Supersalud pide aclaración a la Corte Constitucional tras fallo que revocó intervención a Sanitas

La Superintendencia Nacional de Salud presentó ante la Corte Constitucional una solicitud de aclaración sobre la Sentencia C-277 de 2025, que revocó la intervención de la EPS Sanitas y ordenó devolver su administración al grupo Keralty. El propósito de la solicitud es precisar los efectos y procedimientos derivados de esa decisión judicial.

La entidad busca obtener claridad sobre los trámites, procesos y actuaciones que deben adelantarse tras el fallo. Además, en la misma fecha, la Supersalud interpuso un incidente de nulidad, con el argumento de que se vulneró su derecho al debido proceso como parte accionada en el proceso constitucional.

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El documento fue radicado por María Camila Ana Fernanda Lozano Martínez, subdirectora de Defensa Jurídica de la Supersalud, y Yaki Hortúa, y fue recibido por la Secretaría General de la Corte días después de publicarse la sentencia.

La decisión original de la Corte fue producto de una acción de tutela interpuesta por las entidades y personas vinculadas a la EPS Sanitas, entre ellas Clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S., Keralty S.A.S. y Juan Pablo Rueda Sánchez, gerente de la EPS.

De acuerdo con el grupo empresarial Keralty, la intervención estatal realizada en abril de 2024 impactó negativamente el funcionamiento de la entidad, generando un aumento en el número de tutelas, dificultades en la red de atención y pérdida de capacidad operativa.

Luego de varios meses de litigios, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que la Supersalud vulneró el debido proceso de los accionantes. El alto tribunal determinó que la entidad actuó de manera contraria a los mandatos constitucionales al no valorar ni aplicar órdenes previas de la Corte y realizar una interpretación arbitraria del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, base legal de la intervención.

Como resultado, el fallo anuló las resoluciones de la Supersalud que ordenaron la intervención administrativa, tanto las emitidas en abril de 2024 como su prórroga en 2025.

La Corte señaló que las decisiones se tomaron sin garantizar el cumplimiento de estándares mínimos de debido proceso, lo que llevó a ordenar la restitución de la administración de la EPS Sanitas a Keralty. Según esta organización, el año de administración estatal provocó fragmentación en los servicios y retrocesos operativos dentro del sistema de salud.

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