Cancelan licencia del colegio Los Laureles de Cajicá tras muerte de Valeria Afanador

Mediante la Resolución 004627 de junio de 2026, la administración departamental declaró administrativamente responsable al plantel y a su rectora, Sonia Ochoa Daza, por una infracción grave a las normas que regulan la prestación del servicio público educativo.

Aunque la decisión aún no está en firme y la defensa podrá interponer recursos, el fallo ordena que el cese de operaciones se haga efectivo al terminar el calendario escolar de este año, y obliga a las directivas a presentar un plan de reubicación de estudiantes antes del 31 de octubre de 2026.

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En el frente penal, la Fiscalía ya tiene listos los elementos para imputar cargos a dos docentes de la institución, al considerar que existen indicios suficientes de responsabilidad penal por el presunto incumplimiento de sus deberes de custodia y vigilancia el día en que la menor desapareció de las instalaciones. 

El debate jurídico girará en torno a la figura de la "comisión por omisión": dado que Medicina Legal dictaminó que Valeria falleció por ahogamiento en el río Frío sin signos de violencia física, el representante civil de la familia, Julián Quintana, sostiene que el personal del colegio rompió su posición de garante al permitir que la niña abandonara el perímetro escolar sin activar ninguna alerta interna oportuna.

La nueva resolución de la Gobernación podría endurecer además el escenario penal para la dirección del plantel, ya que la administración departamental ordenó compulsar copias de todo lo actuado a la Fiscalía para que se evalúe específicamente la conducta de la rectora Ochoa Daza.

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