Francisco Bernate asegura que disputa entre Supersalud y la Fábrica de Licores de Antioquia es de trasfondo político

La Superintendencia Nacional de Salud presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra directivos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) porque, supuestamente, la empresa impidió la continuidad de una auditoría que realiza el organismo de control.

Sin embargo, el abogado penalista Francisco Bernate calificó el caso como una disputa de carácter político: “Es una pelea política”.

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Además, afirmó que la denuncia difícilmente prosperaría, porque, según él, negarse de manera justificada a una auditoría no constituye obstrucción al ejercicio de la función pública.

También explicó que en Colombia este tipo de denuncias suelen utilizarse con fines políticos y para trasladar debates políticos al escenario judicial.

“Es una costumbre ya en Colombia que se hace política a través de este tipo de denuncias, denuncias que desde el día cero se saben que no van a proceder y entonces pues es una forma, lo vimos en la pasada campaña presidencial, donde se presentan denuncias pues que no tienen nada que ver pero que con eso se pretende hacer política y en últimas el perjudicado pues es la justicia colombiana”, declaró. 

Finalmente, el abogado dijo que, si la FLA considera que cierta información no hace parte del objeto de la auditoría, debe justificar de forma motivada por qué no la entrega. Asimismo, agregó que, si la entidad considera que la solicitud vulnera derechos fundamentales como el debido proceso o la confidencialidad, puede acudir a una acción de tutela para protegerlos.

Según la Supersalud, el pasado 26 de junio el equipo auditor estuvo en las instalaciones de la FLA para reanudar inspecciones, pero la entidad no permitió el desarrollo de la diligencia. El organismo aseguró que se trata de un hecho "sin precedentes" y que la obstrucción al ejercicio de sus funciones podría configurar el delito de obstrucción a la función pública.

La entidad explicó que la auditoría había estado suspendida mientras se resolvía una recusación presentada por la FLA contra el superintendente Nacional de Salud y otro funcionario. Pero después de que el Ministerio de Salud declarará no probada esa recusación, la inspección podía continuar.

Por estos hechos, la Superintendencia presentó una denuncia penal, informó a la Procuraduría y a la Contraloría, y anunció actuaciones administrativas, incluida la posible imposición de multas por el presunto incumplimiento de sus requerimientos.

Por su parte, la Fábrica de Licores de Antioquia rechazó los señalamientos y aseguró que ha entregado la información solicitada y colaborado con los organismos de control.

La empresa afirmó que en ningún momento se ha negado a suministrar la información y explicó que la recusación presentada contra funcionarios de la Supersalud es un mecanismo previsto en la ley para garantizar la imparcialidad, la transparencia y el debido proceso.

Además, aseguró que algunos requerimientos de la Supersalud exceden el alcance de la vigilancia en salud, al solicitar información contractual, financiera y confidencial que, a su juicio, no está relacionada con el objeto de la auditoría.

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