Préstamos gota a gota en Boyacá: Modus operandi de la red que amenazó e hizo cobros violentos desde 2022

Durante cuatro años, comerciantes, conductores de servicio público y habitantes de tres municipios de Boyacá acudieron a préstamos informales para resolver necesidades económicas.

El dinero, entregado en cantidades que oscilaban entre uno y tres millones de pesos, terminó convirtiéndose, según las denuncias recogidas por la Fiscalía General de la Nación, en una obligación acompañada de intereses superiores a los permitidos por la ley, amenazas y episodios de violencia contra quienes se retrasaban en los pagos.

Detrás de estas operaciones estaría una organización conocida como ‘Los Cobra’, cuyos presuntos integrantes fueron identificados y capturados en una investigación adelantada por la Seccional Boyacá de la Fiscalía, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.

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El resultado de las diligencias fue anunciado este domingo. Seis hombres quedaron vinculados a un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y usura. Ninguno aceptó los cargos formulados por el ente acusador y todos deberán cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia.

La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una presunta estructura que ofrecía dinero a personas con necesidades económicas, establecía cuotas de pago y desplegaba mecanismos de cobro en diferentes sectores de Tunja, Samacá y Duitama.

El punto de partida fueron las denuncias de ocho víctimas que, desde 2022, habían recibido préstamos de dinero bajo las modalidades conocidas como ‘gota a gota’ y ‘paga diario’. Los desembolsos, de acuerdo con la documentación recopilada por los investigadores, iban desde un millón hasta tres millones de pesos.

Las condiciones financieras de estos créditos incluían intereses que superaban los límites legales. Sin embargo, las irregularidades denunciadas no se limitaban al costo del dinero. Cuando los deudores incumplían las cuotas acordadas, presuntamente comenzaban las amenazas, los malos tratos y los daños contra sus pertenencias.

Los testimonios de las víctimas permitieron a los investigadores relacionar los préstamos con las actuaciones de un grupo de personas que, según la Fiscalía, cumplían funciones diferenciadas dentro de la operación.

La organización habría distribuido entre sus integrantes los horarios y las zonas de trabajo. Unos se encargaban de ofrecer los créditos, otros adelantaban los cobros y también se realizaban acuerdos de refinanciación de las obligaciones pendientes.

El funcionamiento descrito por el ente investigador revela que las actividades no se concentraban en una sola localidad. Los presuntos responsables operaban en tres municipios de Boyacá y mantenían rutas de recaudo para recoger los pagos de quienes habían recibido los préstamos.

La investigación también se concentró en establecer qué ocurría con los recursos obtenidos mediante estas operaciones. El seguimiento permitió identificar movimientos bancarios y adquisiciones de bienes muebles e inmuebles que, de acuerdo con la Fiscalía, estarían relacionados con incrementos patrimoniales injustificados superiores a 240 millones de pesos.

Esta cifra constituye uno de los principales hallazgos económicos del expediente. Los investigadores buscan establecer el origen de esos recursos y su posible relación con las actividades ilícitas atribuidas a los procesados.

Los elementos recopilados llevaron a identificar a seis presuntos integrantes de la organización: John Maicol Beltrán Bernal, Luis Miguel Garcés Guerra, Yefer Hernán Bernal Reyes, Juan Diego Ospina Bernal, Rómulo Antonio Garcés Parra y Víctor Hugo Pedraza Báez.

La Fiscalía sostiene que estas personas habrían participado en distintas etapas de la actividad investigada, desde la oferta de préstamos hasta el recaudo y la refinanciación de las deudas. No obstante, el comunicado oficial no individualiza las funciones específicas que presuntamente desempeñaba cada uno de los capturados.

Durante los procedimientos de captura, los funcionarios del CTI y los uniformados de la Policía Nacional encontraron elementos que permitieron ampliar la documentación sobre las operaciones financieras investigadas.

Entre los objetos incautados figuraban tarjetas utilizadas para controlar los pagos, cuadernos con registros contables, documentos relacionados con rutas de recaudo, tarjetas SIM, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

También fueron incautadas motocicletas y vehículos que, según las autoridades, podrían guardar relación con las actividades atribuidas a la organización.
Los registros contables y las tarjetas de cobro forman parte del material recopilado por los investigadores para reconstruir las operaciones crediticias, los pagos recibidos y las obligaciones económicas de los deudores.

El expediente contiene, además, información sobre las rutas que presuntamente utilizaban los cobradores para desplazarse entre los sectores donde se encontraban las personas que habían recibido los préstamos.

Los vehículos y motocicletas identificados en diferentes regiones del país quedaron a disposición de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía, encargada de establecer si tienen relación con las conductas investigadas.

La actuación sobre estos bienes constituye una línea adicional del proceso, distinta de la responsabilidad penal que deberá determinarse respecto de los seis capturados.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Tunja y publicada por Caracol Radio el 8 de octubre, las autoridades también adelantaron una operación contra el patrimonio presuntamente relacionado con ‘Los Cobra’.

