Revelan archivos secretos que vinculan a un general y un agente de inteligencia con alias Calarcá y disidencias de Farc

En las últimas horas Noticias Caracol divulgó una investigación que ha estremecido la esfera política y de seguridad de Colombia: decenas de archivos secretos incautados a la disidencia al mando de alias Calarcá.

Estos revelarían vínculos directos entre esa organización armada y altos funcionarios del Estado, entre ellos un general del Ejército y un funcionario clave de inteligencia. Información, según el reporte, que la fiscal Luz Adriana Camargo conoce pero no ha hecho nada.

Estos documentos —que incluyen chats, correos electrónicos, cartas, fotografías y reportes estratégicos— fueron analizados durante casi un año por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol a cargo del periodista Ricardo Calderón.

En esos materiales, alias Calarcá y sus colaboradores afirman que sostuvieron reuniones en Bogotá con el general Juan Miguel Huertas, quien en las misivas aparece como un asesor paralelo del Ministerio de Defensa, del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Según una misiva del 8 de febrero de 2024, el general propuso montar una empresa de seguridad legal con participación igualitaria (“mitad y mitad”): los disidentes pondrían los hombres y las armas, mientras él gestionaría los permisos para armas, vehículos blindados y operatividad legal.

Además de esa propuesta, los documentos describen un pacto de no agresión, ofrecimientos para facilitar la movilidad de los disidentes (incluso para sortear retenes), así como el acceso a información estratégicamente sensible.

Según los archivos, el general Huertas habría garantizado que su presencia en los traslados disuadiría inspecciones, pues su autoridad daría “cobertura” para los movimientos.

Junto al general aparece implicado Wilmer Mejía, funcionario de alto rango en la Dirección Nacional de Inteligencia, a quien las disidencias apodan “El Chulo”.

Los documentos sugieren que Mejía habría servido como nexo para coordinar rutas, frecuencias de radio y contactos para proteger a los disidentes frente a operativos del Estado.

Según testimonios recogidos, Mejía también habría influido en ascensos y traslados dentro de la inteligencia nacional, consolidando una red interna de poder favorable que permitiría filtraciones y maniobras a favor de la disidencia.

La investigación periodística señala que la veracidad de estos documentos fue corroborada con fuentes al interior de las disidencias: algunos jefes insurgentes confirmaron reuniones y detalles de los acuerdos esbozados.

Hay, además, menciones a la Fiscalía y a la Dijín, con revelaciones sobre inteligencia cruzada: órdenes de batalla, ubicación de operativos, datos de informantes y advertencias sobre la vigilancia de disidentes por parte de agentes estatales.

En uno de los registros, un disidente afirma que recibieron frecuencias de radio y datos de senadores, lo que les permitió anticiparse a capturas: “nos avisaron” de varias operaciones.

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Otro dato llamativo es la presencia de un empresario chino identificado como Xi Xin Xang. Según las comunicaciones filtradas, habría estado involucrado en adquisiciones de armamento, montaje de talleres y proyectos de minería ilegal, financiando parte de las operaciones de las disidencias.

La gravedad de la situación ha generado reacciones políticas inmediatas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una investigación exhaustiva, aseguró que colaborará plenamente con la Fiscalía y enfatizó que “ningún acto de ilegalidad será tolerado” dentro de las Fuerzas Armadas o los organismos de inteligencia.

Por su parte, el precandidato presidencial David Luna sostuvo que, si se confirma lo revelado, el presidente Gustavo Petro debería renunciar, por lo que considera que hay una traición institucional al Estado.

Desde la oposición parlamentaria se han elevado voces exigiendo rendición de cuentas, acciones legales contundentes y una auditoría profunda a las estructuras militares e inteligencia.

El escándalo ha reavivado además el debate sobre la política de “Paz Total”, cuestionada por permitir posibles infiltraciones criminales en el aparato estatal.

Por otro lado, existe preocupación sobre la paralización aparente de la acción judicial: según la investigación de Noticias Caracol, aunque los dispositivos con la evidencia se encuentran en poder de la Fiscalía, hasta el momento no se reportan acciones concretas para procesarlos o hacer públicos los avances.

Algunos analistas advierten que la falta de transparencia podría debilitar la legitimidad institucional y aumentar la percepción de impunidad.

Las revelaciones también han reavivado el temor de que las disidencias se fortalezcan bajo una cobertura semilegal: la creación de una empresa de seguridad podría otorgarles un disfraz de legalidad para operar, recibir recursos y controlar territorio, lo que podría traducirse en mayor poder político y militar.

El reportaje ha generado En redes sociales y entre sectores ciudadanos, indignación, desconcierto y desconfianza hacia las instituciones.

Se multiplican las exigencias para que se aclare si hubo traición institucional, corrupción a gran escala o una estrategia deliberada de cooptación de la fuerza pública.

Otros, sin embargo, llaman a la cautela: advierten que estas filtraciones requieren verificación, contexto y garantías de proceso debido, antes de llegar a conclusiones definitivas.

El caso se perfila como un momento crítico para Colombia: si las acusaciones son validadas, no solo se pondría en jaque la credibilidad de altos mandos militares e inteligencia, sino también la narrativa oficial sobre la paz y la lucha contra el crimen.

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