Alcaldía de Medellín recusa al superintendente Daniel Quintero para evitar su intervención en el sistema de salud

La administración distrital de Medellín, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez y la secretaria de Salud, Natalia López Delgado, presentó una recusación formal contra el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle. El recurso busca que el funcionario se declare impedido y se aparte de cualquier actuación administrativa que involucre al sistema de salud de la capital antioqueña.

El argumento central de la Alcaldía sostiene que la imparcialidad de Quintero Calle está comprometida debido a su cargo como alcalde de la ciudad entre 2020 y 2023, periodo en el cual tuvo injerencia directa en las decisiones y operación de la estructura sanitaria local. El documento advierte sobre la existencia de múltiples procesos judiciales donde coinciden el Distrito y la Superintendencia, incluyendo una acción popular por fallas en el flujo de recursos y un incidente de desacato ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Adicionalmente, el Distrito recordó que cursa en el Consejo de Estado una demanda de nulidad electoral contra el nombramiento del actual superintendente, interpuesta por la propia alcaldía y diversas entidades hospitalarias públicas. La recusación también menciona investigaciones disciplinarias y penales contra Quintero por hechos ajenos a su cargo actual, las cuales, según el gobierno local, podrían afectar su objetividad en decisiones que impacten a Medellín.

Otro punto de controversia radica en los pronunciamientos públicos del superintendente en redes sociales y medios de comunicación. La administración de Gutiérrez señala que expresiones de Quintero calificando la situación de salud como colapso o engaño constituyen un prejuzgamiento. Asimismo, se mencionan denuncias ante la Fiscalía por presunta injuria y calumnia debido a términos descalificadores usados contra funcionarios locales.

La Alcaldía de Medellín planteó que, de no aceptarse la recusación, el caso sea remitido a la Procuraduría General de la Nación para que se designe un superintendente ad hoc. Según la administración, esta medida legal busca garantizar la transparencia, la independencia y el debido proceso en las decisiones que afecten el servicio de salud de los ciudadanos medellinenses.

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