Líder indígena Lorenzo Muelas denuncia irregularidades en la entrega de tierras

El exsenador y reconocido líder indígena del pueblo Misak (guambiano), Lorenzo Muelas Hurtado, denunció públicamente presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras en el departamento del Cauca y solicitó al Gobierno Nacional revisar y revertir las entregas que, según afirmó, se realizaron con base en "títulos ficticios" en favor de otras comunidades indígenas.

Muelas sostuvo que parte de los predios que históricamente pertenecen al pueblo Misak habrían sido entregados a resguardos de otras comunidades mediante procesos que, a su juicio, carecen de sustento jurídico suficiente. Según explicó, estas decisiones desconocerían los derechos territoriales de los guambianos y afectarían la propiedad colectiva que han ejercido durante décadas sobre esos terrenos.

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En sus declaraciones, el dirigente indígena manifestó que las adjudicaciones habrían obedecido a intereses políticos y electorales más que a criterios técnicos o jurídicos relacionados con la restitución y formalización de tierras. En ese contexto, señaló directamente a la dirigente indígena y excandidata vicepresidencial Aida Quilcué, al considerar que habría tenido influencia en dichas decisiones, aunque hasta el momento ella no se ha pronunciado públicamente sobre esos señalamientos.

El líder Misak hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que revisen de manera integral los expedientes que dieron origen a esas adjudicaciones. Solicitó que, si se comprueba la existencia de irregularidades o de títulos sin soporte legal, se adopten las medidas necesarias para revertir las entregas y garantizar el respeto por la propiedad colectiva de los territorios ancestrales.

La controversia se produce en medio de la política de reforma agraria impulsada por el Gobierno Nacional, mediante la cual la Agencia Nacional de Tierras ha acelerado procesos de adquisición, formalización y entrega de predios a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, distintos sectores han advertido que la definición de los derechos sobre algunos territorios exige estudios históricos, antropológicos y jurídicos para evitar conflictos entre pueblos indígenas con reclamaciones superpuestas.

Lorenzo Muelas es una de las figuras más representativas del movimiento indígena colombiano. Integrante del pueblo Misak del resguardo de Guambía, en Silvia (Cauca), fue uno de los protagonistas del proceso que condujo al reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Política de 1991. Ese mismo año fue elegido senador de la República, convirtiéndose en uno de los primeros representantes indígenas en ocupar un escaño en el Congreso.

El pueblo Misak, conocido tradicionalmente como guambiano, habita principalmente en el oriente del Cauca y mantiene una organización social basada en los resguardos indígenas, reconocidos como territorios colectivos protegidos por la Constitución. La defensa del territorio constituye uno de los pilares de su identidad cultural, por lo que cualquier modificación en los linderos o en la titularidad de sus tierras suele generar controversias que requieren la intervención de las autoridades competentes.

La exministra de Agricultura Cecilia López ha sostenido que uno de los principales problemas de la reforma agraria no radica únicamente en el número de hectáreas anunciadas por el Gobierno, sino en la seguridad jurídica de los predios entregados. En recientes entrevistas y pronunciamientos públicos afirmó que miles de campesinos habrían recibido tierras sin contar todavía con títulos de propiedad debidamente registrados en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), situación que, según ella, los deja expuestos a futuros litigios o reclamaciones. López ha insistido en que únicamente la titulación formal garantiza que los beneficiarios no puedan ser despojados posteriormente de los predios adjudicados y ha pedido que el próximo gobierno verifique las cifras reales de la reforma agraria y acelere la formalización de la propiedad rural.

La exfuncionaria también ha cuestionado la metodología utilizada por el Gobierno para presentar los resultados de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según su interpretación, existe una diferencia entre las hectáreas "gestionadas", las entregadas provisionalmente y aquellas que cuentan con inscripción registral definitiva. En el debate público con la actual ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, López afirmó que solo una parte de las hectáreas anunciadas tendría respaldo registral pleno, por lo que considera equivocado presentar todas las actuaciones administrativas como entregas definitivas. Desde el Ministerio de Agricultura y la ANT se ha respondido que las adjudicaciones mediante actos administrativos tienen plena validez jurídica y que los procesos de registro hacen parte de una etapa posterior dentro del desarrollo de la reforma agraria.

Por su parte, el economista y columnista Aurelio Suárez ha mantenido una posición crítica frente a la gestión de la Agencia Nacional de Tierras desde 2024. En diferentes columnas e investigaciones ha advertido presuntas irregularidades en procesos de compra de predios, señalando posibles sobrecostos, adquisición de tierras inundables o improductivas, especulación con los precios, eventuales conflictos de interés y deficiencias en los procedimientos de selección de predios. Asimismo, ha cuestionado la brecha entre el volumen de tierras compradas y el ritmo efectivo de adjudicación a campesinos, sosteniendo que la acumulación de predios por parte de la ANT no necesariamente se ha traducido en una redistribución eficiente y oportuna de la tierra, razones por las cuales ha pedido mayores controles institucionales y una revisión exhaustiva de los procesos de la reforma agraria.

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