Sindicato de trabajadoras domésticas alerta por despidos tras alza del salario mínimo para 2026

El incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado en un 23 % y defendido por el Gobierno como una medida para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, encendió alertas entre las trabajadoras domésticas, que advierten un posible aumento de despidos y una mayor precarización laboral en el sector.

Así lo manifestó Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, quien en diálogo con Mañanas Blu señaló que, aunque el aumento del salario es positivo en principio, su aplicación sin mecanismos efectivos de control podría tener efectos adversos. “El aumento me parece muy bueno, pero debería haber mecanismos para que se cumpla la norma, porque nadie cumple nada”, afirmó.

Para 2026, el salario mínimo alcanzará los dos millones de pesos mensuales si se incluye el auxilio de transporte. Sin embargo, desde el sindicato explican que el costo real de contratar formalmente a una trabajadora del hogar es considerablemente mayor. Según los cálculos del gremio, al sumar seguridad social, prestaciones y demás obligaciones legales, el valor puede ascender a cerca de 3 millones 25 mil pesos mensuales.

Hurtado aseguró que este escenario ya está influyendo en las decisiones de algunos empleadores. “Hablé con unas diez patronas y dijeron que no van a tener empleada todos los días, sino una vez a la semana. Eso es grave, porque muchas compañeras sobreviven trabajando cuatro o cinco días”, señaló. A su juicio, la medida podría restringir el acceso al trabajo doméstico formal a hogares con mayores ingresos.

El sindicato también cuestionó las cifras oficiales sobre el tamaño del sector. Mientras el DANE estima que hay alrededor de 700.000 trabajadoras domésticas en el país, Hurtado afirmó que, según datos sindicales, la cifra real podría acercarse a los cuatro millones. “El Gobierno no tiene un dato claro porque nunca ha hecho un estudio serio casa por casa”, sostuvo.

Uno de los grupos más vulnerables, según la dirigente, es el de quienes trabajan por días, una modalidad que cobija a unas 350.000 personas. En estos casos, explicó, el pago diario puede llegar a 100.000 pesos, pero sin contrato, prestaciones ni garantías básicas, y en algunos casos sin alimentación. También denunció que, tras la pandemia, se ha vuelto frecuente que se exija concentrar varios días de trabajo en una sola jornada.

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Sobre la posibilidad de exigir derechos laborales, Hurtado advirtió que la falta de contratos dificulta cualquier reclamación. “Si no hay contrato firmado, no hay una ley que defienda a la trabajadora. Ir al Ministerio de Trabajo es muy complicado; llevo un año acompañando un caso y no hemos logrado que nos atiendan”, afirmó.

La situación de las trabajadoras internas también genera preocupación. Según la presidenta del sindicato, muchas podrían verse obligadas a aceptar pagos inferiores a los costos legales ante el temor de quedarse sin empleo. “Muchas van a decir que tres millones es mucha plata y la empleada termina aceptando lo que le den para no quedarse sin trabajo”, dijo.

Finalmente, Hurtado cuestionó la ausencia del gremio en las discusiones sobre el salario mínimo. Aseguró que las trabajadoras domésticas no son consultadas y que su representación recae en centrales obreras a las que no pertenecen. “El trabajo digno del que tanto habla el Gobierno no se está aplicando con las trabajadoras del hogar”, concluyó.

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