IGAC permite ajustar incrementos del avalúo catastral en 2026: claves de la nueva resolución

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) expidió la Resolución 0384 del 9 de abril de 2026, mediante la cual introduce modificaciones al marco técnico que regula el ajuste de los avalúos catastrales en el país.

La norma faculta a los directores territoriales para ajustar los porcentajes de incremento, con el propósito de garantizar coherencia técnica en la actualización de la base catastral.

La resolución adiciona un parágrafo a disposiciones vigentes, en un contexto marcado por la implementación de metodologías masivas de actualización y por la necesidad de corregir rezagos en la información predial.

Según el documento, el ajuste deberá responder a criterios técnicos que aseguren la adecuada incorporación de los valores en el sistema catastral, elemento clave para la planeación territorial y la gestión fiscal.

Esta decisión se produce en medio de la aplicación del reajuste general de avalúos definido por el Gobierno nacional para la vigencia 2026.

De acuerdo con el Decreto 1480 de 2025 y las directrices del Departamento Nacional de Planeación, los avalúos catastrales de predios urbanos y rurales que no fueron actualizados durante 2025 se incrementaron en un 3 %, porcentaje alineado con la meta de inflación establecida por el Banco de la República.

El ajuste busca mantener la correspondencia entre los valores catastrales y las condiciones económicas del país, evitando distorsiones en la base gravable del impuesto predial.

La normativa vigente establece que estos incrementos no pueden superar la meta de inflación anual, lo que constituye un límite legal para proteger la estabilidad tributaria.

No obstante, el IGAC ha reiterado que el avalúo catastral no equivale directamente al impuesto predial. Este último depende de las tarifas fijadas por los concejos municipales y de los topes establecidos por la ley, entre ellos los previstos en la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019.

En ese marco, la resolución expedida introduce un elemento de flexibilidad operativa al permitir ajustes territoriales diferenciados. Esto resulta relevante en zonas donde los procesos de actualización catastral presentan heterogeneidades, ya sea por diferencias en el desarrollo urbano, dinámicas del mercado inmobiliario o rezagos en la información disponible.

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El país avanza desde hace varios años en la implementación del catastro multipropósito, una política pública orientada a mejorar la calidad de la información predial, fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad y optimizar la capacidad fiscal de los municipios.

Este proceso implica la actualización progresiva de millones de predios, muchos de los cuales no habían sido revisados durante largos periodos.
En términos fiscales, el avalúo catastral constituye la base sobre la cual se liquida el impuesto predial, una de las principales fuentes de ingresos de las entidades territoriales.

Estudios del sector señalan que este tributo puede representar una proporción significativa de los ingresos municipales, lo que explica la importancia de mantener actualizada y técnicamente consistente la información catastral.

Bloqueos y manifestaciones en distintas

regiones del país, originadas por el aumento del impuesto predial tras la actualización de los avalúos catastrales. Las protestas, lideradas principalmente por campesinos, propietarios rurales y algunos sectores productivos, se han extendido desde el 9 de abril de 2026 y han generado interrupciones en corredores estratégicos, afectando la movilidad y la actividad económica.

Los puntos más críticos se concentran en departamentos como Santander, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Cesar, donde los manifestantes han bloqueado vías principales como mecanismo de presión para exigir la revisión de los nuevos cobros.

En algunos casos, las protestas han impedido el acceso a infraestructuras clave, como el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, y han provocado pérdidas económicas significativas en sectores productivos y de transporte.

El detonante del descontento ha sido el incremento considerado desproporcionado en el impuesto predial. Según reportes de distintas regiones, los avalúos catastrales han generado aumentos que van desde el 300 % hasta cifras cercanas al 1.000 % o incluso superiores en algunos predios rurales, lo que ha impactado de manera directa la capacidad de pago de los contribuyentes

Organizaciones campesinas han denunciado que estos ajustes no reflejan la realidad económica del sector rural, lo que ha intensificado las movilizaciones.

La situación ha escalado hasta configurar un paro con bloqueos prolongados en varias zonas del país. En Santander, uno de los epicentros de la protesta, las manifestaciones han mantenido incomunicados algunos municipios durante varios días consecutivos, con afectaciones al transporte de bienes y pasajeros.

A nivel nacional, autoridades han confirmado cierres en al menos 14 vías principales, lo que evidencia la magnitud del fenómeno.

El trasfondo del conflicto se relaciona con la política de actualización catastral impulsada por el Estado para reducir el rezago histórico en la información predial y fortalecer el recaudo de los municipios.

Sin embargo, su implementación ha generado controversia por el impacto inmediato en la carga tributaria de los propietarios, especialmente en zonas rurales donde los incrementos han sido más pronunciados

En medio de este escenario, el Gobierno nacional ha sostenido que la actualización busca corregir inequidades y mejorar la base fiscal, mientras que ha señalado a las administraciones locales como responsables de definir las tarifas del impuesto.

Paralelamente, entidades como el Departamento Nacional de Planeación han advertido que los ciudadanos pueden exigir la revisión de cobros que superen los límites legales, recordando que el impuesto predial no debe incrementarse por encima de ciertos topes establecidos por la ley.

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