Procuraduría alerta por deterioro del sistema de salud y advierte riesgos en EPS durante el gobierno Petro

La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta sobre el estado del sistema de salud en Colombia tras identificar un “deterioro progresivo” en su funcionamiento y en la operación de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), según un informe divulgado este viernes. El documento, elaborado a partir de visitas administrativas y análisis financieros, evaluó la situación de 18 EPS, de las cuales nueve se encuentran intervenidas.

El informe se conoció pocas horas después de que la Corte Constitucional abriera un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud por el incumplimiento de la orden de reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un hecho que, según el ente de control, se inscribe en un contexto de crecientes presiones financieras y operativas sobre el sistema.

De acuerdo con los hallazgos, las fallas estructurales del modelo se han profundizado en los últimos años, afectando la capacidad de respuesta frente a los usuarios en distintas regiones del país. La Procuraduría advirtió que esta situación representa un riesgo directo para las personas que requieren atención médica oportuna y continua.

Uno de los indicadores que más preocupa al organismo es el incremento sostenido de quejas, tutelas e incidentes de desacato. El informe proyecta más de 131.000 tutelas para 2025 y cerca de 33.000 incidentes de desacato, cifras que reflejan, según el ente de control, las dificultades persistentes para garantizar servicios, tratamientos y suministro de medicamentos.

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En materia financiera, el documento concluye que varias de las intervenciones forzosas adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud no lograron estabilizar a las EPS y, por el contrario, en algunos casos agravaron su situación. Entre los ejemplos más críticos se encuentra Nueva EPS, donde el costo de los servicios pasó del 95 % de los ingresos en 2022 al 121 % en 2023, además de registrar un patrimonio negativo superior a los cuatro billones de pesos.

Otro caso señalado es el de Coosalud EPS, cuya siniestralidad aumentó del 94 % en 2022 al 115 % en 2025, lo que implica un gasto mayor a los ingresos y pérdidas que superan el billón de pesos en el último año evaluado.

La Procuraduría también puso bajo la lupa presuntas irregularidades como facturación de servicios a usuarios fallecidos, posibles sobrecostos y obstáculos en el acceso a medicamentos. Estas situaciones dieron lugar a actuaciones preventivas y a la apertura de nuevas investigaciones disciplinarias contra funcionarios que, por acciones u omisiones en labores de dirección, regulación y vigilancia, habrían contribuido al agravamiento de la crisis.

Según el ente de control, los resultados del informe evidencian una presión creciente sobre el sistema de salud, tanto en su sostenibilidad financiera como en la atención directa a los afiliados. La Procuraduría anunció que mantendrá el seguimiento a las EPS evaluadas y a las entidades responsables de la supervisión del sector, mientras avanzan las investigaciones para establecer eventuales responsabilidades.

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