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Corte Constitucional ordena suspender por 30 días mesas del ministerio de Salud para reajustar la UPC
El Alto Tribunal exige garantizar participación efectiva de todos los sectores en el cálculo de los recursos del sistema de salud.

La Corte Constitucional le ordenó al ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Alfonso Jaramillo, suspender de manera inmediata las sesiones de las mesas de trabajo creadas para calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor anual asignado por el sistema de salud a cada afiliado para cubrir sus servicios básicos. La decisión fue tomada al considerar que no se ha garantizado una participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones.
La instrucción fue emitida por la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, conformada por los magistrados José Fernando Reyes, Vladimir Fernández y Miguel Polo Rosero.
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En el auto, los jueces advierten que las actividades adelantadas por el Ministerio en estas mesas carecen de la inclusión de sectores fundamentales como la Andi, Asocajas, Acemi, la Procuraduría y asociaciones de pacientes, quienes denunciaron la falta de participación y el presunto intento de dilatar el cumplimiento de órdenes previas del Alto Tribunal.
“La participación ciudadana es un mandato constitucional y debe ser efectiva en la toma de decisiones sobre políticas públicas de salud. Por ello ordena la suspensión de las sesiones de la mesa de trabajo durante 30 días”, indica el documento de la Corte.
Durante este periodo, el Ministerio deberá ajustar las reglas de funcionamiento de la mesa, garantizar tiempos equitativos de intervención, estudiar aspectos como el rezago de la UPC y el aumento de la siniestralidad, y asegurar la participación de todos los sectores conforme a los lineamientos constitucionales y a lo estipulado en la Sentencia T-760 de 2008.
La Corte también ordenó al Ministerio discutir previamente con los participantes los temas a tratar en cada sesión, ofrecer condiciones adecuadas de horario y conectividad, y establecer mecanismos de seguimiento. Todo esto con el fin de evitar “perjuicios graves e irreparables” en el sistema de salud y proteger el acceso de los pacientes a sus tratamientos.
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