Sandra Ramírez pidió a la JEP reemplazar audiencia presencial por respuestas escritas en caso de reclutamiento

La defensa de la exintegrante de las Farc y exsenadora, Sandra Ramírez, solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cambiar la modalidad de la versión voluntaria programada para el próximo 4 de noviembre, dentro de las investigaciones relacionadas con el reclutamiento de menores por parte de la antigua guerrilla.

Según el documento presentado ante la jurisdicción, la exsenadora estaría siendo víctima de una campaña de estigmatización pública, hostigamientos mediáticos y amenazas de muerte que, a juicio de sus abogados, comprometen su seguridad e integridad personal.

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La defensa sostuvo que los señalamientos provenientes de distintos actores políticos y mediáticos pueden generar efectos similares a los actos de estigmatización que han sido cuestionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Para sustentar esta posición citó el caso Yarce y otras contra Colombia, relacionado con líderes sociales de la Comuna 13 de Medellín que enfrentaron hostigamientos sistemáticos.

Asimismo, argumentó que la Corte ha reconocido que las amenazas reiteradas pueden afectar la integridad psicológica y moral de una persona, incluso cuando estas no se traducen en agresiones físicas. 

Con base en ello, los abogados consideran que los hostigamientos y amenazas denunciados por Ramírez ya representan una afectación a sus derechos.

También mencionaron como antecedente el caso de Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica asesinado tras haber sido objeto de estigmatización pública, argumentando que ese precedente debe ser considerado para evitar escenarios de persecución contra personas que participan en la vida política después de procesos de paz.

Entre las solicitudes elevadas a la JEP se encuentra que la diligencia se realice mediante respuestas escritas en lugar de una audiencia presencial. 

Además, la defensa pidió que la jurisdicción consolide en un único cuestionario las preguntas derivadas de los hechos investigados, las menciones que aparecen en el auto de llamamiento a versión, las inquietudes de las víctimas acreditadas y los interrogantes de la Procuraduría.

Igualmente, solicitó que se otorgue un plazo mínimo de 30 días hábiles para responder, contado a partir del momento en que reciba el cuestionario y disponga de las condiciones necesarias para elaborar sus respuestas.

La defensa aclaró que no busca evadir la obligación de aportar verdad al sistema de justicia transicional, sino modificar la metodología de la diligencia para garantizar condiciones que considere adecuadas de seguridad y preparación.

Como parte de sus argumentos, recordó que la propia JEP ha utilizado anteriormente mecanismos de respuestas escritas.

En particular, citó una decisión adoptada en septiembre de 2026 dentro de una investigación relacionada con presuntos casos de violencia de género al interior de las antiguas Farc-EP, en la que se permitió una metodología similar.

Según los abogados, ese antecedente demuestra que las respuestas escritas son una herramienta que permite organizar la información y entregar aportes de verdad con precisión.

Por ahora, la petición está en estudio y será la magistratura de la JEP la que determine si mantiene la audiencia programada para el 4 de noviembre o si accede a modificar la forma en que Sandra Ramírez deberá rendir su versión ante la jurisdicción.

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