El coronel Alfonso Burbano González, comandante de esa institución, informó que se materializaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre bienes avaluados en más de 2.000 millones de pesos.

La actuación comprendió siete inmuebles ubicados en Boyacá y Antioquia, 22 productos financieros, tres vehículos y seis motocicletas. Las medidas buscaban afectar los recursos económicos presuntamente vinculados con las actividades investigadas.

El oficial explicó que las acciones patrimoniales se sumaban a las capturas de los seis hombres señalados de integrar la organización. Según la información suministrada, el propósito de las autoridades era impedir que los recursos asociados con las conductas investigadas continuaran siendo utilizados para financiar actividades delictivas.

Los más de 2.000 millones de pesos corresponden al avalúo de los bienes afectados por las medidas cautelares, mientras que los 240 millones de pesos señalados en el comunicado de la Fiscalía representan el incremento patrimonial injustificado detectado durante la investigación. Se trata de cifras correspondientes a conceptos diferentes.

El expediente también contiene casos concretos que permiten dimensionar las condiciones económicas de los préstamos.

Según información divulgada sobre las actuaciones de la Fiscalía, en enero de 2025 una de las víctimas recibió un millón de pesos y, por un periodo de cinco semanas, le cobraron 250.000 pesos de intereses.

Para ese mismo periodo, el máximo legal calculado en el caso era de 21.601 pesos. El cobro exigido superaba más de once veces ese valor.

Otro episodio documentado ocurrió en septiembre de 2025, cuando una persona recibió un préstamo de 800.000 pesos. Según la información judicial conocida, los intereses cobrados superaron trece veces la tasa máxima de usura permitida.

Estos dos casos forman parte de los hechos investigados y permiten establecer la magnitud de los intereses que presuntamente exigían los responsables de las operaciones.

Las autoridades también identificaron mecanismos de intercambio de información sobre los deudores y el uso de productos financieros y billeteras digitales para recibir y movilizar recursos relacionados con los préstamos.

La documentación de estas operaciones permitió a los investigadores relacionar los cobros con movimientos de dinero y con el patrimonio atribuido a los presuntos integrantes de la organización.

En Colombia, la usura está contemplada en el artículo 305 del Código Penal y se configura cuando se recibe o cobra, directa o indirectamente, una utilidad o ventaja que excede los límites legales establecidos para determinadas operaciones de crédito.

La investigación contra ‘Los Cobra’ no se limita a la posible comisión de ese delito. La Fiscalía también formuló imputaciones por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual de los procesados.

La modalidad de préstamos conocida como ‘gota a gota’ ha sido objeto de estudios y debates legislativos debido a sus efectos sobre comerciantes, trabajadores independientes y personas que recurren a fuentes informales de financiación.

Una investigación de la Universidad Central, citada en documentos publicados por el Congreso de la República, identificó a Boyacá entre los departamentos con presencia de esta modalidad de crédito.

El mismo documento recogió cifras de la Encuesta de Micronegocios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), según las cuales la participación del ‘gota a gota’ como fuente de financiación de los micronegocios pasó del 13,9 % en 2019 al 24,4 % en 2021.

Durante ese periodo, la participación de las instituciones financieras reguladas como fuente de crédito disminuyó del 72,2 % al 52,8 %. Estas cifras corresponden a un contexto nacional anterior a la investigación contra ‘Los Cobra’ y no constituyen una medición actual del fenómeno en Boyacá.

En el caso de Tunja, Samacá y Duitama, las denuncias permitieron identificar una presunta organización que combinaba la entrega de préstamos informales con el cobro de intereses superiores a los autorizados y métodos de presión contra quienes incumplían los pagos.

Las ocho víctimas documentadas por la Fiscalía constituyen el grupo de personas cuyos casos fueron asociados a la investigación.

Después de recopilar los testimonios, examinar las operaciones financieras y adelantar las diligencias de captura, la Fiscalía presentó a los seis hombres ante la justicia.

Durante las audiencias correspondientes, los procesados no aceptaron los cargos. La autoridad judicial dispuso que permanecieran privados de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanza el proceso penal.

Por ahora, el caso deja ocho denuncias documentadas, seis personas judicializadas, registros de préstamos con intereses presuntamente ilegales y una investigación patrimonial que comprende recursos financieros, inmuebles y vehículos.

Cuatro años después de los primeros hechos registrados por la Fiscalía, las denuncias de comerciantes, conductores y otros habitantes de Boyacá desembocaron en la desarticulación de la presunta estructura conocida como ‘Los Cobra’.

La investigación continúa en el escenario judicial, donde deberán establecerse las responsabilidades individuales de los procesados y la relación de los bienes afectados con las actividades que dieron origen al expediente.

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