Más de 2.400 muertes en 2025 por barreras de atención, según pacientes con enfermedades raras

La crisis del sistema de salud en Colombia habría cobrado al menos 2.436 vidas durante 2025 debido a barreras en el acceso a servicios, medicamentos y tratamientos, según denunció la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer). De ese total, más de 500 fallecimientos corresponderían a afiliados de la Nueva EPS, entidad que permanece bajo intervención del Gobierno.

La alerta se conoce en medio de una nueva advertencia de la Defensoría del Pueblo, que expresó su preocupación por posibles interrupciones en la prestación de servicios y en la entrega de medicamentos durante 2026. El organismo señaló que ha recibido notificaciones de centros asistenciales en varios departamentos, especialmente en Boyacá, donde ya se confirmaron suspensiones de servicios.

De acuerdo con Fecoer, el 40 % de las muertes registradas por barreras de acceso corresponde a pacientes afiliados a EPS intervenidas. Aunque la Nueva EPS no concentra el mayor número de afiliados con enfermedades raras o de alto costo, es la entidad con el mayor número de fallecimientos reportados, con 536 casos hasta diciembre de 2025.

Diego Fernando Gil Cardozo, director ejecutivo de la federación, advirtió en declaraciones a RCN Radio que la situación obedece a un déficit estructural que se viene acumulando desde hace varios años y que hoy se traduce en mayores obstáculos para acceder a medicamentos, tecnologías y servicios especializados. Señaló que los más afectados son pacientes con enfermedades huérfanas, condiciones crónicas complejas y patologías de alto costo.

Uno de los puntos críticos, según el directivo, es el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La expectativa del sector era que el incremento para el régimen contributivo superara el 15 %, pero el ajuste anunciado fue del 9 %, porcentaje que, a su juicio, no cubre las necesidades reales de atención ni compensa el impacto del aumento del salario mínimo sobre los costos operativos del sistema.

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Gil también indicó que no se trata de una enfermedad específica con mayores barreras, sino de una problemática generalizada que afecta a todo el sistema. Las reclamaciones ante la Superintendencia Nacional de Salud, añadió, se mantienen por encima de las 2.500 cada mes, lo que refleja la magnitud del problema.

El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, emitido el 31 de diciembre de 2025, se produjo tras la suspensión masiva de servicios ambulatorios en hospitales de Boyacá y la interrupción en la dispensación de medicamentos para afiliados de la Nueva EPS por parte de Colsubsidio. La entidad pidió al Gobierno nacional adoptar medidas urgentes para garantizar la continuidad de la atención en todo el país.

Además, solicitó a las EPS intervenidas y a los gestores farmacéuticos implementar planes de contingencia inmediatos, informar con claridad las rutas de atención y fortalecer la coordinación con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y los agentes interventores, con el fin de evitar nuevas interrupciones que pongan en riesgo la vida de los pacientes.

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