Caso Juliana Guerrero: MinEducación impone vigilancia especial a la Fundación San José

El ministerio de Educación adoptó medidas preventivas y administrativas contra la Fundación de Educación Superior San José, tras identificar situaciones que podrían afectar la calidad, la legalidad y la continuidad del servicio educativo que presta la institución.

Desde comienzos de 2025, la entidad fue notificada sobre posibles irregularidades en la expedición de títulos académicos. En ejercicio de sus funciones constitucionales de inspección y vigilancia, el Ministerio inició una etapa de indagación y recolección de información que incluyó visitas administrativas, revisión documental y verificación de expedientes académicos.

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Como resultado de estas actuaciones, en noviembre de 2025 el Ministerio abrió formalmente una investigación de inspección y vigilancia, que se adelanta de manera simultánea por las vías preventiva y sancionatoria, ante el riesgo de afectación a la prestación del servicio educativo y a la calidad académica.

En el marco de la vía preventiva, el Ministerio ordenó la vigilancia especial y la adopción de medidas administrativas sobre la institución, con el propósito de proteger a los estudiantes, garantizar la validez de sus estudios y corregir las irregularidades detectadas. A partir de esta decisión, la Fundación San José queda bajo seguimiento permanente, con verificación directa del cumplimiento de sus obligaciones académicas, administrativas y financieras.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la obligación de formular e implementar un plan de mejoramiento institucional para subsanar fallas en los procesos académicos y administrativos. Asimismo, se fijaron condiciones obligatorias de ajuste que la institución deberá cumplir para normalizar su funcionamiento y asegurar la prestación legal del servicio educativo.

Adicionalmente, la cartera de Educación designó una inspectora in situ que permanecerá en la institución acompañando y verificando el cumplimiento de las medidas ordenadas. La Fundación deberá reportar y actualizar de manera obligatoria la información académica y administrativa requerida, así como corregir inconsistencias ante los sistemas oficiales de educación superior.

Entre las presuntas irregularidades identificadas se encuentran la expedición de títulos sin la verificación de todos los requisitos legales, la publicidad de programas académicos sin autorización, posibles pagos a docentes por debajo del mínimo legal y la falta de reporte obligatorio de información al sistema oficial de educación.

De manera paralela, en la vía sancionatoria, el Ministerio formuló el pasado 3 de febrero pliego de cargos contra la institución y contra Romelia Ñuste Castro, en su calidad de rectora, así como contra Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general, por presuntos incumplimientos graves relacionados con la expedición de títulos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

De acuerdo con el marco legal vigente, los investigados cuentan con un plazo de 30 días para presentar descargos y solicitar pruebas. El Ministerio precisó que la actuación se adelanta con pleno respeto por las garantías constitucionales, administrativas y el debido proceso, y que los resultados de esta etapa podrían conocerse en un plazo estimado de dos a tres meses.

La cartera de Educación aclaró que estas medidas no implican el cierre de la institución. La Fundación San José puede continuar desarrollando sus actividades académicas mientras cumple las obligaciones impuestas, y los estudiantes no perderán sus estudios ni sus avances académicos. El objetivo, reiteró el Ministerio, es proteger las trayectorias educativas, garantizar la validez de los títulos y asegurar condiciones de calidad en la educación superior.

Finalmente, la entidad señaló que cualquier investigación adelantada por la Fiscalía corresponde a posibles responsabilidades individuales y es independiente de este proceso administrativo. El Ministerio continuará informando sobre el avance del seguimiento y podrá mantener, ajustar o levantar las medidas según el nivel de cumplimiento de la institución.

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