Iglesia Vida Abundante se aferra a bien del narcotráfico pese a deuda de $2.200 millones por arriendo a la SAE

La disputa jurídica entre la Iglesia Vida Abundante y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) escaló en Barranquilla tras la impugnación presentada por la congregación contra la orden de desalojo del antiguo complejo Tito’s Bolos, un inmueble que permanece bajo administración estatal luego de haber sido confiscado en un proceso de extinción de dominio por sus vínculos con el narcotráfico.

El conflicto, que ya completa varias semanas de enfrentamientos judiciales y administrativos, gira alrededor de una deuda por arrendamiento que, según la SAE, supera los $2.227 millones acumulados entre 2020 y abril de 2026, así como sobre la legalidad de la permanencia de la iglesia en el predio ubicado en el sector Altos del Limón, en el norte de Barranquilla.

La congregación cristiana rechaza la orden de restitución y sostiene que la entidad estatal carece de competencia para ejecutar un desalojo sin autorización judicial.

Además, afirma haber invertido aproximadamente $2.500 millones en adecuaciones, mantenimiento, vigilancia y recuperación del inmueble durante casi tres décadas de ocupación.

Un predio emblemático bajo disputa

El inmueble conocido como Tito’s Bolos fue durante años uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Barranquilla. Allí funcionaron la bolera Tito’s Bolos Club y establecimientos comerciales como La Moñona, antes de que el complejo pasara a manos del Estado tras la extinción de dominio adelantada contra el clan Nasser Arana.

La propiedad, de más de 4.500 metros cuadrados y ubicada en una zona de alta valorización, actualmente integra el portafolio de bienes administrados por la SAE y fue incluida recientemente en un proceso de subasta electrónica con un valor base cercano a los $14.000 millones.

Según la versión oficial de la SAE, la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia, encargada de administrar la Iglesia Vida Abundante, permaneció ocupando el predio pese a que los contratos de arrendamiento terminaron el 10 de noviembre de 2025.

La entidad asegura que, además del incumplimiento económico, hubo una ampliación irregular de la ocupación del inmueble.

La directora de Seguimiento y Control de Liquidaciones de la SAE, Constanza Jiménez, afirmó que la congregación pasó de utilizar dos locales autorizados a ocupar cuatro espacios sin contrato vigente ni autorización formal.

La funcionaria defendió la actuación administrativa y aseguró que la entidad sí tiene facultades legales para recuperar el bien.

“Ante la falta de pago del canon de arrendamiento, tenemos toda la facultad de terminar el contrato unilateralmente”, sostuvo Jiménez en declaraciones recogidas por distintos medios nacionales.

La SAE argumenta que la recuperación del inmueble busca evitar un detrimento patrimonial y reincorporar el predio a la economía formal mediante su comercialización.

La entidad también indicó que las sumas adeudadas hacen parte de recursos destinados al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).

Del otro lado, la Iglesia Vida Abundante sostiene que la situación contractual no está definida judicialmente y cuestiona la legalidad de la actuación administrativa adelantada por la SAE.

Fernando Rodríguez Bernier, abogado de la fundación religiosa, afirmó que ninguna autoridad judicial ha decretado la terminación definitiva de los contratos de arrendamiento y aseguró que la entidad estatal pretende asumir competencias reservadas a los jueces.

“Es un juez quien debe emitir esa orden”, señaló el jurista, quien además anunció denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por las actuaciones adelantadas dentro del proceso.

La defensa insiste en que durante años la congregación asumió gastos de mantenimiento y recuperación que, según su versión, nunca fueron atendidos por el Estado.

También sostiene que parte de la mora se originó durante la pandemia de covid-19, cuando las actividades religiosas y comerciales permanecieron suspendidas.

La iglesia asegura que ha operado en el lugar desde 1997, inicialmente mediante contratos de arrendamiento por un millón de pesos mensuales, y que posteriormente amplió sus actividades dentro del complejo.

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Rodríguez sostiene que las inversiones realizadas deberían ser consideradas dentro de cualquier liquidación económica y plantea que eventualmente podrían compensarse frente a las sumas reclamadas por la SAE.

Tutelas y suspensión provisional

La controversia llegó incluso a la jurisdicción constitucional. A finales de abril, el Juzgado Octavo de Familia Oral de Barranquilla admitió una acción de tutela interpuesta por una integrante de la congregación y ordenó como medida provisional suspender temporalmente cualquier actuación dirigida a la restitución física del inmueble mientras se estudia el caso.

La decisión judicial frenó provisionalmente el desalojo, aunque la SAE mantuvo en firme el proceso de subasta del predio.

La defensa de la iglesia interpretó la medida cautelar como una señal de que existen posibles vulneraciones a derechos fundamentales dentro del procedimiento administrativo.

“Esto demuestra que la judicatura está estudiando la situación y que pueden estar ocurriendo hechos que vulneren derechos constitucionales”, manifestó Fernando Rodríguez Bernier.

Sin embargo, desde la SAE se reiteró que la comercialización del inmueble seguirá adelante y que cualquier eventual negociación futura deberá realizarse con el comprador que resulte adjudicatario del predio.

La controversia también alcanzó escenarios políticos. La Presidencia del Senado trasladó solicitudes de revisión institucional sobre el caso a entidades como la SAE, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y organismos de control.

El proceso quedó bajo observación por parte de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, en medio de cuestionamientos sobre el manejo administrativo del inmueble y las actuaciones adelantadas durante los últimos años.

Contraloría advirtió posibles deficiencias en la supervisión contractual y retrasos en las actuaciones judiciales para recuperar el bien, situación que habría permitido el crecimiento de la cartera vencida.

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