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Acemi demandará el decreto que redistribuye afiliados entre EPS: advierte riesgos para millones de pacientes
El gremio advierte que la norma es casi idéntica a otra que ya fue suspendida por el Consejo de Estado.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) reaccionó con dureza a la expedición del Decreto 0182 de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional modifica las reglas de habilitación territorial para las Entidades Promotoras de Salud y ordena una redistribución masiva de afiliados en todo el país. En un comunicado, el gremio cuestionó tanto la forma como el fondo de la medida y anunció que acudirá a instancias judiciales para controvertirla.
Uno de los argumentos centrales de Acemi es que los cambios estructurales que introduce el decreto en el sistema de aseguramiento deberían tramitarse mediante ley y no por vía de decreto.
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A esto se suma una advertencia de fondo: según el gremio, el contenido de la norma reproduce lo establecido en el Decreto 0885 de 2025, que fue suspendido en octubre pasado por el Consejo de Estado, lo que a su juicio pone en entredicho la validez jurídica de la nueva medida.
En términos prácticos, las consecuencias proyectadas por Acemi son significativas. De aplicarse el decreto, Nueva EPS —que ya cuenta con más de 11,5 millones de usuarios— podría recibir alrededor de 2,6 millones de afiliados adicionales, profundizando aún más su concentración en el mercado. Al mismo tiempo, algunas EPS intervenidas registrarían incrementos cercanos al 40 % en su número de afiliados, mientras que las EPS agremiadas no intervenidas perderían más de 800.000 usuarios.
El gremio advierte que esta redistribución no se daría en condiciones de equilibrio entre las entidades que ceden población y las que la reciben, lo cual podría traducirse en afectaciones directas para los pacientes: interrupciones en la red de prestación de servicios, demoras en la entrega de medicamentos y alteraciones en la programación de procedimientos. Todo esto, en un contexto en que varias EPS ya enfrentan medidas de intervención y serias dificultades financieras y operativas.
Ante este panorama, Acemi confirmó que insistirá en las rutas de defensa legal disponibles, al considerar que el decreto, lejos de corregir los problemas estructurales del sistema, podría profundizarlos y afectar a millones de colombianos en distintas regiones del país.
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