Quién es Rocío San Miguel, la activista de derechos humanos liberada tras la caída de Nicolás Maduro

El régimen venezolano hizo pública la liberación de un grupo de prisioneros considerados políticos por organizaciones de derechos humanos.

Entre las personas puestas en libertad este jueves 8 de enero se encuentra Rocío Del Carmen San Miguel Sosa, abogada de profesión, activista y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano.

Su excarcelación ocurre en un contexto de cambios políticos después de la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos, informó el gobierno encargado de Venezuela.

San Miguel nació en Caracas el 6 de mayo de 1966. Es reconocida por su trabajo en temas vinculados a la seguridad nacional, la defensa y el control civil sobre las fuerzas armadas, áreas en las que se ha desempeñado como investigadora, asesora y docente.

Le recomendamos leer (Quiénes son los presos políticos en Venezuela: nombres clave entre las más de 860 liberaciones anunciadas)

Desde hace años dirigía la organización Control Ciudadano, una asociación enfocada en vigilar el cumplimiento de compromisos internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos y seguridad, incluyendo las obligaciones frente a el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La trayectoria de San Miguel en el sector público comenzó en 2000, cuando ingresó al Ministerio de Infraestructura de Venezuela.

Con el paso de los años se involucró en asuntos de seguridad y defensa, incorporándose a espacios de formulación y supervisión de políticas sobre las fuerzas armadas y la seguridad estatal.

Su salida del Ministerio de Infraestructura fue interpretada por sectores de la sociedad civil como motivada por diferencias políticas, un hecho que la orientó hacia una labor más crítica y fiscalizadora.

Control Ciudadano, la ONG que encabezó San Miguel, se dedicó a documentar acciones del Estado venezolano en materia de seguridad y defensa, así como a examinar la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el respeto de garantías internacionales.

La organización consolidó vínculos con mecanismos internacionales de derechos humanos y solicitó en varias ocasiones supervisión y medidas de protección para defensores de derechos civiles ante organismos como la CIDH.

El 9 de febrero de 2024, San Miguel fue detenida por funcionarios de los servicios de seguridad del Estado al llegar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cerca de Caracas.

En la misma operación fueron arrestados varios de sus familiares, incluidos su hija, dos hermanos, su padre y su exesposo.

Le va a interesar (El Helicoide: historia y secretos de la cárcel de presos políticos en Venezuela)

Por varios días se ignoró el paradero de la activista, lo que generó denuncias de desaparición forzada por parte de organizaciones internacionales que exigieron información sobre su situación.

Posteriormente se confirmó que estaba recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocida como El Helicoide, centro que diversas entidades han señalado como espacio de detención con falta de garantías procesales y presuntas violaciones a derechos humanos.

La Fiscalía General de Venezuela, bajo la dirección de Tarek William Saab, imputó a San Miguel cargos que incluyeron presuntos delitos de traición a la patria, terrorismo y conspiración en el marco de una investigación sobre un supuesto complot denominado “Brazalete Blanco”.

En comunicación oficial, las autoridades vinculaban su caso con acontecimientos clasificados como conspirativos contra altos funcionarios del Estado. Tanto la defensa de la activista como organizaciones de derechos humanos calificaron dichas imputaciones como infundadas y denunciaron violaciones al debido proceso.

Otras noticias