho mecanismo.

Asimismo, la congresista aseguró que durante la estructuración del contrato hubo cambios sustanciales en los valores estimados del proyecto.

Inicialmente, según su denuncia, las cotizaciones se acercaban a los $18.000 millones de pesos, cifra que luego fue ajustada a $12.000 millones y, finalmente, reducida a cerca de $10.800 millones.

No obstante, estudios técnicos referenciados por Juvinao indican que una solución tecnológica con las mismas especificaciones, incluyendo el soporte técnico y mantenimiento por un periodo de 16 meses, podría desarrollarse por un valor de entre $900 millones y $1.000 millones, lo que, de verificarse, representaría un sobrecosto de hasta once veces el valor de mercado estimado.

Según la congresista, los reparos técnicos formulados por asesores internos del Icetex no fueron tenidos en cuenta por los niveles directivos.

Algunos funcionarios que expresaron reservas sobre la viabilidad del contrato habrían sido objeto de presiones institucionales, incluso con insinuaciones de renuncia, lo que a juicio de Juvinao refleja una intención de ejecutar el proceso contractual sin atender los procedimientos internos de evaluación y advertencia de riesgos.

En su pronunciamiento, la representante también cuestionó que el Icetex haya presuntamente desechado otras alternativas de contratación que pudieron haber ofrecido mejores condiciones económicas y técnicas.

Según indicó, la omisión de estudios de mercado confiables y la eliminación de mecanismos de licitación abierta constituyen prácticas que podrían comprometer la legalidad del proceso.

Ante la situación, Juvinao instó al presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, a detener de manera inmediata la ejecución del contrato y a iniciar un nuevo proceso de contratación mediante licitación pública, en el que se garantice la participación de múltiples oferentes y se establezcan reglas claras de selección.

En su declaración pública, manifestó que no se opone a la implementación de soluciones digitales en la entidad, pero insistió en que dichas iniciativas deben adelantarse con criterios de legalidad, eficiencia y uso racional de los recursos públicos.

La congresista advirtió que remitirá la documentación recopilada a los órganos de control para que se verifique si existieron irregularidades de tipo disciplinario, fiscal o penal en el diseño y ejecución del contrato denunciado.

También señaló que, de comprobarse la existencia de sobrecostos injustificados, se podría configurar un posible detrimento patrimonial.

Hasta el momento, el Icetex no ha emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a las acusaciones, ni ha informado sobre la decisión final en torno a la ejecución del contrato con Infotic.

La situación continúa generando inquietudes entre sectores que vigilan la gestión de los recursos destinados a la financiación de la educación superior en Colombia.

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