SuperTransporte multa a Precoltur con $4.215 millones tras accidente que dejó 17 muertos en Antioquia

La Superintendencia de Transporte sancionó con una multa de $4.215.821.536 a la empresa Precolombina de Turismo Especializado S.A.S. (Precoltur), luego de concluir una investigación administrativa relacionada con el accidente de tránsito ocurrido el 14 de diciembre de 2025 en el municipio de Remedios, Antioquia, hecho en el que perdieron la vida 17 personas y otras 20 resultaron lesionadas.

La decisión fue adoptada tras varios meses de actuaciones adelantadas por la autoridad de vigilancia y control, que buscaban establecer si la compañía cumplía con las obligaciones legales, operativas y de seguridad exigidas para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial.

Según informó la entidad, la investigación permitió identificar una serie de incumplimientos que, a juicio de la Superintendencia, evidenciaron fallas en aspectos fundamentales para la operación del servicio y para la protección de los usuarios que se movilizan en vehículos destinados al transporte especial.

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De acuerdo con el expediente adelantado por la Superintendencia de Transporte, uno de los principales hallazgos estuvo relacionado con la ausencia de mecanismos de comunicación entre la empresa y los conductores encargados de operar los vehículos vinculados a la prestación del servicio.

La entidad también encontró que la empresa no contaba con una estructura tecnológica destinada al seguimiento y control de las operaciones, ni con personal claramente designado para ejercer funciones de supervisión y monitoreo sobre la actividad transportadora.

Las conclusiones de la investigación señalan además que algunos conductores no se encontraban afiliados en su totalidad al Sistema General de Seguridad Social Integral, situación que constituye una obligación para quienes desarrollan actividades relacionadas con la prestación del servicio público de transporte.

Otro de los aspectos observados por los investigadores estuvo relacionado con los procesos de capacitación dirigidos al personal operativo. Según la autoridad de transporte, los programas implementados por la empresa presentaban deficiencias frente a los requisitos exigidos por la normativa vigente.

A ello se sumaron observaciones sobre la documentación contractual utilizada para la vinculación de vehículos destinados a la operación del servicio especial de transporte, así como irregularidades detectadas en los procedimientos aplicados para formalizar dichas vinculaciones.

La asesora del despacho de la Superintendencia de Transporte, Tatiana Rueda Ibarra, explicó que la investigación permitió establecer la existencia de diversos incumplimientos que tenían incidencia directa en las condiciones bajo las cuales se prestaba el servicio.

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Según indicó la funcionaria, durante la actuación administrativa se identificaron falencias relacionadas con la comunicación entre la empresa y sus conductores, la inexistencia de mecanismos tecnológicos para el control de la operación, la falta de personal destinado a labores de supervisión, problemas asociados a la afiliación al sistema de seguridad social y deficiencias en los programas de formación del talento humano.

La funcionaria agregó que también fueron identificadas inconsistencias en los contratos relacionados con la vinculación de los vehículos utilizados para la prestación del servicio.

Tras evaluar las pruebas recopiladas, la Superintendencia concluyó que la empresa incumplió obligaciones previstas en la legislación que regula el transporte terrestre automotor especial, motivo por el cual decidió imponer una sanción económica superior a los $4.000.000.000 millones.

La entidad señaló que la decisión se fundamenta en las disposiciones contenidas en la Ley 336 de 1996 y en otras normas que regulan la actividad transportadora en Colombia.

Al referirse a la decisión, el superintendente delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, Alberto Daza, manifestó que la medida busca fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las empresas habilitadas para operar servicios de transporte.

El funcionario señaló que la sanción supera los $4.215 millones y sostuvo que este tipo de decisiones tienen como propósito promover el respeto por los requisitos establecidos para la prestación del servicio, así como contribuir a la protección de la vida e integridad de los usuarios.

La Superintendencia reiteró que continuará desarrollando actividades de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional con el fin de verificar el cumplimiento de las normas que regulan el sector transportador.

El accidente ocurrió cuando estudiantes regresaban de una excursión
La investigación tuvo origen en el accidente registrado durante la madrugada del 14 de diciembre de 2025 en el sector conocido como El Chispero, ubicado sobre la carretera que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, en el nordeste de Antioquia.

En el vehículo se movilizaban estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello que retornaban de un viaje realizado a los municipios costeros de Tolú y Coveñas.

De acuerdo con los informes oficiales divulgados tras la emergencia, en el automotor viajaban 37 personas. Por circunstancias que fueron objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, el vehículo abandonó la vía y cayó a un abismo.

La magnitud del accidente obligó a desplegar un operativo de rescate en una zona caracterizada por las dificultades de acceso, lo que exigió la participación de organismos de socorro, autoridades locales y personal de atención de emergencias.

El balance final dejó 17 personas fallecidas, entre ellas 16 estudiantes de grado undécimo y el conductor del vehículo. Otras 20 personas sufrieron lesiones y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

Luego de conocerse el accidente, tanto la Alcaldía de Bello como directivas del Liceo Antioqueño informaron públicamente que la excursión no había sido organizada por la institución educativa.

Las autoridades locales señalaron que el viaje fue promovido directamente por los estudiantes y sus familias, quienes adelantaron de manera independiente las gestiones relacionadas con la actividad recreativa.

La tragedia generó manifestaciones de solidaridad en distintas regiones del país y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad que deben cumplir las empresas habilitadas para prestar servicios de transporte especial, especialmente cuando los pasajeros corresponden a grupos estudiantiles.

Tras dar a conocer la sanción, la Superintendencia de Transporte reiteró que mantendrá sus acciones de vigilancia sobre las empresas que operan en el sector, con el propósito de verificar el cumplimiento permanente de las obligaciones legales y reglamentarias.

La entidad sostuvo que la observancia de la normativa vigente constituye un elemento fundamental para garantizar que los servicios de transporte especial se desarrollen dentro de los parámetros establecidos por la ley y bajo condiciones que permitan proteger la seguridad de los usuarios en todo el territorio nacional.

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