La Fiscalía envía a prisión a dos mujeres acusadas de torturar a un menor de 7 años en el Atlántico

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Mileidys Nohemí Viloria Sanjuanelo y de su pareja sentimental, Sindy Patricia Santiago Echeverría, señaladas de someter a un niño de 7 años a continuos episodios de violencia física y psicológica. Las procesadas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por orden de un juez de control de garantías mientras avanza el juicio en su contra.

El expediente penal detalla que los actos de violencia se desarrollaron de manera sistemática entre los años 2024 y 2026. Según las indagaciones del ente acusador, las agresiones ocurrieron en diferentes inmuebles ubicados en el barrio Simón Bolívar, en la ciudad de Barranquilla, y en el sector de Costa Hermosa, en la jurisdicción del municipio de Soledad, Atlántico.

Las pesquisas de la Seccional Atlántico permitieron determinar que el menor padeció un patrón reiterado de maltratos que vulneró su integridad física y le provocó profundas afectaciones emocionales. Las evidencias recopiladas indican que las imputadas habrían ejercido estas conductas punibles de forma conjunta durante cerca de 24 meses.

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Uno de los elementos centrales presentados por la representación fiscal corresponde al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La evaluación forense confirmó que el niño resultó con una deformidad permanente en el rostro debido a los continuos impactos recibidos en la zona facial.

De igual manera, los peritos forenses establecieron una incapacidad médico-legal inicial de 25 días para la víctima. La gravedad de las secuelas obligó a que el menor recibiera atención médica especializada en un centro hospitalario de la región para atender la complejidad de las heridas.

Durante el desarrollo de las audiencias preliminares se expuso que la víctima requirió una intervención quirúrgica de alta complejidad. Los procedimientos médicos incluyeron una cirugía maxilofacial reconstructiva con el fin de corregir las afecciones estructurales causadas en el rostro del pequeño.

En las diligencias judiciales, la Fiscalía presentó apartes del testimonio otorgado por el niño, quien describió los métodos empleados para agredirlo. De acuerdo con la declaración, las mujeres utilizaban diversos elementos contundentes para infligirle castigos físicos de forma constante en el interior de la vivienda.

El relato del menor detalló agresiones directas con varillas de hierro, palos de madera y cinturones de cuero en distintas partes del cuerpo. Asimismo, el pequeño afirmó que le causaron lesiones recurrentes en la cavidad oral mediante el uso de utensilios de cocina.

En la exposición de los hechos, el fiscal del caso reseñó un episodio específico en el cual el menor sufrió una fuerte hemorragia labial. La agresión se produjo luego de que una de las procesadas abriera de forma violenta la boca del niño tras un reclamo doméstico, reabriendo heridas que ya se encontraban en proceso de cicatrización.

El testimonio del menor también refirió impactos directos sobre el tórax, la espalda y las extremidades. En una de las declaraciones, la víctima indicó haber perdido la movilidad temporal de uno de sus brazos como consecuencia de un fuerte golpe propinado con un garrote en la zona del hombro.

Adicionalmente, el ente investigador documentó agresiones en las extremidades inferiores del niño. Entre los sucesos descritos figura el lanzamiento de un objeto pesado de piedra utilizado como tope de puerta, el cual le causó lesiones en un pie, además de cortes producidos con varas de madera partidas.

La investigación evidenció presuntos comportamientos de naturaleza íntima ejercidos por Sindy Patricia Santiago Echeverría contra el niño, aspectos que fueron expuestos por la representación de la Fiscalía ante el juzgado como parte del catálogo de agravantes de la conducta.

Para evitar que los hechos salieran a la luz pública, las imputadas habrían proferido constantes amenazas contra el menor. El ente acusador señaló que al pequeño se le advertía de manera reiterada que no debía revelar a terceros los episodios de maltrato que padecía en la residencia.

Con el objetivo de ocultar la visibilidad de las marcas corporales, las procesadas habrían retirado al niño del sistema educativo. La desescolarización forzada impidió que los educadores o las autoridades del sector identificaran de manera oportuna las lesiones del estudiante.

Durante la audiencia de imputación, un fiscal de la Seccional Atlántico formuló cargos por los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas. Ninguna de las procesadas aceptó su responsabilidad en las conductas atribuidas, mientras que el menor fue dejado bajo la custodia de su padre biológico como medida de protección.

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