“La Reforma a la Salud sí cuenta con aval fiscal”, ministro Guillermo Jaramillo

El Ministerio de Salud confirmó que el Proyecto de Ley de Reforma a la Salud cuenta con el aval fiscal otorgado por el Ministerio de Hacienda, requisito indispensable para su debate y eventual aprobación en el Senado de la República. Con esta certificación, la cartera busca destrabar el trámite del proyecto, actualmente estancado en la Comisión Séptima del Senado.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el aval fiscal ha sido presentado en varias ocasiones: inicialmente en septiembre de 2024, posteriormente en mayo de 2025 tras su aprobación en la Cámara de Representantes —con ajustes relacionados con fuentes de financiación y progresividad del gasto—, y nuevamente en julio de 2025 al inicio de la nueva legislatura.

#Comunicado | La reforma a la salud sí cuenta con aval fiscal. En agosto de 2025, @MinHacienda allegó a la Comisión Séptima del Senado, el documento de aval fiscal para la aprobación del Proyecto de Ley. pic.twitter.com/uym1DTrYCX

— MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) November 6, 2025

Pese a ello, la senadora conservadora Nadia Blel presentó una proposición para que el Gobierno detalle ante la Comisión Séptima el costo total de la implementación de la reforma una vez se apruebe el Presupuesto General de la Nación 2026. 

Según Blel, el Partido Conservador solicitó aclaraciones al Ministerio de Hacienda sobre las fuentes de financiación, señalando que “existían inconsistencias en la información enviada por el Ministerio de Salud, las cuales aún no han sido plenamente validadas”.

El proyecto, radicado en septiembre de 2024 y aprobado en la Cámara en marzo de 2025, se encuentra detenido desde abril en el Senado, donde —según el Ministerio de Salud— “se han planteado múltiples excusas para dilatar el debate”.

La discusión se ha centrado en un punto crítico: el costo real de implementar los cambios estructurales propuestos, que transformarían por completo el actual modelo de atención y afiliación. Una reforma que ha generado fuerte controversia, pues sus críticos aseguran que la gestión gubernamental ha precipitado la crisis del sistema, afectando la calidad del servicio, la disponibilidad de medicamentos y la estabilidad financiera de EPS, hospitales y clínicas en todo el país.

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