Retenes ilegales y bloqueos afectan movilidad en el sur del Atlántico y Magdalena

En las últimas horas se registraron dos jornadas de bloqueo en el sur del departamento del Atlántico, que derivaron en denuncias por la aparición de retenes informales, donde grupos de personas exigían dinero a los conductores para permitir el tránsito.

Las protestas se desarrollaron en puntos distintos del departamento y coincidieron con afectaciones al orden público, especialmente en sectores de alta circulación vial.

La primera manifestación se concentró desde tempranas horas en el peaje de Sabanagrande, donde los protestantes pidieron la eliminación del cobro tarifario.

Horas más tarde, una segunda concentración interrumpió el tránsito en la vía del corregimiento Bohórquez, perteneciente al municipio de Campo de la Cruz.

Este último punto generó una fuerte congestión vehicular, al tratarse de una de las vías principales que conectan al sur del Atlántico con municipios del Magdalena y zonas cercanas al río.

Habitantes del sector y usuarios frecuentes de las vías denunciaron que las protestas no estarían motivadas por demandas sociales genuinas, sino que algunos individuos estarían utilizando las alteraciones del tránsito para establecer retenes ilegales en los que solicitaban pagos a los conductores.

Estas prácticas, según los denunciantes, se estarían consolidando como una forma recurrente de coacción en momentos de contingencia o fallas en servicios públicos.

Cristian Lozano, personero del municipio de Concordia y quien transita con regularidad por la zona, afirmó que detrás de los bloqueos estarían personas ajenas a las comunidades locales, cuya intención principal sería extorsionar a quienes circulan por las carreteras.

Según sus declaraciones, estos individuos han llegado incluso a apropiarse de pertenencias de los pasajeros y conductores en algunos casos. Lozano mencionó que el argumento de la protesta reciente fue la falta de agua en la zona, aunque cuestionó que se trate de una movilización espontánea.

En su lugar, señaló que este tipo de acciones son frecuentemente promovidas por grupos organizados que aprovechan cualquier dificultad en el suministro eléctrico o de agua potable para obstaculizar las vías y cobrar dinero por permitir el paso.

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Durante un recorrido realizado por un equipo periodístico en la vía hacia Candelaria, se observó la presencia de varios retenes improvisados, en paralelo a la protesta en Bohórquez.

En un tramo de menos de un kilómetro, se identificaron al menos tres puntos de obstrucción, todos operados por grupos de jóvenes que colocaban ramas sobre la carretera.

A cada conductor le solicitaban dinero para continuar su trayecto, en efectivo, sin justificación ni control por parte de autoridades locales.

Este tipo de situaciones no solo se han registrado en el Atlántico. En el departamento del Magdalena, especialmente en las inmediaciones del puente Pumarejo, también se han presentado bloqueos similares.

William Rafael Jiménez Vargas, vendedor ambulante de 72 años, relató que desde hace más de veinte años debe cruzar el puente para abastecer su negocio y que en múltiples ocasiones ha tenido que entregar dinero a personas que cierran el paso de manera arbitraria.

Jiménez afirmó que los bloqueos se intensifican al llegar al corregimiento de Palermo, donde los grupos que realizan estas actividades ilegales exigen pagos que oscilan entre cinco mil y diez mil pesos colombianos por permitir el paso.

Expresó que estas exigencias afectan significativamente su sustento, pues cualquier monto que se le reste a sus ingresos diarios complica su situación económica.

También advirtió que, con el paso del tiempo, estas prácticas se han vuelto más frecuentes y no se limitan a protestas masivas, sino que aparecen como obstáculos sistemáticos para quienes deben movilizarse en la zona.

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