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Confrontación armada en El Tarra mantiene suspendidas las clases de estudiantes rurales
Conflicto sigue afectando las aulas.

El municipio de El Tarra, en Norte de Santander, atraviesa una situación crítica debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que han impedido el normal desarrollo de las actividades escolares.
El alcalde local, Eyder Robles, que los combates en varias veredas han interrumpido la vida cotidiana de la comunidad, afectando principalmente a los menores en edad escolar que no han podido regresar a clases.
Robles señaló que, pese a los esfuerzos de la administración municipal para garantizar la continuidad educativa, la persistencia de los choques armados ha impedido el acceso seguro de los estudiantes a las instituciones.
El mandatario advirtió que la prolongación de esta situación genera un impacto directo en la formación académica de los niños y en la tranquilidad de las familias que habitan en las zonas rurales.
El alcalde hizo un llamado directo a las estructuras ilegales presentes en la región, específicamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las antiguas Farc, para que detengan las hostilidades que mantienen a las comunidades en medio del conflicto.
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Según explicó, las confrontaciones no solo representan un riesgo para la población, sino que también bloquean la prestación de servicios básicos como la educación y el acceso a bienes esenciales.
De igual manera, el mandatario solicitó la intervención del Gobierno Nacional con medidas concretas que permitan restablecer las condiciones mínimas de seguridad en el territorio.
Insistió en la necesidad de acciones coordinadas entre las autoridades civiles y militares para proteger a los habitantes y, paralelamente, en la búsqueda de mecanismos de diálogo que conduzcan a una salida pacífica.
La situación en El Tarra se enmarca en el escenario de violencia que atraviesa el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.
En este contexto, los pobladores viven en constante riesgo por las disputas territoriales entre grupos ilegales, lo que repercute en la movilidad, la actividad económica y la prestación de servicios públicos.
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